jueves, 14 de septiembre de 2017

||ALERTA|| Vuelo deportación COLOMBIA 27/09/2017

Confirmamos que el miércoles día 27 de septiembre habrá un vuelo de deportación con destino Colombia. Aunque las redadas serán a lo largo y ancho de todo el Estado, el vuelo saldrá de Madrid.
Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña a las compañías que realizan los vuelos (hasta hace poco Air Europa y desde hace unos meses Air Nostrum, Orbest y Evelop), desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel (más abajo) para realizar pegatinas para el metro, paradas…
*Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto -y no como una herramienta de miedo- es importante que si difundes esta información dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no se siga propagando después del vuelo en cuestión. Toda la información actualizada en este blog y en Twitter en @Stopdeportacion y a través de los hastags #AlertaVuelo y #StopDeportación.
Visto en: https://stopdeportacion.wordpress.com/

sábado, 9 de septiembre de 2017

MUERTE Y EXPLOTACIÓN EN LA EMPRESA CUBO EXPRESS

El próximo lunes 11 de septiembre, a las 9h de la mañana, nos concentraremos en los juzgados de Llamaquique para apoyar a los trabajadores migrantes de la empresa Cubo Express. Sus patrones se sientan en el banquillo por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de falsedad documental.


El 25 de agosto de 2007 Mandaw Diagne, por causas que nunca han sido esclarecidas, se golpeó la cabeza al caer del camión de la empresa para la que trabajaba. Tras cuatrocientos cincuenta y siete días en coma, Mandaw falleció.
La solidaridad de la diáspora senegalesa no se hizo esperar. Enseguida comenzó la recaudación de dinero para repatriar el cuerpo de Mandaw. El deseo de su primo Serigne Diouf, vendedor ambulante en Oviedo, de su mujer Mbathio y de toda su familia era enterrarle en la ciudad de Touba, en Senegal. Sin embargo, los trámites para repatriar el cadáver se convirtieron en un laberinto, ya que tanto en el hospital como en el tanatorio la identidad del fallecido que constaba en los papeles era Steven O., nacido en Ghana.
Nadie se responsabilizó del accidente mortal. La inspectora de trabajo dijo en su informe que el accidente se produjo por un “posible” desmayo del trabajador. A continuación, archivó el caso. Un trabajador con larga experiencia en la recogida de basura nos decía con sarcasmo que todas las caídas de los camiones son mareos. Lo cierto es que la empresa Cubo Express, que estaba obligada a dar parte del accidente en las primeras veinticuatro horas, tardó 45 días en hacerlo. Y afirmó que no hubo testigos. Si los hubo o no, el caso es que ninguna investigación hizo por dar con ellos.

Lo que sí se reveló a partir del accidente: los dueños de la empresa Cubo Express suministraban identidades falsas a los trabajadores sin papeles, mayoría en su plantilla. Según la fiscalía, los empresarios abusaban de la situación irregular de los trabajadores para imponerles condiciones de trabajo muy gravosas, no abonándoles la totalidad de las horas de trabajo efectivamente realizadas, sin derecho a vacaciones, sin asegurar contingencias profesionales, sin existir un reconocimiento médico de aptitud, no facilitándoles los medios necesarios para realizar el trabajo con seguridad, sin formación en prevención en riesgos laborales, etc.
Los testimonios de los trabajadores de tratos humillantes darían para un largo informe. La reflexión sobre las condiciones penosas y estresantes de quienes recogen nuestras basuras, también.

Esta es una convocatoria para acompañar a los trabajadores explotados por Cubo Express en el juicio. Y para denunciar que la política de extranjería somete a millones de mujeres y hombres migrantes al chantaje de tener que trabajar en condiciones infames. Cuidando a personas dependientes. Construyendo casas. En los invernaderos. Talando árboles. En los barcos. En los clubs. En las cocinas de los restaurantes. Saltando del camión y colocando a toda velocidad cubos de basura en nuestros portales. Sí, Cubo Express no es un caso aislado, es un ejemplo de cómo el capitalismo español succiona plusvalías a la población migrante, sometida a jugar ese papel por el hostigamiento policial y administrativo. La política de extranjería como reforma laboral encubierta.
Lo que en verdad es una excepción es que tres explotadores -Francisco Javier García Álvarez, Antonio Fernández Menéndez y Santiago Onega Abeijón- se sienten en el banquillo. Pero no hay razones para celebrarlo: han tenido que pasar diez años desde el accidente de Mandaw, diez años para que se celebre este juicio. En cambio, la política de extranjería sí actuó con celeridad: uno de los trabajadores no podrá asistir al juicio, a pesar de ser un testigo relevante, porque ha sido expulsado a Senegal.

Nos vemos en los juzgados de Llamaquique, el lunes 11 de septiembre a las 9h. de la mañana.

NATIVA O EXTRANJERA, LA MISMA CLASE OBRERA
POR EL FIN DE LAS REDADAS RACISTAS, LOS CIE Y LAS DEPORTACIONES
EN MEMORIA DE MANDAW DIAGNE



sábado, 22 de julio de 2017

Carta a la embajada de Guinea

Aquí podéis descargar la Carta a la embajada de Guinea Conakry en relación a la deportación de más de 100 guineanos y guineanas que serán deportadxs por la fuerza el próximo lunes 24 de julio.
Descárgatela, fírmala y mándala!
#StopDeportación
Visto en:

Ni una deportación más

Manifiesto leído en las acciones sorpresa a sedes de Viajes Barceló en distintos territorios el 21 de julio de 2017.
Lo que sucedió el pasado fin de semana en un avión comercial de Vueling con destino a
Senegal no es una excepción. En ese caso, se encontraron en un mismo espacio pasajeros que volaban por placer y una persona que lo hacía por la fuerza. Este episodio ha de servir para abordar el debate sobre la movilidad humana.
La posibilidad de expulsar forzosamente a alguien de un estado sigue siendo una práctica exclusiva contra aquellas personas que pertenecen a países explotados por la colonización de Occidente. Las relaciones históricas mantenidas entre estos territorios siguen definiendo para quienes está reservado el derecho a la libertad de movimiento.
El lunes 24 de julio sabemos que habrá más expulsiones, esta vez se trata de un macrovuelo de deportación que saldrá de Madrid y realizará una escala en Barcelona antes de dirigirse a Guinea Conakry. Los macrovuelos están organizados por el gobierno estatal para deportarforma colectiva y contra su propia voluntad a decenas de personas extranjeras.
Está previsto que el avión se llene con más de 100 guineanos y guineanas con las que la
Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones ha tenido contacto a lo largo de este último mes; entre los cuales se encuentran los más de 60, internados en el CIE de Zona Franca que, por su parte, ya iniciaron acciones de resistencia contra esta deportación a través de la huelga de hambre llevada a cabo la semana pasada.
En este tipo de vuelos, lo que sucede dentro del avión no es visto por turistas como ocurrió en el vuelo de la compañía Vueling el fin de semana pasado, sino que está solo al alcance de la vista de los policías que escoltan ese traslado forzoso y la tripulación del viaje de la compañía
aerea.
Existen denuncias de casos de tortura e incluso muerte en las deportaciones. La violencia que ejerce el Cuerpo Nacional de Policía en las deportaciones encuentra cobertura en una normativa que ampara la utilización de la fuerza física y la sedación forzosa para garantizar la expulsión en casos de resistencia de las personas deportadas. Tal es la dureza de los métodos que se emplean que el documento recuerda a los agentes que “en ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado”.
El pasado 17 de noviembre el Ministerio de Interior firmó un contrato por valor de 11,8
millones de euros con la unión temporal de empresas (UTE) formada por dos aerolíneas
propiedad de Viajes Barceló (Evelop Airlines y Orbest) juntamente con Air Nostrum, que ha sustituido la licitación que hasta el momento ostentaba Air Europa para ejecutar los
macrovuelos des del Estado español.
La deportación de personas migrantes es posible gracias a la acción de un entramado de
actores que va desde las subdelegaciones de gobierno, pasando por los jueces, los consulados y la policía, que autorizan y ejecutan las órdenes de expulsión, hasta estas corporaciones que ahora denunciamos como colaboradoras necesarias de una práctica que atenta contra la dignidad humana y contribuye a la construcción de una sociedad racista y clasista donde la libertad de movimiento sigue siendo privilegio de unos pocos. Es por esta razón que nos encontramos ahora delante de una de las sedes de Viajes Barceló. Para mostrar nuestro rechazo a las deportaciones y exigir la suspensión del contrato que esta empresa tiene con el Ministerio de Interior. Mientras esto no suceda las diferentes organizaciones convocantes de las acciones de hoy llamamos al boicot activo a Viajes Barceló y Air Nostrum por lucrarse con el traslado forzado que vulnera los derechos más fundamentales de miles de personas deportadas al año.
#BarcelóDeporta
#ViajarEmpiezaConB
Imágenes de las acciones en Valencia, Oviedo y Barcelona.

viernes, 21 de julio de 2017

21 julio - Acción Boicot Barceló e Iberia

En distintas ciudades del Estado español, los colectivos que forman parte de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones han llamado hoy al boicot de Barceló e Iberia, empresas que se lucran con 11,8 millones de euros por fletar los vuelos de deportación.
El próximo lunes, 24 de julio, saldrá de Madrid un nuevo vuelo con destino Guinea Conakry, tras hacer escala en Barcelona donde recogerá a lxs más sesenta guineanxs que se pusieron en huelga de hambre la pasada semana como forma de resistencia contra esta deportación.
La Ruta contra’l racismu se ha sumado a las acciones con un reparto de panfletos y una protesta delante de la oficina de Barceló en Uviéu.
Una vez más exigimos el fin de las deportaciones y pedimos apoyo en la campaña de boicot.
¡Ni deportaciones ni fronteras!







                
Acción de denuncia en Uviéu...



                                      
Barcelona...




...Y Valencia,entre otros territorios que se sumaron a las acciones de boicot a Barceló e Iberia

jueves, 20 de julio de 2017

Contra las deportaciones, boicot a Barceló e Iberia Ruta contra'l racismu

El lunes 24 de julio habrá un nuevo vuelo de deportación, que saldrá de Madrid y realizará una escala en Barcelona antes de dirigirse a Guinea Conakry. Está previsto que el avión se llene con los más de 60 guineanos y guineanas con las que la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones ha tenido contacto a lo largo de este último mes. Las personas ingresadas en el CIE de Zona Franca (Barcelona), por su parte, ya iniciaron acciones de resistencia contra esta deportación a través de la huelga de hambre llevada a cabo la semana pasada.

El pasado 17 de noviembre el Ministerio de Interior firmó un contrato por valor de 11,8 millones de euros con la unión temporal de empresas (UTE) formada por dos aerolíneas propiedad de Viajes Barceló (Evelop Airlines y Orbest) juntamente con Air Nostrum (filial de Iberia), que ha sustituido la licitación que hasta el momento ostentaba Air Europa para ejecutar los vuelos especiales de deportación del Estado español.

Desde la Ruta contra’l racismu y la represión, junto con muchos otros colectivos del resto del Estado, llamamos al boicot activo a Viajes Barceló y Air Nostrum/Iberia por lucrarse con el traslado forzado de miles de personas al año.

Para ello, convocamos a una acción informativa en las calles de nuestra ciudad, el viernes 21 a las 18:30h delante del teatro Campoamor (Uviéu).

Más información en: 
https://stopdeportacion.wordpress.com/https://axendamazucu.org/evento/4430

                               



||ALERTA|| Vuelo de deportación a Guinea Conakry 24/07/2017

Confirmamos que el lunes 24 de julio habrá un vuelo de deportación con destino Guinea Conakry. Aunque las redadas serán a lo largo y ancho de todo el Estado, el vuelo saldrá de Madrid y pasará por Barcelona.
Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña a las compañías que realizan los vuelos (hasta hace poco Air Europa y desde hace unos meses Air Nostrum, Orbest y Evelop), desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel (más abajo) para realizar pegatinas para el metro, paradas…
*Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto -y no como una herramienta de miedo- es importante que si difundes esta información dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no se siga propagando después del vuelo en cuestión. Toda la información actualizada en este blog y en Twitter en @Stopdeportacion y a través de los hastags #AlertaVuelo y #StopDeportación.

lunes, 18 de enero de 2016

Hasta que aplomen

Centro de Menores de Sograndio. Foto/ Mario Rojas.

Castigos desproporcionados y arbitrarios, violencia, rebeliones, intentos de fuga y de suicidio, incendios… el Centro de Internamiento de Menores de Sograndio parece algo peor que una cárcel para niños, según los ingresados, sus familiares, los propios trabajadores y los vigilantes, que responsabilizan al equipo directivo y han llevado sus denuncias al Defensor del Pueblo, que advierte de que no se cumplen buena parte de sus recomendaciones para prevenir la tortura.
*Todos los nombres recogidos en el reportaje son seudónimos por razones de privacidad de los menores y de evitar represalias laborales hacia los trabajadores del centro. La Ruta contra’l racismu pone a disposición de las familias y los jóvenes que han pasado por Sograndio el correo  rutasograndio@nodo50.org para que puedan compartir sus experiencias y crear una red de apoyo
Patricia Simón / Periodista.
Cuando Jesús tenía siete años le robaron la bici. Su padre le pegó una paliza y le mandó de vuelta a la calle a recuperarla. Le dijo que no volviera sin ella porque lo mataba. A los once, le abrió la cabeza a golpes. Su padrastro tuvo que ir a buscarlo de madrugada. Estaba escondido detrás de unos cubos de basura en una carretera rural. A los dieciséis, estaba en el Centro de Menores infractores de Sograndio, el único en la región para adolescentes con condenas, cumpliendo tres meses por robo y estafa, por comprar con billetes falsos.
Al mes, disfrutaba de su primer permiso de salida de fin de semana. Era el premio, según Amelia, su madre, por chivarle información sobre otros internos al director del centro, Manuel Ramos. A los diecisiete, Jesús vuelve a Sograndio, de nuevo, por robo, como el 90% de los internos. Ya no está dispuesto a hacer de topo y a la vuelta de su primera salida de fin de semana le hacen una analítica. Da positivo en Tranquimazín. Él lo niega y pide, junto a su madre, la repetición de la prueba. Según Amelia, a la que su exmarido había machacado a base de palizas hasta el punto de romperle una vez cuatro costillas y provocarle un aplastamiento de la pleura pulmonar, Ramos le amenaza con suprimirle todos los permisos de salida si siguen adelante con su reclamación.
“Le decía que iba a acabar como su padre, yonqui y en Villabona, que cómo le iba a querer su padrastro siendo como era, que le dijera a la loca de su madre que dejara las cosas como estaban”, cuenta. Se echan atrás por temor a las represalias. La sanción impuesta por el ansiolítico es impedirle que pueda continuar con sus estudios en la Fundación Laboral de la Construcción. Su educadora y su profesor le piden al director que le permita seguir formándose ya que era palpable su motivación, además de ser la herramienta más eficaz para su reinserción. La dirección se niega y pasa los tres meses que le quedan de internamiento viendo pasar las horas o encerrado en la habitación de aislamiento.
Rubén pasó 21 días encerrado en una de estas salas. Cama, mesa y silla de hierro. Hasta la inspección del Defensor del Pueblo de España en 2013, que identificó numerosas irregularidades en el funcionamiento del centro, la ventana permanecía siempre abierta, por lo que Rubén se congela por las noches. El agujero en el suelo en el que tienen que hacer sus necesidades despide un olor putrefacto. Rubén había tomado unos tranquilizantes que otro de los internos había guardado de los que recetan en el centro a los menores con problemas mentales. Orphidales, Tranquimazines, Transiliums eran empleados habitualmente hasta hace unos años como una manera de apaciguar a los menores. Drogado, Rubén intenta escapar pero es interceptado. Tras encerrarle, un guardia de seguridad da la voz de alarma. El chaval necesita urgentemente ir al hospital por los efectos de los ansiolíticos. Tras ser atendido intenta escaparse de nuevo y la policía lo derriba, lo esposa y le aplasta la cabeza contra el suelo bajo su rodilla. Le rompen cuatro dientes –visiblemente reconstruidos–. Cuando vuelve al centro le muestra a Ramos el resultado de la agresión. “Pues a aislamiento, para que reflexiones”, dice Rubén que le contestó el director. Con el dolor de los dientes rotos y una infección en las encías pasó 14 días sin más atención médica que los calmantes que le recetó la ATS del centro. Aún pasó una semana más de encierro.
Puesto que el reglamento de la Ley del Menor establece que no pueden pasar más de 7 días aislados, pasado este plazo le sacaban a una estancia cerrada durante media hora para reiniciar el castigo. El Defensor del Pueblo ha llamado la atención en sucesivas ocasiones por el excesivo empleo de la medida de aislamiento en Sograndio, que debe limitarse a “razones terapéuticas y de seguridad (…) siendo proporcional a la infracción cometida y por el período de tiempo más breve posible” según este organismo. En 2013, de los 79 expedientes incoados contra menores por la dirección del centro asturiano, 78 fueron resueltos con encierros en estas llamadas ‘camarillas’.
En junio de 2015, la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (AVISPA) presente una queja ante la Defensoría por la situación “caótica” que vive el centro, denunciando que los internos sufren “castigos desproporcionados y arbitrarios, ordenados por la propia Dirección del Centro en base a criterios personales y no objetivos o pedagógicos”. El organismo vuelve a enviar un equipo de técnicos, que comprueba que la sanción de aislamiento sigue empleándose de manera frecuente y alargándose excesivamente, cuando según esta institución deberían priorizarse castigos alternativos como “la privación de salidas de fines de semana o recreativas”. Sograndio incumple 11 de las 41 recomendaciones del Defensor del Pueblo recogidas en su último informe de prevención de la tortura para los centros de menores.
“Cuando salí de Sograndio para la graduación de mi hermana, tuve que salirme de la celebración porque me ahogaba, no podía estar entre tanta gente. Sentía como si estuviera andando con un vaso encima de la cabeza, que tienes que ir muy despacio para que no se caiga”, nos explica Rubén a la salida del instituto, donde ha retomado sus estudios. Según la resolución 45/113 de la ONU (“Reglas para la protección de los menores privados de libertad”), “estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias (…) que constituyan un trato cruel e inhumano, la reclusión en celda oscura, y las penas de aislamiento o de celda solitaria”.
Todos los testimonios de menores recogidos en este reportaje han sido corroborados con los trabajadores del centro que convivieron con ellos durante los hechos.
Grilletes en la cama
El uso de grilletes solo está autorizado como medida de contención hasta que el menor se calme. Sin embargo, no son infrecuentes casos como el de Rubén, que llegó a quedarse dormido esposado en una silla después de más de seis horas en esa posición. “Por supuesto que los grilletes son, en ocasiones, necesarios, como cuando intentan autolesionarse. Pero no durante tantas horas como a veces se les dejan puestos. Y, además, si nos dejaran a los educadores hablar con ellos podríamos intentar calmarles, pero no nos dejan”, nos cuenta un/a educador/a.
“He visto chavales esposados de manos y pies en una cama y un vigilante pegándoles, porque Manolo les ordena contundencia. Había un chaval que sacó la ESO estudiando solo, porque el director no autorizó que fuera a la escuela. No le soportaba porque si no le ríes las gracias, te cruza. Pese a todo, gracias a nuestra insistencia, terminó accediendo a una plaza en una escuela taller y estaba feliz porque su novia estaba embarazada y pensaba que con esta formación podría sacarle adelante. El mismo día que iba a empezar el curso, Manolo ordenó una analítica. Dio positivo en Tranquimazín. Lo había tomado para dormir porque estaba nervioso con la oportunidad que se le presentaba. Como castigo le retiró los permisos para asistir a la escuela taller. El muchacho lloraba y gritaba: ‘Manolo mátame ya’. Los vigilantes lo llevaron a la cámara de aislamiento y lo ‘engrilletaron’ a la cama. Cuando subo a verle, el director había ordenado a un profesor de talleres que arreglara justo en ese momento una rejilla taladrando en la pared que estaba justo a la  altura de su cabeza”.
Un interno en el interior del centro. Foto / Mario Rojas.
El testimonio es solo uno de los numerosos que hemos recogido de trabajadores del centro, ex presos, familiares de éstos y el portavoz de la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias, Jorge Fernández. Aluden a castigos desproporcionados y arbitrarios, extorsión y chantaje a los menores para que les chive información sobre otros internos o sobre los trabajadores a cambio de privilegios que, según el reglamento de la ley, son derechos fundamentales como las salidas, la formación, la comunicación por teléfono y escrito, así como visitas con sus familiares y amigos. En general, solo autoriza visitas de los progenitores.
Fugas por hartazgo
Alberto protege en su regazo a su cachorro de dos meses. “Son muy listos, cuando estás triste vienen y te lamen”, dice. Tiene 18 años, no conoce a su padre y, como el resto de los jóvenes entrevistados, no niega sus delitos, también consistentes en robos. “Empiezas robando una bici, después un quiosco, te ves con dinero y quieres más. En realidad no necesitas más, pero piensas: ¿por qué no voy a vivir bien todas las semanas?”.
El edificio central de Sograndio está dividido en cuatro plantas, destinadas, respectivamente, a los menores de 16 años, mayores de esta edad y las chicas. La primera, el módulo de separación interno, estaría destinada a los conflictivos, los que cada vez cometen delitos más graves o los que requieren una atención más individualizada a su llegada al centro. Aquí terminó Alberto, pese a la oposición de sus educadores por su buen comportamiento, en un área en la que los 5 menores que suelen estar de media no pueden tener contacto con el resto de los internos y con muchas más barreras para acceder a permisos de salida. Según varias fuentes, en la actualidad el módulo interno aloja cuatro perfiles de muchachos: “conflictivos, reincidentes, fuguistas y desgraciados, es decir, a los que el director tiene enfilados”.
En estos momentos hay un menor que lleva 16 meses encarcelado en esta planta. Entró con 16 años. Tras cuatro meses sin sanciones por mal comportamiento, se le iba a conceder permiso para salir el fin de semana. Durante dos días se ausentó de los talleres por encontrarse mal y la dirección ordenó una analítica, que dio positiva en estupefacientes, por lo que se le retiró el permiso. Varios trabajadores del centro dudan de la veracidad de los resultados. “Es un niño que nunca tenía que haber estado en esa planta porque no es conflictivo, es inquieto y muy inteligente. Pero como no le ríe las gracias a Manolo lo tiene cruzado”, nos dicen. Una expresión empleada habitualmente por Ramos con respecto a los castigos a los adolescentes es: “Hasta que aplomen”, según cuentan.
“Cuando llevaba un mes ahí, viendo siempre a los mismos cuatro chavales, cinco educadores y cinco vigilantes, solo pensaba en que pasaran los días. Estuve seis meses y medio hasta que tuve mi primer permiso de fin de semana. Pero a los 8 meses me fugué porque sabía que la iba a liar dentro, estaba que iba a explotar y no quería joder todo lo bien que me había portado los meses previos”, dice Alberto. Según los educadores entrevistados, el auge de las fugas –este verano había un 25% de los 35 presos fugados– tiene relación directa con la drástica reducción de los permisos de salida impuesta por la dirección. “Según el reglamento, el centro está para enseñarles a vivir en la calle porque es adonde van a volver. Una condena para un menor es equivalente a cuatro veces la que sería para un adulto. Se fugan cada vez más porque están más hartos de la arbitrariedad, porque el personal estamos más hartos, porque tienen a los buenos educadores aislados. Antes había menos fugas porque los chavales se comprometían con los educadores y las medidas. Pero si el ambiente es insano, ¿qué les une al centro?”, explica una de las personas que trabajan en Sograndio. “No es la cárcel, estamos ahí para que nos ayuden, no para que nos jodan más”, nos dice Alberto, que se entregó tras pasar las Navidades junto a su familia.
“A mí me han pegado algunos guardias, no como los policías, pero sí de dejarme marcas. Pero, ¿qué vas a decir? No soy un chivato y, además, lo hacen porque Manolo les obliga y tienen miedo a que les echen”. Los tres ex internos entrevistados denuncian haber sufrido violencia física por parte de algunos vigilantes, algo que confirman trabajadores del centro. Según Jorge Fernández, portavoz de la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (AVISPA), los guardias reciben directrices directas del director en este sentido: “Nos consta que se ha ordenado de forma verbal mano dura contra los chavales. No lo hemos denunciado porque no podemos demostrarlo”. Y añade sobre la denuncia por castigos desproporcionados a los internos que presentaron que “no todos los vigilantes cumplen las órdenes porque, tal como recoge nuestro reglamento, deben ser presentadas por escrito y ajustadas a la legalidad. Pero hay otros que sienten la presión laboral y obedecen (…) El director del centro actúa como un terrateniente, quiere emplear a los guardias como su propio cuerpo paramilitar, pero son profesionales y no van al trabajo a descargar su ira”.
Desde noviembre de 2014, la empresa contratada por el Gobierno del Principado de Asturias para vigilar Sograndio es Alcor, que está siendo investigada por presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social en varias Comunidades Autónomas. El 16 de octubre fueron detenidos para prestar declaración el gerente de la empresa, Carlos Somoza, y la jefa de seguridad de Sograndio, Belén Rodríguez, quien según el informe policial de la Jefatura Superior de Asturias, al que ha tenido acceso ATLÁNTICA XXII, es  “cooperadora necesaria en la comisión de varios delitos”. Una investigación que lleva desarrollándose desde hace más de un año y que ha puesto “en evidencia aspectos muy relevantes de las actuaciones irregulares de esta empresa” en Asturias.
AVISPA ya había interpuesto 16 denuncias contra esta empresa por retrasos en los pagos a los guardias de este centro, el de Miraflores y de la Ciudad Residencial de Perlora, algunos de los organismos cuya vigilancia le adjudicó el Gobierno asturiano. Alcor no está adscrita al convenio nacional de tablas salariales en seguridad. Un vigilante de Sograndio cobra unos 1.100 euros de media, 300 menos que en la mayoría de las otras empresas del sector. El contrato para este centro asciende a 2,8 millones de euros anuales por 35 vigilantes, 5 por turno, uno menos que con la anterior empresa. Solo en lo que llevamos de 2015, se han producido en Sograndio 5 fugas y varios intentos fallidos.
Expulsiones de extranjeros
Pero lo que hizo dar el paso a 19 educadores y dos educadores auxiliares de hacer público un comunicado denunciando una gestión autoritaria y arbitraria del centro fue la detención en septiembre de E.M.D. por parte de una patrulla de la Brigada de Extranjería dentro del propio centro el día en que iba a ser puesto en libertad para proceder a su deportación (ver web de ATLÁNTICA XXII). “El joven y su familia desconocían que esto fuera a suceder. Nos preguntamos si éste es un modo de proceder habitual con las personas que finalizan una medida o pena privativa de libertad”, denunciaban en el escrito. La Policía no tiene acceso a las fechas de salida de los internos por lo que los abogados de E.M.D. entienden que tuvo que ser la dirección de Sograndio la que le informó con antelación para que le detuvieran. Fuera le esperaba su familia, todos con permiso de residencia y trabajo en España, incluida su abuela. E.M.D. llevaba en España desde los 4 años, pero fue deportado a Bogotá, donde no conocía a nadie ya que ni siquiera era la ciudad de origen de su familia.
Los trabajadores del centro explicaban en su comunicado que, cinco días antes de su puesta en libertad, E.M.D. tenía una cita en el Consulado de Colombia para regularizar su situación legal. Sin embargo, el director impidió que acudiera argumentando alto riesgo de fuga. “Desconocemos las razones que motivan esta actuación, pero extraña que se calificara con tan alto nivel de riesgo de fuga esta salida cuando el interno finalizaría su medida cinco días después”, exponían.
Esta situación ya se había dado un año antes, cuando un joven de origen marroquí fue detenido en la sala de visitas del centro el día que recuperaba la libertad para ser deportado en las horas siguientes. Sus educadores se despidieron de él sin saber la suerte que le esperaba.
La situación en Sograndio no ha dejado de empeorar en los últimos meses. A las denuncias públicas de los trabajadores, se han sumado los intentos de fuga, dos incendios provocados por los propios menores en las cámaras de aislamiento –“¿Qué le lleva a una persona a prender fuego en una habitación en la que está encerrado sabiendo que el vigilante que tiene la llave no está cerca?”, espeta un/a educador/a– y un presunto intento de suicido.
En este último caso, el menor, que se encontraba en la sala de aislamiento el mismo día en que fue ingresado, fue obligado por la dirección a ir a un taller media hora después de que, supuestamente, intentara ahorcarse. Vigilantes y educadores/as no entienden por qué no fue atendido por el personal psicológico, en lugar de ser enviado a un espacio con herramientas peligrosas para su integridad. Ante las críticas públicas que suscitó esta decisión, la Consejería de Presidencia, de la que depende Sograndio, manifestó que el centro cuenta con un Protocolo Antisuicidios –un mecanismo que el Defensor del Pueblo ya había pedido que se desarrollara en su informe de 2013– y que se había cumplido estrictamente. ATLÁNTICA XXII ha tenido acceso al Proyecto educativo del centro de Sograndio, donde no aparece recogido ningún protocolo de estas características.
Concentración en septiembre de la Ruta contra'l Racismu por la deportación exprés de un joven que estaba ingresado en Sograndio. Foto / Pablo Lorenzana.
Concentración en septiembre de la Ruta contra’l Racismu por la deportación exprés de un joven que estaba ingresado en Sograndio. Foto / Pablo Lorenzana.
Prefieren Villabona
Manuel Ramos lleva desde 1989 dirigiendo Sograndio en una plaza que es de libre designación por el Gobierno de turno. Han pasado varios y la figura de Manuel Ramos es incuestionable. “No entendemos por qué no se acepta ninguna crítica al modelo de gestión de este centro, ni por qué piensan que todos los trabajadores que firmamos estos comunicados tenemos una animadversión personal contra Ramos, ni por qué no se plantean que quizás tengamos algo de razón”, dice un/a educador/a del centro.
Hasta el año 2000, solo los menores de 16 años cumplían condena en Sograndio. Con la reforma de la Ley del Menor de ese año, se amplió la edad para este tipo de encarcelamientos hasta los 18, que se pueden alargar hasta los 21 en casos excepcionales. Sin embargo, ya ha habido dos jóvenes que solicitaron cumplir el resto de su condena en la prisión de Villabona una vez alcanzaron la mayoría de edad. Según los educadores, la razón es porque piensan que allí las reglas serán claras mientras que en el centro están al albur de las decisiones personales del equipo directivo. Un trabajador del centro advierte de que el problema no se limita exclusivamente al director, sino a las prácticas que ha implantado y que ha asumido y normalizado el equipo de coordinación que trabaja con él desde hace dos décadas. “Hace unos años sí se podía trabajar. Pero lo que era una encomiable dedicación del director terminó convirtiéndose en una obsesión”.
A lo largo de este año ha habido picos en los que dos de los cuatro educadores de la primera planta y el 40% de los vigilantes han estado de baja, una parte significativa de ellos, según dicen desde ambas áreas, por depresión y estrés laboral. Según trabajadores del centro, en las casi tres décadas de existencia de Sograndio se han abierto 6 expedientes contra educadores y auxiliares, cuatro de ellos en los últimos 9 meses. Tres fueron contra personas que se han posicionado públicamente contra la dirección del centro. Han sido archivados.
“El problema de Sograndio es la gestión, muy autoritaria, arbitraria y muy metida en las pequeñas cosas. Se ningunea y hostiga a la plantilla continuamente desde el equipo directivo, no tienen en cuenta nuestro criterio a la hora de tomar decisiones. Yo no digo que lleve siempre la razón, pero sí que pueda transmitir información porque paso 8 horas con los chicos. Pero que nos desprecien porque digan que estamos siendo manipulados por ellos hace que nos sintamos pisoteados como profesionales”, dice un/a educador/a.
Recientemente se les ha prohibido a los educadores del módulo interno salir sin pedir permiso a los coordinadores y, según AVISPA, la dirección ordena a los guardias que vigilen a los educadores.
“Lo que está ocurriendo en Sograndio es muy grave porque tenemos una responsabilidad enorme, es una inversión social: si no se hace bien, además de los costes humanos para los chicos si continúan delinquiendo están los económicos para toda la sociedad”, reflexiona un trabajador del centro.
El último incidente grave fue el pasado 1 de enero, provocado por varios internos que llegaron a retener a algunos educadores en lo que algunas fuentes calificaron de motín, aunque en la Consejería no le dieron tal trascendencia. Los responsables acabaron en celdas de aislamiento tras la intervención de los guardias de seguridad.
La reinserción no solo depende del centro porque, como explica uno de los educadores, “los chavales vuelven a su entorno social: familias desestructuradas, falta de atención y protección, problemas de violencia y drogodependencias… Pero si el centro funcionara mejor, si las decisiones fueran tomadas de manera multidisciplinar contando con todo el equipo, si se tuviera como referencia la vuelta a la vida en la calle, sí que tendrían más oportunidades para mejorar sus vidas”.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 41, NOVIEMBRE DE 2015
Publicado el enero 18, 2016

domingo, 5 de julio de 2015

Estrenando la Ley Mordaza con una nueva cacería humana

Así organiza la policía la "caza" del migrante

La Ruta contra'l racismu y la represión muestra dos oficios policiales que revelan por primera vez cómo se planifican las detenciones

Abdou y Baba fueron detenidos el pasado martes en el ovetense barrio de Pumarín por dos policías de paisano. Ambos migrantes, de nacionalidad senegalesa, embarcarán esta tarde a las 19.50 horas, junto a decenas de personas, en un vuelo de deportación con origen en Madrid y destino en Dakar y Duala.

La Ruta contra'l racismu y la represión ha denunciado este jueves, una vez más, los llamados vuelos de la vergüenza. Y lo ha hecho, en esta ocasión, con dos oficios policiales que revelan, contra lo que sostiene el Ministerio del Interior, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son alertadas días antes de partir los vuelos para detener a migrantes con quienes llenarlos. Es lo que los portavoces de La Ruta contra'l racismu y la represión denominan "caza del migrante".

Tres de estos activistas contra el racismo, Eva Martínez, Adama Diouf y Eduardo Romero, han explicado este jueves el procedimiento. Han esgrimido para ello dos documentos policiales que, según han manifestado, demuestran por primera vez lo que el Gobierno central se empeña en negar.
La propia Brigada de Extranjería, revela en ambos oficios policiales que fueron a buscar a Abdou y Baba para "materializar" su deportación en el vuelo programado para el "jueves por la tarde". A juicio de la ruta, la propia policía reconoce, por lo tanto, que las redadas se convierten en "cacerías" para llenar los vuelos de deportación. Los operativos policiales se vienen repitiendo en el barrio de Pumarín donde los agentes ya actuaron para llenar otro avión con destino a Senegal el pasado 25 de febrero.

El engranaje

Eva Martínez ha señalado que este engranaje de redadas es posible con la "connivencia de los jueces y juezas que firman internamientos y deportaciones". En el caso de Abdou y Baba, la jueza del juzgado de instrucción, número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, según Martínez, ha decidido autorizar las deportaciones "obviando el carácter ilegal" de las detenciones. La jueza se desentiende así de las denuncias por maltratos policiales, uso de sedantes y otras formas de violencia ejercidas en los vuelos de deportación.

España, una cárcel

Adama Diouf, senegalés residente en Asturias, afirma que la presión sobre el migrante ha crecido en los dos últimos años. Diouf, que también un día perteneció a lo que se ha dado en llamar sin papeles, ha asegurado que España se ha convertido en una "cárcel grande" para los migrantes en situación irregular.
Diouf ha añadido que ni siquiera en sus domicilios encuentran ya tranquilidad. Este senegalés ha destacado que la presión en algunos barrios, como Pumarín y, más en concreto, en la calle Bermúdez de Castro, es constante. Y que las nacionalidades que más cotizan en esta "caza al migrante" son senegaleses, nigerianos y cameruneses. Diouf ha responsabilizado a Gabino de Lorenzo, delegado de Gobierno, del acoso policial que sufre la población migrante. La intervención de los tres activistas de La Ruta contra'l racismu y la represión ha sido vigilada, de hecho, por varios agentes de la policía nacional a una distancia, eso sí, prudente.

Alerta a las delegaciones

Eduardo Romero ha puesto en evidencia el entramado para llenar los vuelos. Ha señalado que varios días antes de ser fletados, la Comisaría General de Extranjería, con sede en Madrid, avisa a las delegaciones provinciales para que inicien la "caza del migrante". Romero ha recordado que solo durante el pasado año se llevaron a cabo 134 vuelos de la vergüenza en los que tuvieron que dejar España de forma forzosa 2.572 personas.

Este activista ha hecho un llamamiento para sumarse a la campaña de boicot contra las compañías Air Europa y Swift Air que hacen negocio convirtiendo a los migrantes en mercancía humana. Ha destacado que el "sucio negocio" de los vuelos reporta a estas aerolíneas 35 millones de euros en el periodo 2013-2015 y 11 más a partir de 2016.

Los tres activistas de la ruta han contado con el apoyo de la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, letrada, muy implicada en la lucha contra el racismo, y de varios diputados de Podemos como Emilio León, Andrés Ron, Héctor Piernavieja y Enrique López. Todos ellos han coreado cánticos como "Ningún ser humano es ilegal".

Visto en: Asturias24


Según recoge el oficio policial, fueron a buscarlos explícitamente porque sobre ellos pesaban órdenes de expulsión y “la expulsión del detenido estaba prevista fuera materializada durante la tarde del día de mañana”. Efectivamente, mañana hay previsto un vuelo de deportación a Senegal-Camerún, vuelos que realiza Air Europa (Grupo Globalia, al que también pertenece Halcón Viajes), adjudicados por el gobierno de España a esta empresa para tal fin. “Esto demuestra que las denuncias realizadas por el colectivo Ruta contra’l Racismu son ciertas. Se están desarrollando actuaciones policiales para llenar los vuelos de deportación y no adecuándose a los procedimientos legales”, nos explica el abogado de los acusados, Alfonso Lago Rayón.

De hecho, a uno de los detenidos ni siquiera se le había notificado la orden de expulsión, que le fue entregada según recoge el expediente policial horas después, cuando ya estaba en los calabozos. “La notificación de la orden de expulsión es la última fase del procedimiento, por lo que tenemos duda de que haberlo detenido antes de haberle notificado la expulsión sea legal. Además ya habían pasado más de tres meses desde el 24 de marzo cuando la orden de expulsión fue firme, por lo que no sabemos si sigue siendo válida”, añade el abogado que estudia interponer un recurso para evitar que mañana sea deportado Abdou. “Del expediente policial lo que se concluye es que han mirado las órdenes de expulsión pendientes para buscar a quiénes detener para el vuelo de deportación mañana”, nos dice uno de los activistas de la Ruta contra’l Racismu. “Esto demuestra lo que llevamos años denunciando: no sólo que se realizan redadas racistas, sino además su implementación como cacerías para llenar vuelos de deportación”, añade.

Mientras los detenidos prestaban declaración, los activistas pedían a través de megafonía “a los jueces y juezas que no sean cómplices de los vuelos de deportación que son vulneraciones de derechos humanos, en los que se realizan sedaciones forzosas y agresiones”. Adama Diouf, senegalés presidente de Asturias Acoge (ONG integrante de la Ruta), nos explicaba que “esto no se trata sólo de los vuelos, sino de un acoso. Los chicos ya habían sido detenidos hace unos meses y los habitantes del barrio de Pumarín –donde residen estos inmigrantes– ya saben cuando hay un vuelo porque los días previos ven a los policías de paisano. Pero tienen que seguir saliendo de sus casas, ir a trabajar, hacer su vida”.



Visto en: Periodismo Humano

viernes, 1 de mayo de 2015

[ALERTA] Vuelo Deportación Senegal 8/5/2015

Desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE hemos podido confirmar que el próximo 8 de Mayo habrá un nuevo vuelo de deportación a Dakar, Senegal.
Lanzamos esta alerta* sabedoras de que en los próximos días se producirán redadas policiales para capturar personas de esta nacionalidad, que se suelen identificar los días previos en función del número de plazas que queden por llenar en esos vergonzosos aviones de Air Europa. La compañía cobra más de 12 millones de euros al año por este sucio negocio  (+ información)
Esta alerta no tiene por objetivo atemorizar a la población, sino al contrario, aportar información a todos los vecinos y vecinas para que puedan actuar y organizarse colectivamente, por ejemplo, denunciando intensamente las redadas policiales de las que sean testigos (pues suelen producirse en el espacio público y en los medios de trasporte), intensificando la campaña de Boicot a Air Europa, desplegando redes de cuidado entre las vecinas y vecinos, difundiendo este mensaje en las redes sociales, imprimiendo el cartel (más abajo) para realizar pegatinas para el metro, paradas…
*Para que estas alertas sirvan al objetivo propuesto -y no como una herramienta de miedo- es importante que si difundes esta información dejes claro en todos los canales el día exacto del vuelo, para que la alerta no se siga propagando después del vuelo en cuestión. Toda la información actualizada en este blog y en  .
Propuesta de mensaje para twitter: 
 “8 de mayo vuelo deportación a Dakar ( Senegal)”   
Recomendamos usar el HT #Alertavuelo y el país que corresponda.