viernes, 27 de febrero de 2015

Acoso policial contra migrantes con papeles en Oviedo

Denuncian tácticas de acoso policial contra migrantes con papeles

Un grupo de agentes detiene a un senegalés en un piso compartido de Oviedo en el que ya se habían realizado otras redadas

El avión fletado con Air Europa para deportar migrantes en situación irregular ya ha salido de España, pero la policía continúa realizando redadas en pisos compartidos en los que residen ciudadanos extranjeros. La última tuvo lugar la noche del miércoles. Un grupo de agentes esperó en el portal de un piso compartido de Oviedo, en el que ya habían entrado varias veces a que llegasen sus vecinos y después golpeó la puerta y les increpó. La actuación se saldó con la detención de un ciudadano senegalés que se encuentra en situación regular en España, con todos los permisos en regla, según han precisado activistas de la Ruta contra'l racismu y la represión .

Concentración contra una nueva detención de un migrante en Oviedo

Este colectivo ha denunciado que se trata de una táctica de acoso, de vendeta y de represión. Precisan que, de los cuatro detenidos en los últimos días en Asturias, todos quedaron en libertad gracias al trabajo de los abogados y ninguno pudo ser deportado.

Para protestar contra esta última detención ya se han registrado dos concentraciones. Una espontánea, la misma noche del miércoles, ante la comisaría de la Policía Nacional. La segunda la convocó la Ruta contra'l racismu y la represión a primera hora de la mañana, frente a los juzgado. Alrededor de 70 personas, que portaban pancartas, exigieron el fin de las redadas y las deportaciones. Esperan que el senegalés detenido pase a disposición judicial a lo largo del día, para así conocer los delitos que se le imputan, reclamar su puesta en libertad y comenzar a trabajar en su defensa.

No es la primera vez que se producen hecho similares. Eduardo Romero, coautor del libro Paremos los vuelos y activista de Cambalache y de la campaña estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) señala que, en los días previos a un vuelo de deportación, la presión policial sobre la población migrante en Asturias aumenta de forma exponencial. 

26/02/2015

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La policía aumenta las redadas de migrantes para llenar los vuelos de deportación

El procedimiento es siempre muy similar. Los días previos al vuelo la policía incrementa las redadas a migrantes para llenar los aviones. Aquí, en Asturias, pese a la escasa población extranjera en situación irregular, el celo de las fuerzas de seguridad es alto. El vuelo Madrid-Dakar-Lagos, con salida el 25 de febrero, ha generado una vez más un aumento de la presión sobre los migrantes.

Al menos cuatro personas, que se conozca, han sido detenidas en los últimos días en Asturias para conseguir completar el vuelo a Senegal y Nigeria. En todos los casos, la policía ha ido directamente a buscarlas a sus casas y, en todos ellos también, han tenido que ser puestos en libertad. Pero no siempre corren la misma suerte.

Una quinta persona, un senegalés, fue detenida a última hora del miércoles. Su arresto terminó con una concentración en señal de protesta. Las imágenes de la movilización acompañan esta noticia. 

Eduardo Romero, coautor del libro Paremos los vuelos y activista de Cambalache y de la campaña estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), conoce a fondo la forma de proceder de la policía. Romero señala que, en los días previos a un vuelo de deportación, la presión policial sobre la población migrante en Asturias aumenta de forma significativa.

Concentración tras la detención de un senegalés.
El objetivo es llenar los vuelos a cualquier precio. Y es que el negocio de las deportaciones es jugoso. Air Europa y Swiss Air se embolsarán 24 millones de euros del Estado en dos años (2013 y 2014) tras haber sido las únicas compañías que optaron al concurso. El nuevo concurso, que se resolverá en breve, le saldrá al Gobierno central algo más barato: 12 millones de euros para 2015 y 2016.

En libertad y acosado

La forma de proceder de la policía los días previos a los vuelos es muy similar. Redadas en las calles para pedir documentación, sobre todo, en zonas cercanas a las estaciones de autobuses. Búsquedas directas en las casas, que se han incrementado desde septiembre de 2013. O detenciones en extranjería tras haber sido llamados para resolver trámites administrativos... Uno de los detenidos en Oviedo estos días, puesto en libertad por la jueza, fue acosado de nuevo por los agentes en su domicilio.
La Ruta contra'l racismo y la represión ha comprobado que la policía extrema el celo una semana antes de los vuelos y todavía más en las 72 horas previas para evitar, así, que los migrantes tengan que pasar a disposición judicial. Las redadas se incrementan también los viernes para tratar de pillar a contrapié a los abogados de la ruta. 
Los datos facilitados por Eduardo Romero, que se incluyen en una respuesta parlamentaria del Gobierno de España, revelan que en 2013 se realizaron en todo el país 13.986 deportaciones. 6.462 se produjeron directamente desde el calabozo, 4.726 desde los CIES y 2.798 desde prisiones. Los datos de Asturias están mucho menos claros. Romero, que cita un informe de la Defensora del Pueblo, señala que 349 migrantes acabaron en los calabozos en 2013 por no tener papeles. No todos ellos, sin embargo, son deportados.

Esposados y desnudos

Los que corren peor suerte son trasladados al CIE de Aluche antes de acabar en el aeropuerto de Barajas. La Ruta contra el racismo ha denunciado que los migrantes son conducidos con esposas o grilletes, obligados en ocasiones a desnudarse íntegramente e incluso sedados si se niegan a subir al avión. 

Durante 2013, último año del que se conocen los datos, se registraron 148 vuelos de deportación. Colombia, Ecuador, República Dominicana, Nigeria, Senegal, Malí, Georgia, Pakistán y Marruecos son los principales destinos. Los vuelos no siempre se llenan. De hecho, Romero señala que en algunos casos referidos a Colombia o Ecuador se han registrado 91 deportados frente a 145 escoltas. El coautor de Paremos los vuelos añade que, tras haber tenido ocasión de hablar con pilotos y auxiliares, han constatado que los agentes al cargo llevan maletines con dinero para pagar mordidas y evitar problemas en países como Nigeria.

La Ruta contra el racismo trata de no generar alarmismo entre los migrantes pero les advierte de que tomen precauciones cada vez que se aproxima un vuelo. "Hay gente que se queda en casa y gente que se la juega", comenta Romero. "Nosotros les recordamos que tienen derecho a no abrir la puerta y que no están obligados a presentarse en extranjería sin les llaman", añade. La mayoría de los deportados residen en Madrid, Valencia, Andalucía, Cataluña y Ceuta y Melilla. "En Asturias, el celo policial resulta desproporcionado", concluye Romero. 

26/2/2015


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Denuncian la «caza» de inmigrantes




Miembros de la Ruta contra el racismo se concentraron el miércoles ante la sede de la Policía Nacional y ayer en el Juzgado para denunciar la «caza» de inmigrantes, detenidos «para llenar los aviones que los deportan».

27/02/2015

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Noticia en rtve (Panorama regional, 26/2/2015, min. 16' 15''  ): 

jueves, 12 de febrero de 2015

14 Febrero: Pasacalles contra las redadas racistas

Pasacalles contra el Racismo y la Xenofobia.
Sábado 14 de febrero, a las 12 hrs. 
Desde plaza del Humedal.


El pasado 14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva licitación del contrato relativo a los vuelos de deportación de migrantes. El título escogido fue sumamente eufemístico: "Servicios de transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde éstos a otros países". Tras estas asépticas palabras, que bien podrían corresponder a viajes de placer financiados por el Estado, trata de pasar desapercibido un gasto público y un negocio de casi 12 millones de euros -11.985.600 exáctamente- para la realización de vuelos exclusivamente dedicados a la deportación forzosa de miles de personas.

Para llevarlos a cabo se pone en funcionamiento una amplia maquinaria policial destinada a capturar a migrantes mediante criterios "raciales" y a escoltarles a través de dispositivos en los que se ejerce una sistemática y planificada violencia.

Esta violencia está respaldada por un Protocolo para las deportaciones que permite a los cuerpos policiales una actuación tan impune que el propio Ministerio del Interior, autor de este documento en la época de Rubalcaba, se vio en la necesidad de recordar en el mismo que los escoltas no deben poner en riesgo las constantes vitales de los deportados. Quizás el documento incluía estas palabras porque cuarenta días antes Osamuyi Aikpitanyi había muerto asfixiado en el avión después de que sus escoltas le amordazaran.

Tanto el contrato anterior como el que ahora se licita incluyen, además de los vuelos directamente organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, aquellos coordinados por España bajo el paraguas de la Agencia de la UE para el control de las fronteras, FRONTEX. La licitación permite competir por el contrato a empresas de la Unión Europea y también facilita a las empresas la posibilidad de concurrir de forma coordinada a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Air Europa y Swift Air concurrieron de este modo para llevarse el contrato anterior, mediante el que han realizado aproximadamente -no hay datos oficiales- unos 300 vuelos de deportación desde marzo de 2013 hasta el presente, los cuales han podido alcanzar una facturación de unos 24 millones de euros.

Hasta el momento, Swift Air se dedica en exclusiva a los vuelos internos (ya que se incluyen también traslados entre Centros de Internamiento de Extranjeros) y a los vuelos a Marruecos, mientras que Air Europa fleta los grandes vuelos a América Latina, África Subsahariana, Europa del Este y Asia. A Marruecos hay varios vuelos semanales; el próximo conocido fletado por Air Europa será a Nigeria (quizás con alguna otra escala africana) el 5 de febrero, por lo que la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE tiene activada una alerta contra las redadas policiales racistas dirigidas a personas de nacionalidad nigeriana.
En la nueva convocatoria, llama la atención el importante incremento de la cuantía por hora de vuelo respecto al contrato adjudicado hace dos años. Así, por ejemplo, el precio por hora de vuelo (sin IVA) para aviones de más de 200 plazas sube de 20.000 a 22.000 euros, un generoso incremento del 10%. En el caso de los aviones de 121 a 200 plazas, la hora sube de 15.000 a 17.000 euros (13,33% de incremento).

Para los aviones más pequeños, de 120 plazas o menos, antes había un único precio -8.500 euros la hora. En la licitación de este año se diferencia entre aviones de menos de 75 plazas, con un precio por hora de 9.000 euros; y aeronaves de 76 a 120 plazas -10.500 euros-, es decir, un aumento en este último caso del 23,52%.


En el año 2013, el grupo empresarial Globalia, del que forma parte Air Europa, no sólo logró el contrato de las deportaciones, sino también un suculento contrato de 30 millones de euros con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, estas cifras son migajas si las comparamos con el contrato que Halcón Viajes, del mismo grupo Globalia, acaba de obtener: más de 200 millones de euros para gestionar los desplazamientos y reservas hoteleras de la Administración pública española durante los próximos tres años.

Efectivamente, Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, y Abel Matutes, exministro del gobierno Aznar y dueño de una porción del conglomerado empresarial, no dejan de recibir buenas noticias -y grandes plusvalías- del Gobierno español.

La Mesa de Contratación que decidirá sobre este macabro concurso estará presidida por el Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior. Una vez resuelto, la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras realizará al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar, indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas.

El Ministerio del Interior exige a las empresas que compitan por este contrato una cláusula de confidencialidad expresada en los siguientes términos: "Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar (…), serán previa y adecuadamente instruidos (…) en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto del mismo, como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo."

Por lo visto, los mandos políticos y policiales planificadores de estos vuelos son conscientes de su carácter escandaloso y atroz, y por tanto se preocupan de garantizar que los mismos se realicen sin luz ni taquígrafos.

Por eso hay una sala especial en Barajas para conducir a quienes van a ser deportadas. Por eso los aviones despegan desde lugares alejados de las terminales. No conviene que haya gente que pueda ver cacheos en el aeropuerto mediante desnudos integrales, decenas de personas esposadas, escoltas policiales que doblan en número a las personas deportadas, palizas camino del avión, inyecciones con sedantes para aplacar a quien se resista.

Por eso, a veces, las palizas, las amenazas y las humillaciones se realizan antes, en salas habilitadas en los CIE para tratar de garantizar la sumisión y el miedo de quienes van a ser trasladadas al aeropuerto.


La empresa que gane el concurso deberá expedir una factura por cada uno de los vuelos que realiza, que desglosará los miles de euros vinculados a las horas de vuelo, las características del avión, etc., junto a una lista de nombres y apellidos de todas las personas deportadas, su nacionalidad y el aeropuerto de destino. Obscenos documentos administrativos que, como los propios documentos de la licitación, son el rastro que la burocracia estatal deja para la Historia, las evidencias de que, aquí y ahora, el Estado español y la UE cazaron, internaron, listaron y expulsaron a miles de personas.
La Ruta Asturiana contra el Racismo.. se opone y condena estas prácticas y expresará su rechazo el sábado 14 desde las 12 hrs.

jueves, 5 de febrero de 2015

FIESTA SOLIDARIA 6 FEBRERO CON NUESTRXS VECINXS MIGRANTES


El Gobierno investigará las presuntas agresiones a dos internos del CIE de Zapadores

Uno de los internos muestra la herida autoinfligida en el pecho
  •  El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha insistido en que son "los primeros interesados" en aclarar estos sucesos
  • Serafín Castellano ha recalcado que todas las denuncias de este tipo presentadas sobre actuaciones en el CIE han sido archivadas

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha confirmado este miércoles que se abrirá una investigación interna sobre las denuncias de agresiones de dos internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia que la Policía "niega" que se hayan producido.
Al respecto, ha señalado, tras una rueda de prensa para informar de las tasas de criminalidad de 2014, que ante este tipo de denuncias, además de la investigación judicial, se abre siempre una investigación interna porque "somos los primeros interesados" en aclararlo. No obstante, que ha recalcado que todas las denuncias de este tipo presentadas sobre actuaciones de agentes del CIE han sido archivadas.
En ese sentido, ha querido "romper una lanza" en favor de la "profesionalidad" de la Policía Nacional y "el gran respeto" hacia los derechos de las personas con el que actúan y al respecto ha señalado que le han informado de que "en ningún momento" los agentes "ha realizado las acciones" por las que han sido denunciados.
De hecho, ha insistido en que de la "totalidad de decenas de denuncias que se han hecho hasta la fecha al CIE de Valencia todas han sido archivadas por parte de la autoridad judicial".

Castellano ha apuntado que es "legítimo" manifestar una postura en contra de los CIEs, pero ha recalcado que "no se debe confundir la política de querer cerrar" estos centros con su funcionamiento, y ha añadido que la Policía Nacional y la delegación de Gobierno "somos los primeros interesados cuando hay algún tipo de denuncia en esclarecerla y en garantizar al 100 por cien los derechos de los internos".

lunes, 2 de febrero de 2015

STOP AL MALTRATO INSTITUCIONAL EN LA OFICINA DE EXTRANJERÍA

Sus derechos son nuestros derechos. 
No al maltrato institucional 


Un día como hoy, en 2011, un grupo de personas que formamos parte de la  Ruta Contra'l Racismu y la Represión nos acercábamos a las oficinas de extranjería para documentar y denunciar el trato y calidad del servicio que reciben las personas que acuden a la Oficina de Extranjería de Oviedo. Cuatro años más tarde, lamentablemente, la escena vuelve a repetirse. Desde que en Noviembre de 2013 se producía un cambio en la dirección de dicha oficina, con la entrada de Carmen Bartolomé Blanco, se ha venido haciendo una mala aplicación e interpretación del Reglamento de Extranjería, que si ya de por sí vulnera los derechos de las personas migrantes, lo hace de una forma más contundente cuando pasa a convertirse en un maltrato institucional sistemático. 

Éste es el motivo por el que de nuevo nos encontramos aquí: denunciar y señalar el trato que se sigue dando a nuestrxs vecinxs migrantes.

Desde el cambio en la dirección en la Oficina de Extranjería, hemos observado cómo el procedimiento de resolución de expedientes se alarga innecesariamente, haciendo con ello, entre otras cosas, que lxs empleadorxs desistan de las ofertas de empleo que han ofrecido a las personas que están solicitando el permiso de residencia y trabajo. Estamos viendo como una solicitud de permiso de residencia por arraigo está tardando más de 8 meses en resolverse, una reagrupación familiar cerca de 1 año… Estas esperas son inaceptables y no se deben a un exceso de volumen de trabajo, sino a una directriz en el funcionamiento de la Oficina.

Pero no son los únicos impedimentos. Para realizar venta ambulante se pide una capacitación profesional, documento no contemplado por el Reglamento y además, inexistente. Y también se exigen licencias municipales, cuando a dichas licencias sólo puede optarse en los ayuntamientos cuando la persona ya tiene permiso de residencia.

También se están valorando negativamente los informes de arraigo positivos emitidos por los Servicios Sociales de los respectivos ayuntamientos, contradiciendo la valoración del trabajador/a social, que es la única persona profesional validada para hacer dichos informes.

Otra traba que está poniendo la Oficina de Extranjería a las personas migrantes, cuando ya tienen residencia temporal y van a renovar esta autorización, es exigirles que aporten documentación no prevista en el Reglamento, como facturas, poniendo en duda si están al corriente en el pago de impuestos y otros.

Y así podríamos seguir enumerando un largo etcétera de situaciones de vulneración de los derechos de las personas migrantes que, en su mala praxis, se están promoviendo desde la Oficina de Extranjería de Oviedo:
    
- Negar a lxs migrantes que llevan viviendo en el Estado español incluso hasta 10 años la acreditación de su estancia continuada en el país, cuando han aportado todos los documentos que se les piden y en los que se acredita dicha estancia.

- Denegar la autorización de residencia a una persona utilizando como motivo el no haber participado en cursos, cuando la situación de irregularidad administrativa en la que se encuentra la persona no le permite acceder a cursos de organismos públicos; en esta situación sólo puede acceder a formaciones muy concretas y en determinadas ONG's.

- No admitir documentación emitida por organismos públicos extranjeros (correctamente legalizada por el consulado correspondiente) alegando defectos inexistentes, lo que somete a la persona interesada a un estrés injustificado, obligándole a ir de una Administración a otra, sin que vea lograda su intención de aportar la documentación al expediente. Además, en este y otros trámites, cuando la persona va a presentar la documentación se encuentra con que el/la funcionaria correspondiente no quiere recoger la documentación y darle registro de entrada. Incumpliendo con su obligación de tramitar los asuntos, tal y como establece la ley.

Las personas migrantes, como sujetos de derecho que son al igual que el resto de personas, tienen derecho a un trato de calidad y no un trato prejuicioso y racista. Las malas caras, el trato en base a prejuicios y los desmanes sin  motivo de algunas de las personas trabajadoras de dicha Oficina, constituyen un trato denigrante, sancionable y denunciable públicamente. Sin olvidarnos de que el mal funcionamiento de un servicio no debe servir de excusa para justificar el retraso en la tramitación de los diferentes documentos, ya que si tales fallos existen está en manos de la Oficina de Extranjería solventarlos, y no servirse de ellos para privar a las personas de sus derechos. 

Porque recibir un trato de respeto y calidad es algo exigible por todas las personas; porque ver resueltas tus solicitudes en el tiempo y forma que dicha Ley contempla, es un derecho que no puede cuestionarse. 

Sus derechos son nuestros derechos. No al maltrato institucional en la Oficina de Extranjería.

Ruta Contra’l Racismu y la Represión


domingo, 1 de febrero de 2015

La planificación estatal del racismo

  • El Gobierno español licita, por 12 millones de euros, los vuelos de deportación para los años 2015 y 2016
  • La Campaña por el Cierre de los CIE alerta de redadas contra inmigrantes de nacionalidad nigeriana para llenar un avión que saldrá el 5 de febrero
Sale de Melilla un primer grupo de inmigrantes hacia centros de la península
El pasado 14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva licitación del contrato relativo a los vuelos de deportación de migrantes. El título escogido fue sumamente eufemístico: “Servicios de transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde éstos a otros países”. Tras estas asépticas palabras, que bien podrían corresponder a viajes de placer financiados por el Estado, trata de pasar desapercibido un gasto público y un negocio de casi 12 millones de euros –11.985.600 exactamente– para la realización de vuelos exclusivamente dedicados a la deportación forzosa de miles de personas.
Para llevarlos a cabo se pone en funcionamiento una amplia maquinaria policial destinada a capturar a migrantes mediante criterios “raciales” y a escoltarles a través de dispositivos en los que se ejerce una sistemática y planificada violencia.
Esta violencia está respaldada por un Protocolo para las deportaciones que permite a los cuerpos policiales una actuación tan impune que el propio Ministerio del Interior, autor de este documento en la época de Rubalcaba, se vio en la necesidad de recordar en el mismo que los escoltas no deben poner en riesgo las constantes vitales de los deportados. Quizás el documento incluía estas palabras porque cuarenta días antes Osamuyi Aikpitanyi había muerto asfixiado en el avión después de que sus escoltas le amordazaran.
Tanto el contrato anterior como el que ahora se licita incluyen, además de los vuelos directamente organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, aquellos coordinados por España bajo el paraguas de la Agencia de la UE para el control de las fronteras, FRONTEX. La licitación permite competir por el contrato a empresas de la Unión Europea y también facilita a las empresas la posibilidad de concurrir de forma coordinada a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE).
Air Europa y Swift Air concurrieron de este modo para llevarse el contrato anterior, mediante el que han realizado aproximadamente –no hay datos oficiales– unos 300 vuelos de deportación desde marzo de 2013 hasta el presente, los cuales han podido alcanzar una facturación de unos 24 millones de euros.
Hasta el momento, Swift Air se dedica en exclusiva a los vuelos internos (ya que se incluyen también traslados entre Centros de Internamiento de Extranjeros) y a los vuelos a Marruecos, mientras que Air Europa fleta los grandes vuelos a América Latina, África Subsahariana, Europa del Este y Asia. A Marruecos hay varios vuelos semanales; el próximo conocido fletado por Air Europa será a Nigeria (quizás con alguna otra escala africana) el 5 de febrero, por lo que la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE tiene activada una alerta contra las redadas policiales racistas dirigidas a personas de nacionalidad nigeriana.
Las empresas que se presenten al nuevo concurso tienen hasta el 23 de febrero para presentar sus propuestas; el 12 de marzo se abrirán los sobres y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior tendrá un máximo de dos meses para resolver, aunque probablemente no lo agote, pues el 1 de mayo está previsto el inicio de la ejecución del contrato. Hace dos años, la UTE de Air Europa y Swift Air obtuvo el contrato sin rebajar un euro los precios que servían de punto de partida para competir por el mismo.
No consta que se presentaran otras empresas. En la nueva convocatoria, llama la atención el importante incremento de la cuantía por hora de vuelo respecto al contrato adjudicado hace dos años. Así, por ejemplo, el precio por hora de vuelo (sin IVA) para aviones de más de 200 plazas sube de 20.000 a 22.000 euros, un generoso incremento del 10%. En el caso de los aviones de 121 a 200 plazas, la hora sube de 15.000 a 17.000 euros (13,33% de incremento).
Para los aviones más pequeños, de 120 plazas o menos, antes había un único precio –8.500 euros la hora. En la licitación de este año se diferencia entre aviones de menos de 75 plazas, con un precio por hora de 9.000 euros; y aeronaves de 76 a 120 plazas –10.500 euros–, es decir, un aumento en este último caso del 23,52%. No sería de extrañar que Swift Air y Air Europa vuelvan a “competir” en solitario por este contrato y que este aumento de los precios sea una forma de regalarles plusvalías aún más jugosas.
En el año 2013, el grupo empresarial Globalia, del que forma parte Air Europa, no sólo logró el contrato de las deportaciones, sino también un suculento contrato de 30 millones de euros con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, estas cifras son migajas si las comparamos con el contrato que Halcón Viajes, del mismo grupo Globalia, acaba de obtener: más de 200 millones de euros para gestionar los desplazamientos y reservas hoteleras de la Administración pública española durante los próximos tres años.
Efectivamente, Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, y Abel Matutes, exministro del gobierno Aznar y dueño de una porción del conglomerado empresarial, no dejan de recibir buenas noticias –y grandes plusvalías– del Gobierno español.
La Mesa de Contratación que decidirá sobre este macabro concurso estará presidida por el Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior. Una vez resuelto, la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras realizará al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar, indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas.
El Ministerio del Interior exige a las empresas que compitan por este contrato una cláusula de confidencialidad expresada en los siguientes términos: “Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar (…), serán previa y adecuadamente instruidos (…) en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto del mismo, como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo.”
Por lo visto, los mandos políticos y policiales planificadores de estos vuelos son conscientes de su carácter escandaloso y atroz, y por tanto se preocupan de garantizar que los mismos se realicen sin luz ni taquígrafos.
Por eso hay una sala especial en Barajas para conducir a quienes van a ser deportadas. Por eso los aviones despegan desde lugares alejados de las terminales. No conviene que haya gente que pueda ver cacheos en el aeropuerto mediante desnudos integrales, decenas de personas esposadas, escoltas policiales que doblan en número a las personas deportadas, palizas camino del avión, inyecciones con sedantes para aplacar a quien se resista. Por eso, a veces, las palizas, las amenazas y las humillaciones se realizan antes, en salas habilitadas en los CIE para tratar de garantizar la sumisión y el miedo de quienes van a ser trasladadas al aeropuerto.
La empresa que gane el concurso deberá expedir una factura por cada uno de los vuelos que realiza, que desglosará los miles de euros vinculados a las horas de vuelo, las características del avión, etc., junto a una lista de nombres y apellidos de todas las personas deportadas, su nacionalidad y el aeropuerto de destino. Obscenos documentos administrativos que, como los propios documentos de la licitación, son el rastro que la burocracia estatal deja para la Historia, las evidencias de que, aquí y ahora, el Estado español y la UE cazaron, internaron, listaron y expulsaron a miles de personas.
¿Recogerá la Historia el relato de la lucha social que puso fin a estos vuelos?

Eduardo Romero - Campaña por el Cierre de los CIE