130 personas murieron o desaparecieron en la frontera sur el año pasado

Por contextualizar un poco la información descabellada publicada desde El País, información de compas andaluces:

La ONG Apdha considera "completamente falso" el dato de que 30.000 personas estén esperando para entrar en Europa a través de Ceuta y Melilla.


La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó ayer, 19 de febrero, su Balance Migratorio en la Frontera Sur [PDF] correspondiente a 2013. Un informe con el que esta asociación pretende atajar el alarmismo generado en los últimos días en torno al argumento de que la tragedia de Ceuta obedece a una presión migratoria extraordinaria.

Entre esos argumentos está la ya célebre cifra de 30.000 personas que, según el Ministerio de Interior y el diario El País, estarían preparadas para entrar de forma irregular a través de Ceuta y Melilla. Un dato que "se mire por donde se mire es falso", explica a DIAGONAL Carlos Arce, coordinador del área de inmigración de APDHA. Así lo demuestran las propias cifras del Frontex, agencia europea de fronteras, que apuntan que el tránsito por la frontera sur, que engloba a Canarias y el Estrecho de Gibraltar, es el más bajo de todos los puntos de acceso al espacio europeo. Las 5.800 personas que cruzaron la frontera por esos pasos hasta octubre apenas suponen el 5% de las entradas que reconoce la agencia de fronteras de la Unión Europea. Asimismo, un informe del Reino de Marruecos cifró en 25.000 el número de sin papeles en todo el país, un número en el que también se incluyen personas que tienen deseo de permanecer en Marruecos, que tratan de migrar a otros países del Sahel o que no tienen ninguna intención de cruzar a Europa por el Estrecho.

Las estimaciones dicen que las personas que permanecen en Ceuta y Melilla a la espera de una oportunidad para entrar en España ronda los centenares o como mucho el millar, afirma Arce, quien explica que el área boscosa en la que se asientan algunos de estos migrantes es muy reducida como para dar cabida a tal cantidad de personas.

Descenso de fallecidos y desaparecidos 

Por lo demás, las cifras recabadas por APDHA se acercan más al conteo realizado por el Frontex y no se corresponden con el discurso de Interior, orientado, según Arce, a justificar las prácticas ilegales reconocidas por el Ministerio de Interior y como reacción a la muerte de 15 personas el pasado 6 de febrero en Ceuta. Así, según el Balance de Apdha, el número de personas que lograron sortear los sistemas de vigilancia y cuerpos de seguridad aumentó en 2013 hasta la cifra de 7.550 --la más alta desde 2009--. La mayor parte de estas entradas se produjeron por Melilla, Ceuta y por la provincia de Cádiz.

El número de desaparecidos y fallecidos en el trayecto descendió en 2013, algo que la Apdha califica como sorprendente, dado el incremento de la presión en la vigilancia y la puesta en funcionamiento de sistemas de control y represión. 130 personas perdieron la vida en ese tránsito, son 95 menos que los desaparecidos y muertos en 2012, cuando se produjeron 225 decesos, la cifra más alta del último lustro. Entre las fallecidas el pasado año, una mayoría (63) murieron en territorio español, mientras que los demás desaparecieron o murieron bajo jurisdicción de Marruecos (42) y Argelia (25).
Arce explicó a este periódico que "si realmente ha habido este descenso nos felicitamos", pero matiza que una serie de circunstancias permiten interpretar que existe un subrregistro de fallecidos y desaparecidos con respecto a años anteriores. Entre éstas está la complejización y el avance de los medios materiales para el control fronterizo, que "trasladaría" a otras etapas del viaje los riesgos. El pasado año, 92 personas murieron de hambre y de sed en Níger cuando se averiaron los vehículos en los que se trasladaban. Es una muestra, expone Arce, de la dificultad para registrar el goteo de muertes que se produce lejos de los radares instalados por las empresas beneficiarias de las políticas europeas. "Nos tememos que el aumento de la represión haga que quienes migran busquen caminos más complejos y peligrosos", resume Arce, quien explicó que, por ejemplo, los datos de muertes en tránsito que llegaban de Mali se han cortado a raíz del conflicto en este país del África occidental.

Contra el carpetazo de las muertes de Ceuta La muerte de 15 personas en las costas de Ceuta el pasado 6 de febrero ha cobrado protagonismo en la presentación de un informe que la Apdha viene presentando cada año y que es el fruto de un trabajo en coordinación con otras ONG que integran la Red Migreurop. La denuncia penal presentada por la Apdha junto a otras ONG en dos juzgados de Ceuta está en una fase inicipiente, apunta Carlos Arce, de esta organización. "Los tiempos nos los van a marcar el recorrido que le quieran dar estos tribunales", explica este portavoz, para quien hay pruebas suficientes, en forma de testimonios, vídeos de personas independientes y documentación en poder de la Guardia Civil, "y 15 cuerpos" para sostener el procedimiento hasta el final. "La experiencia nos dice que es difícil que se depuren responsabilidades", señala Arce, pero cree que sería muy decepcionante para la sociedad que el caso "acabe con un archivo exprés". En el caso de que la Justicia española abandone el caso a las primeras de cambio, la APDHA no descarta trasladar su demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

(publicado en Diagonal)

Mentiras y alambradas

Hay algo de efectos mucho más profundos que la manipulación, incluso que la mentira. Anders, Pasolini, Alba Rico nos han hablado de ello en diferentes momentos desde que, a mediados del siglo XX, una parte de la humanidad se convirtió en consumidora compulsiva de un ingente número de mercancías, incluida la mercancía televisiva. “En vez de recorrer nosotros mismos los caminos, ahora es el mundo el que nos «recorre»”, señalaba Anders. “Ningún centralismo fascista ha logrado lo que el centralismo de la civilización de consumo”, escribía Pasolini. Y Alba Rico caracterizaba la nueva psicología del consumidor como de “máximo sentimentalismo y máxima indiferencia”. Estos tres autores nos alertan, en definitiva, de la generalización de una percepción de los hechos sociales caracterizada por la ausencia de memoria, de imaginación y de responsabilidad.

No es culpa de los medios de comunicación ni del Ministerio del Interior que no conozcamos la verdad. Porque sabemos la verdad. Sabemos que más de 20.000 personas se han ahogado en la frontera sur desde el año 1988. Sabemos que otras miles permanecen desaparecidas. Nos consta que su “desgracia” no responde a designios divinos: los violentos dispositivos fronterizos o los naufragios por la voluntad policial de impedir el paso son noticia recurrente. Conocemos incluso la existencia de naufragios en alta mar de los que nadie da cuenta, producto de rutas cada vez más largas y peligrosas para sortear la militarizada frontera. Sabemos también que los barcos de la OTAN han dejado morir a inmigrantes en alta mar. Y no nos cabe ninguna duda de la connivencia entre los cuerpos policiales españoles y norteafricanos, sea para disparar balas contra los cuerpos de quienes saltan la valla –en el año 2005–, para disparar balas de goma contra quienes nadan hacia una playa o para abandonar en el desierto a inmigrantes detenidos en redadas en Marruecos o Argelia. Sabemos también que los cuerpos policiales marroquíes y argelinos –nuestros socios– violan sistemáticamente a las mujeres que transitan hacia Europa.

Dentro de nuestras fronteras sucede algo parecido. La muerte de Osamuyi en un vuelo de deportación, asfixiado por la mordaza policial, fue publicada en todos los medios. ¿Y quién puede ocultarnos que existen Centros de Internamiento de Extranjeros en el Estado español? Conocemos su existencia, y también sabemos que personas encerradas en sus muros mueren: Samba murió en el CIE de Aluche; Mohamed, Idrisa y Alik, en el de Zona Franca. Cada muerte salió en todos los periódicos. Como también son públicas las decenas de informes que demuestran las atrocidades cometidas en el interior de estas cárceles racistas.

De las redadas no hace falta que nos informen los medios de comunicación. Basta caminar por las calles para verlas, basta circular por las estaciones de trenes o autobuses, o por determinados barrios, para saber que el ministro de turno –cuando las niega– miente. Su mentira –en este caso– sólo puede poner en evidencia a Alfredo Pérez Rubalcaba o a Jorge Fernández Díaz.

Precisamente porque ya sabemos, he renunciado hasta ahora a sumar palabras a la efervescencia mediática en torno a Lampedusa y Ceuta. Todo el mundo sabe la verdad. Y acumular escritos que hablan de los centenares de muertos en aguas italianas o de las quince personas asesinadas en la colonia española en Marruecos puede provocar un efecto perverso: que pensemos que Lampedusa y Ceuta –fruto de esta atención desmedida– son una anomalía. Que la frontera sur europea funciona normal y pacíficamente y que, de vez en cuando, operan la bajeza moral y la violencia policial, y es entonces cuando se produce un trágico accidente y un terremoto político. Pero es al contrario: la anomalía en la frontera sur sería que hombres y mujeres migrantes la cruzaran de sur a norte con la misma naturalidad con que millones de turistas, militares, diplomáticos, cooperantes y empresarios europeos y españoles la cruzan de norte a sur. La normalidad es que los policías disparen y las personas migrantes mueran. La normalidad es que se hundan las embarcaciones y no reciban socorro. La normalidad son los muros y las alambradas. Si Lampedusa y Ceuta fueran la anomalía, sería imposible contar decenas de miles de cadáveres en la frontera.

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Hay algo mucho más profundo que la mentira. Pero no minusvaloremos los efectos de ésta. A veces la mentira es tan obscena, tan rastrera y despreciable, que no queda otra que abandonar el silencio para combatirla.

El lunes pasado el diario El País titulaba en su portada: “30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla”. El subtítulo tampoco tenía desperdicio: “Los intentos de entrada «desestabilizan y crean alarma social»”. La fuente en la que se basa El País para redactar su principal noticia de portada –semana y media después de las quince muertes en Ceuta– es un informe de “la inteligencia española” que señala la “enorme presión migratoria” en torno a las “dos ciudades españolas”. Organizaciones criminales, saltos masivos, empleo de la violencia por los subsaharianos, son algunas de las perlas de la ejemplar portada.

No nos escandalicemos. Esta portada tampoco es anómala o excepcional. Ya hace más de una década –en el año 2003– el Consejero de Economía canario había declarado en los medios: “O creamos allí una zona de prosperidad o nos invaden 20 millones de africanos”. En 2006, El País y muchos otros medios se sumaron con furor a la campaña política y mediática que colocó en portadas y noticiarios a la llamada “crisis de los cayucos”. Dicha campaña convertía la llegada de inmigrantes a Canarias en un grave problema demográfico. Y al calor de dicha campaña, el gobierno español –el de Zapatero y Rubalcaba–  aprobó el Plan África, un plan –palabrería aparte– diseñado para militarizar y externalizar la frontera y para utilizar la excusa de la inmigración ilegal para promover intereses neocoloniales en África. Intereses pesqueros e intereses petrolíferos y gasísticos formaban parte de aquella “ofensiva” diplomática y comercial.

¿Cuántos migrantes llegaron a Canarias en 2006? Precisamente treinta mil, el mismo número que ahora –según El País y la “inteligencia española”– aguardan el salto por Ceuta y Melilla. Desparramemos un puñado de cifras: en 2006 vinieron a España más de 400.000 inmigrantes, lo que convertía en residuales a las treinta mil entradas por Canarias. Y es que en el período 2000-2008 entraron en el Estado español más de 5 millones de inmigrantes, con llegadas anuales –en algunas ocasiones– de más de 700.000 personas. En el año 2006 visitaron Canarias 9,5 millones de turistas. ¿Y treinta mil inmigrantes eran un grave problema demográfico?

Actualmente hay más de 6 millones de inmigrantes en el Estado. Si exceptuamos Marruecos, el número de inmigrantes con tarjeta de residencia procedentes del continente africano es del 4,5 por ciento. El otro 95,5 por ciento procede de otros continentes. ¿Cuál ha sido la avalancha subsahariana por la frontera sur? A lo largo de todo el año 2012, último año del que ha aportado cifras el Ministerio del Interior, las entradas de inmigrantes por Ceuta y Melilla, en todo un año, no llegaron a las 3.000.

Las cifras de El País dañan la inteligencia.

La “inteligencia española” es la misma que disparó las balas de goma.

Eduardo Romero es coautor del libro Qué hacemos con las fronteras. miembro de la Asociación  Cambalache y de su Grupo de Inmigración. Participa en la iniciativa asturiana "Ruta contra el racismo y la represión", y es autor de varios libros editados por Cambalache: Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010), A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), y Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración (2007). También ha participado en las obras Frontera Sur (Virus, 2008), y Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente (Bardo Ed. 2011). Colabora además en la publicación feminista La Madeja.

Para más información, esta entrevista con Eduardo Romero, y este extracto del libro.

(publicado en El Diario)

Contra les redadas racistas en Asturies

Nos últimos díes, han arreciado les redaes policiales racistes en Asturies contra migrantes senegaleses y senegaleses. Nel barriu de Pumarín, nel Cascu Antiguu d’Uviéu ya inclusive pela redolada de la see d’Asturies Acueye, cuerpos policiales dedicáronse a identificar a persones en función de les sos traces "raciales" y a detener a quien nun teníen papeles.

Producióse una inmediata reacción con concentración ante l’Audiencia Provincial mientres dellos inmigrantes deteníos pol so fenotipu pasaben audiencia, polcias d’una empresa privada intentaron provocar a quien se manifestaben, al paecer "adelantrándose" na so aplicación a la llei mordaza.

La Brigada d’Extranxería volvió ser de les más acucioses pa efectuar esti tipu de redaes discriminaes por nacionalidá, que se converten en verdaderes caces "del senegalés". El motivu d’esta persecución racista nun ye otru que la programación d’un vuelu de deportación dende Baraxes escontra Dakar el próximu xueves 13 de febreru.

Como yá denunciemos pa otros d’estos vuelos de deportación -polos que’l gobiernu español paga casi 12 millones d’euros añales a Air Europa-, nes selmanes y díes previos la Comisaría Central d’Extranxería y Fronteres ordena la captura d’inmigrantes pa enllenar l’avión. Estes práctiques confirmen la esistencia de redaes racistes y de cupos de detenciones.

Por tou ello, la Ruta contra’l racismu y la represión manifiesta la so repulsa poles últimu detenciones, denuncia la responsabilidá del Delegáu de Gobiernu Gabino de Lorenzo y fai un llamamientu a toes y a toos a permanecer sollertes ante les redaes racistes, denunciales si ver pola cai ya inclusive practicar la resistencia colectiva frente a les mesmes.

FRENTE A LES REDAES RACISTES: ACTUÉMOS

MANIFESTACIÓN: ¿Y si te pudiera tocar a ti? Ni redadas, ni CIEs, ni deportaciones

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE A LAS 18H.

MANIFESTACIÓN: ¿Y SI TE PUDIERA TOCAR A TI?
Con salida en la C/ Nueve de mayo (CC Salesas).

La noche del 2 al 3 de diciembre Alik, inmigrante armenio, murió en el Centro de Internamiento de Zona Franca (Barcelona). La versión policial habla de suicidio, pero treinta internos del CIE se pusieron en huelga de hambre al día siguiente para desmentir dicha versión. Alik pasa a engrosar la lista de personas muertas en los CIE.

El día 3 de diciembre salió de Barajas un vuelo de deportación, fletado por el gobierno español a través de un suculento acuerdo económico con Air Europa: decenas de inmigrantes de orige nigeriano fueron expulsados ese día a su país. El día 11, la semana pasada, cien personas más fueron deportadas en otro de estos vuelos, esta vez con destino Ecuador y Colombia.

Las redadas racistas para llenar estos vuelos y para mantener ocupadas las celdas de los CIE están a la orden del día. En Asturies, uno de los lugares con menos inmigración del Estado español, hay redadas en las estaciones de tren y autobuses, en los parques, a la puerta de los locutorios y de las asociaciones... El delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo, ha instaurado incluso la práctica de llamar a las personas migrantes a la Oficina de Extranjería, con la excusa de cualquier trámite, para aprovechar su presencia para detenerlas, encerrarlas y deportarlas.

Jueces como Francisco Javier Rodríguez Luengos y Begoña Fernández son especialmente implacables y se convierten en engranaje necesario del sistema de internamientos y deportaciones. Parece que la contundencia de los informes que detallan las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos tanto en los CIE como en las deportaciones no son de la incumbencia de dichos jueces y juezas.

La Ruta contra'l racismo y la represión, inserta en la Campaña estatal contra los CIE, quiere hacer propias las conclusiones aprobadas en el Encuentro estatal que se acaba de celebrar en Madrid,
MANIFESTAMOS:

- Nuestra oposición a las redadas racistas y nuestra voluntad colectiva de continuar denunciándolas y combatiéndolas.

- Nuestra radical repulsa a los CIE y nuestra firmeza en la visibilización y denuncia de lo que en ellos ocurre, hasta su cierre definitivo.

- Nuestra lucha contra los escandalosos vuelos de deportación mediante el impulso de una campaña estatal contra empresas que, como Air Europa, se lucran con dichas deportaciones.

- Nuestra denuncia de la criminalización de las personas migrantes y de las luchas sociales antirracistas
NI REDADAS, NI CIEs, NI DEPORTACIONES

Ruta contra'l racismu y la represión
http://rutacontralracismu.blogspot.com.es/

EL GOBIERNO EXPULSARÁ A DECENAS DE PERSONAS A NIGERIA EL MARTES 3 DE DICIEMBRE

COMUNICADO DE LA CAMPAÑA CONTRA LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

El próximo martes 3 de diciembre un nuevo vuelo de deportación saldrá de Barajas con destino Nigeria. En las últimas semanas se han incrementado las redadas contra la población nigeriana, en el CIE de Aluche se acumulan las personas detenidas de dicha nacionalidad y el pasado jueves testigos relataron cómo dos coches policiales condujeron a la embajada de Nigeria, embridadas por las muñecas, a varias personas inmigrantes para su identificación. Evidencias que no queremos exponer en este texto -para proteger la intimidad de algunas de las víctimas de estas deportaciones- confirman que la fecha del vuelo será el martes que viene.

El vuelo formará parte del contrato del Gobierno español con la empresa Air Europa, acuerdo que asciende a casi doce millones de euros anuales. Hace pocas semanas, concretamente el 19 de noviembre, otro de estos vuelos salió rumbo a Dakar. Los testimonios de las personas deportadas revelan que una parte de ellas fue inmovilizada con esposas metálicas y recibió patadas y porrazos por parte de los cuerpos policiales. Un joven fue deportado a pesar de sus intensos dolores de estómago, debidos a que se había bebido íntegramente un bote de champú en el Centro de Internamiento de Aluche como medida desesperada para evitar su expulsión.

Gracias a los testimonios de las personas expulsadas y a la colaboración de decenas de personas que han presenciado redadas y otros dispositivos represivos en multitud de lugares de todo el Estado español, hemos podido documentar los detalles de los vuelos que se produjeron las noches del 26 de septiembre y del 19 de noviembre con destino Dakar (ver: http://www.lamarea.com/2013/11/14/senegaleses/ y http://www.diagonalperiodico.net/global/20964-gobierno-deportara-este-martes-decenas-personas-nigerianas.  html). También hemos constatado, a través de la investigación de estos vuelos, que persisten las redadas racistas y los cupos de inmigrantes que deben ser detenidos en los días previos a las deportaciones.
Aunque carecemos de un calendario completo, podemos confirmar que en los últimos meses han salido al menos vuelos de deportación a Senegal el 6 de junio, el 25 de julio, el 26 de septiembre y el 19 de noviembre.

A Nigeria han volado el 8 de mayo, el 22 de agosto y el 4 de octubre.
Desde la Campaña contra los Centros de Internamiento denunciamos la existencia de estos vuelos y exigimos su cese inmediato. Y hacemos un llamamiento para que entre todxs detengamos el vuelo previsto para el martes 3 de diciembre.

Además, mostramos nuestra repulsa y desprecio por un escandaloso Protocolo para las Repatriaciones, presentado como una garantía para la protección de los derechos de las personas deportadas. Dicho Protocolo, cruel en sí mismo, es además sistemáticamente incumplido por unos cuerpos policiales que esposan y golpean furiosamente a las personas inmigrantes.

Denunciamos además la responsabilidad de Juan José Hidalgo, del exministro popular Abel Matutes, del Banco Popular y de Unicaja, todos ellos accionistas del Grupo empresarial Globalia, al que pertenece la compañía Air Europa junto a otras empresas como Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Travelplan y Be Live.
POR EL FIN DE LAS REDADAS RACISTAS
POR EL CIERRE DE LOS CIE
POR EL FIN DE LAS DEPORTACIONES

(vía http://ciesno.wordpress.com/2013/12/02/el-gobierno-expulsara-a-decenas-de-personas-a-nigeria-el-martes-3-de-diciembre/)

A la caza del senegalés: Crónica de un vuelo de deportación Barajas-Dakar

Entre los colectivos en lucha contra las fronteras circulan rumores que alertan de un inminente vuelo de deportación a Senegal. Para cualquier persona de nacionalidad senegalesa que no tenga papeles han saltado todas las alarmas, pues el riesgo –siempre presente– de sufrir una redada racista se multiplicará en los próximos días si se confirma que el Estado español ha planificado uno o varios vuelos de deportación para la segunda quincena de noviembre. En el patio del CIE y en las asambleas de las asociaciones de sin papeles se susurran posibles fechas. La tensión y el miedo se acumulan entre las posibles víctimas. Pero también crecen la indignación, el apoyo mutuo y la voluntad de resistir y luchar para acabar para siempre con las expulsiones.

Reconstruimos a continuación los detalles de uno de estos vuelos, que tuvo lugar en medio del más absoluto secreto. A las once de la noche del jueves 26 de septiembre, un vuelo salió del aeropuerto de Barajas con destino Dakar. El avión aterrizó en el aeropuerto de la capital senegalesa cinco horas después. Tanto la salida como la llegada de dicho avión –de AirEuropa, la misma compañía que nos ofrece en su web vuelos baratos para disfrutar de unas “vacaciones veraniegas” en el cálido Dakar en cualquier momento del año– se realizaron con la mayor discreción posible. La nocturnidad del vuelo y el hecho de que saliera desde una pista alejada de miradas indiscretas nos ofrecen pistas sobre el carácter de este viaje. Para un tercio del pasaje –alrededor de un centenar de inmigrantes senegaleses, todos hombres, muchos de los cuales se habían jugado la vida en el océano para hacer el trayecto inverso– el despegue del avión era la señal definitiva de un verdadero drama. Para los otros dos tercios –policías nacionales ataviados con unos chalecos reflectantes– se trataba simplemente de un trabajo muy bien remunerado: la rutinaria tarea de escoltar un nuevo vuelo de deportación. 

Los inmigrantes, con los brazos inmovilizados mediante unas bridas de plástico alrededor de sus muñecas, habían pasado las horas previas en una sala del aeropuerto, fuertemente custodiados. Cheikh, uno de los deportados –al que localizamos hace unos días en la ciudad senegalesa de Touba, a unas cuatro horas de Dakar–, relata indignado como los policías golpearon a uno de sus compatriotas por insistir en la petición de salir al baño. 

En los últimos años el Gobierno español ha expulsado cada año a más de diez mil personas, el equivalente a cien vuelos como el que tuvo lugar a finales de septiembre, aunque en ocasiones aprovecha vuelos comerciales para incluir en el pasaje un pequeño número de personas para su deportación. Cuando organiza vuelos especiales, estos requieren de una cuidadosa y sofisticada planificación. En el caso que nos ocupa, el Ministerio del Interior, con la complicidad del gobierno senegalés –que puso todas las facilidades, a través de su embajada en Madrid, para que muchos de sus ciudadanos fueran deportados sin pasaporte–, tuvo que organizar la logística previa: contratar el avión, reservar la pista alejada de la terminal, programar los traslados a Barajas desde diversos lugares del Estado, destinar a un gran número de policías para la ocasión, pactar y coordinarse con las autoridades senegalesas y, lo que es más importante, cazar a la carga humana que debía llenar el avión.

En mayo de 2012 la Policía Nacional aprobó una directiva que decía terminar con los cupos de detención de inmigrantes –objetivos numéricos para cada comisaría– y con las redadas racistas. Dichos cupos habían salido a la luz en la época en que Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior. Sin embargo, podemos afirmar no solamente que las redadas y cupos han persistido a lo largo de toda la legislatura gobernada por el PP –tal y como vienen denunciando, entre otras, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos–, sino que la persecución, cada vez que se planifica un vuelo –al menos varias decenas cada año– también puede ser discriminada: los cupos de detención pueden afectar ya no a cualquier inmigrante, sino a quienes tienen la nacionalidad para la que se está preparando la deportación colectiva. La persecución de senegaleses para llenar un avión responde a la misma lógica de aquella nota policial interna que, en 2009, conminaba a detener marroquíes porque era más barato deportarles.

Podemos imaginar el procedimiento. Una vez que el Ministerio del Interior cierra todos los detalles del vuelo, ordena a la Comisaría General de extranjería y fronteras que cuantifique cuántos senegaleses pueden ser deportados desde los Centros de Internamiento de Extranjeros. Asimismo, dicha Comisaría General difunde la orden al resto de comisarías del Estado para dar caza no ya a un cupo de inmigrantes, sino a un cupo de senegaleses, los suficientes para acabar de llenar el avión. Así lo reflejan los documentos expedidos con motivo de la expulsión de uno de los deportados. Su abogada nos enseña el papel en el que se puede leer: “Vuelo organizado por la Comisaría General de Extranjería y fronteras con destino Dakar”. 

Víctimas de esta persecución planificada, fueron detenidos –en las 72 horas previas a la salida del avión del 26 de septiembre– dos inmigrantes senegaleses residentes en Asturias. A uno de ellos –que la semana anterior había presentado la solicitud de permiso de residencia y trabajo por arraigo social– le convocaron en las oficinas de la Brigada Policial de Extranjería de Oviedo porque “había unos datos que aclarar”. Desde allí fue llevado a los calabozos, donde le retuvieron durante dos noches. Además de tener que aguantar durante largos períodos sin poder salir al baño porque no le abrían la celda, la Policía ovetense le ofreció dos alternativas: comer galletas durante dos días o aceptar comida con cerdo, contraria a sus costumbres y religión.

Los dos detenidos fueron llevados a Madrid por una escolta policial. Cuando llegaron a Barajas comprobaron la magnitud de la operación. Decenas de compatriotas esperaban allí, retenidos por la fuerza en una sala del aeropuerto. Una veintena aproximadamente procedía del CIE de Aluche; otros habían sido trasladados desde el CIE de Zona Franca (Barcelona) y de Zapadores (Valencia). Sin embargo, también había otros casos de inmigrantes detenidos en los últimos días, y que por tanto venían directamente de los calabozos. Serigne relata desde Dakar que uno de sus compañeros fue detenido en Valencia por la calle, junto a su casa, mientras caminaba a comprar el pan. Mbacke nos cuenta su propio drama: fue capturado justo después de haber enviado dinero a su madre desde el locutorio, cuando salía, en bicicleta, camino de su trabajo de recolección de pepinos y pimientos en El Ejido. Otros senegaleses fueron detenidos en Málaga, Zaragoza, Alicante, Mallorca, Almería, Salou… Hay más casos –similares al de Asturies– de personas deportadas que llegaron a presentar su solicitud de residencia. Y es que cuando la caza es urgente –y hay que llenar rápido un avión–, los cuerpos policiales no se andan con miramientos. Qué mejor momento que detener al senegalés justo cuando acude a las oficinas de Extranjería a regularizar su situación administrativa.

Una vez en el aeropuerto de Dakar, los policías y la tripulación del vuelo no llegaron a salir del avión. En la puerta de salida, un funcionario entregaba un sobre a cada inmigrante con cincuenta euros en su interior. En la pista, junto al avión, decenas de policías senegaleses esperaban a los deportados para revisar los documentos que portaban y entregarles, a su vez, 10.000 francos CFA, el equivalente a 15 euros, pues –decían– sabían que tenían que llegar hasta sus casas, muchas veces alejadas de Dakar. El cómplice gobierno senegalés realizaba esa aportación después de haber puesto todas las facilidades para las deportaciones.

Entre los inmigrantes, algunos habían podido llevarse una maleta con algunas pertenencias. Otros llegaban sin nada.

La muerte de Osamuyi y el protocolo de actuación en las repatriaciones

El 9 de julio de 2007 Osamuyi Aikpitanyi murió asfixiado en un vuelo de repatriación después de que los escoltas policiales le amordazaran y sellaran su boca con cinta adhesiva. Casi cinco años después, una sentencia condenaba a 600 euros de multa a los policías y los eximía de responsabilidad por la muerte de Osamuyi. En el mes de julio de 2007, pocos meses después de que aquel avión con destino a Nigeria aterrizara en Alicante con el cadáver del joven inmigrante, el Ministerio del Interior –dirigido entonces por Rubalcaba– aprobó un Protocolo de Actuación para las repatriaciones. Dicha normativa incluye el uso policial de guantes de látex, lazos de seguridad, mascarillas sanitarias, monos para vestir a los expulsados que los necesiten, cascos de autoprotección para los repatriados violentos, que impidan que se autolesionen, cinturones y prendas inmovilizadoras homologadas, cinta reforzada, etc. Determina además la asignación de una zona segura en el aeropuerto o puerto de salida para garantizar un agrupamiento discreto.

El Jefe del Dispositivo –continúa el Protocolo– informará a los repatriados, haciéndoles saber que redundará en su beneficio cooperar plenamente con los escoltas. (…) No se tolerará ningún comportamiento perturbador (…). Todos los repatriados serán sometidos a un cacheo personal meticuloso. (…). Si hubiera que enlazar a algún adulto será previamente separado de los menores.

* La firma colectiva de este texto expresa el amplio proceso de colaboración entre diversos colectivos sociales en lucha contra las fronteras. Organizaciones sociales de Valencia, Madrid o Asturias han aportado información imprescindible para la reconstrucción de estos hechos. También ha sido esencial el testimonio de varias de las personas deportadas, con las que hemos podido conversar desde sus localidades de origen en Senegal.

Entre el 5 y el 8 de diciembre, en Madrid, las resistencias contra la política migratoria española se reforzarán aún más a través del Encuentro Estatal contra los CIE.

(noticia vista en La Marea)

Unión Europea tendrá nuevo sistema de vigilancia de fronteras

La Unión Europea (UE) tendrá un nuevo sistema de vigilancia de fronteras exteriores a partir del 2 de diciembre próximo, tras su aprobación hoy por el pleno del Parlamento Europeo (PE).

Conocido como Eurosur, el mecanismo estará vigente inicialmente en España, Bulgaria, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.

El resto de países que forman parte de la mancomunidad se unirán a partir del 1 de diciembre de 2014.

El sistema consiste en una red de comunicación que permitirá a los países compartir en tiempo real, entre sí y con la agencia europea de control de fronteras (Frontex), imágenes y datos sobre la situación en sus límites exteriores.

La UE espera estar mejor equipada para "prevenir, detectar y combatir la migración ilegal, pero también para reaccionar más rápidamente y salvar las vidas de los inmigrantes en peligro, especialmente en el Mediterráneo", explicó la Eurocámara en un comunicado.

"Solo mediante un sistema paneuropeo de vigilancia fronteriza podemos evitar que el Mediterráneo se convierta en un cementerio de refugiados que intentan cruzarlo con barcos peligrosos buscando una vida mejor en Europa", dijo el ponente del texto en el PE, el diputado holandés Jan Mulder.

La luz verde a la iniciativa coincide con la oleada de críticas recibida por la UE a raíz del accidente con una embarcación que transportaba inmigrantes ilegales hasta la costa italiana, que resultó en la muerte de casi 300 de ellos la pasada semana.

Según Frontex, más de 72 mil personas cruzaron de manera clandestina las fronteras exteriores de la UE en 2012.

El nuevo sistema Eurosur incluye un reglamento que obliga a sus usuarios a respetar "en todo momento" los derechos humanos.

En ese marco, los países estarán prohibidos de repatriar a los inmigrantes ilegales a lugares donde su vida o sus libertades puedan verse amenazadas.

También estarán prohibidos de utilizar Eurosur para enviar a terceros países información que pueda ser utilizada para identificar a una persona cuya solicitud de protección internacional está siendo procesada o cuya vida o integridad física pueda estar en peligro.

Los datos compartidos a través del sistema, entre ellos imágenes de satélite, previsiones meteorológicas o sistemas de indicación de la posición de barcos, transitarán por una red protegida.

Una fortaleza para que mueran lejos de nuestra conciencia

Pego por aquí el artículo aparecido en El Diario

La voluntad de migrar está en nuestro ADN. Hay en el acto de moverse todo un deseo de superación que ha constituido la base de la resistencia del ser humano, la esencia de su supervivencia como especie. Se migra para escapar de la pobreza, de las guerras, de las hambrunas, de catástrofes naturales, pero también para conocer nuevos mundos, para saber, para vivir, para experimentar, para aprender, para prosperar. Así ha sido siempre y así sigue siendo en la actualidad.

La historia de las personas que viajan a otros países sin nada es la gran odisea contemporánea, protagonizada por Marco Polos a los que las experiencias y el conocimiento acumulados en sus trayectos les cambia la mirada y el alma. A lo largo de sus viajes se van adhiriendo a su piel más vivencias de las que nunca tendrán esos hombres occidentales que, encerrados en sus despachos de perspectiva limitada, llevan la batuta de gobiernos y finanzas.

Los harragas, los jóvenes dispuestos a ‘quemar’ las fronteras -como se dice en árabe- representan una de las máximas constataciones de la desigualdad que marca el mal funcionamiento de este planeta, en el que se condena a la clandestinidad a las personas sin papeles. Algunos migrantes no logran culminar el viaje y terminan engrosando ese enorme cementerio anónimo e ignorado sumergido en las profundidades del mar Mediterráneo o escondido entre el desierto del Sáhara. Conscientes de su posible destino, cada vez son más los que, en el punto de partida, pegan a su cuerpo con cinta adhesiva un papel plastificado con números de teléfono de sus familiares.

Dice el periodista italiano Gabriele del Grande, al que todos deberíamos leer para conocer y comprender el drama de los migrados, que “hay una guerra mundial contra los pobres” y nuestros países combaten en ella. Los naufragios de pateras son crónicas de muertes anunciadas y fomentadas por las políticas de los gobiernos europeos, que apuestan por elevar muros, reforzar fronteras y excluir de sus territorios a quienes no dispongan de recursos económicos.

Hay en la discriminación de los migrantes toda una lucha de clases contemporánea y simbólica. Se conceden visados a quienes tienen determinadades cantidades de dinero en el banco; se niega el permiso de entrada a quienes no disponen de recursos económicos. Se prohíbe el paso a los que menos tienen, ignorando la enorme riqueza social y cultural que tantos ‘pobres’ podrían proporcionarnos para complementarnos como ciudadanos. 

Se destinan millones de euros para evitar la entrada a Europa de personas que en muchos casos merecerían el derecho de asilo -y que de hecho huyen de guerras o expolios en los que nuestros gobiernos participan directa o indirectamente-, perpetuando así la gran metáfora del uno por ciento encerrado en su torre de marfil, dispuesto a atacar a los otros para poder preservar su riqueza, concentrada en su codicia.

El modelo actual de nuestros países se asienta sobre el principio de desigualdad: explotamos materias primas de terceros, elevamos barreras para impedir el paso de personas y de los productos que hacen competencia a los nuestros, mientras permitimos la libre circulación de mercancías, dinero, armas, divisas, turistas. El poder favorece a las entidades financieras y sacrifica a las personas. Desde hace años Europa barre hacia fuera, externalizando sus fronteras, para que los migrantes mueran lejos de nuestras costas y de nuestra conciencia, en países vecinos dirigidos por dictadores ‘amigos’.

Tras la muerte de al menos 250 personas en el naufragio de Lampedusa, la Comisión Europea ha pedido el refuerzo de su misión en el Mediterráneo para interceptar pateras con inmigrantes a bordo a través de lo que denomina “operaciones de rescate”. Por rescate entienden la detención de personas que huyen de la pobreza. Cómo triunfan los eufemismos. 

El dramático naufragio de Lampedusa no es un hecho aislado. Las personas que durante estos años han perdido la vida en las aguas del Mediterráneo o en el desierto, en viajes sin las mínimas garantías de seguridad, asumen riesgos tantas veces mortales porque los gobiernos europeos les cierran la posibilidad de otro tipo de entrada. El peligro no desaparece cuando alcanzan nuestro territorio. Aquí les aguardan cárceles por el simple hecho de no tener papeles, maltrato, criminalización, redadas policiales o expulsiones oficiales violentas que a veces les provocan la muerte.

Decía John Berger que la emigración es la experiencia que mejor define nuestro tiempo. En un mundo tan globalizado como el actual, donde nunca antes habíamos estado tan conectados, donde la diferencia entre ricos y pobres continúa creciendo, la migración no solo es una realidad, sino un derecho. Quienes intentan ejercerlo no solo luchan por una vida mejor, sino que, consciente o inconscientemente, están reivindicando un mundo más justo e igualitario.

Por mucho que se trate de posponer el debate, lo cierto es que los derechos y las necesidades de millones de personas condenadas a la pobreza son realidades incuestionables. Ante ellas, los dirigentes europeos apuestan por la exclusión, que es una forma de guerra. El discurso dominante las presenta desprovistas de identidad propia, atrapándolas en esa abstracción denominada “inmigrantes”, condenándolas a ser, en el mejor de los casos, simples víctimas, negándoles y negándonos toda su riqueza cultural y vital.

Nuestros gobiernos pretenden que aceptemos la desigualdad como algo natural e inevitable, desde nuestra presunta condición de privilegiados. Afortunadamente, cientos de barrios, de asociaciones vecinales, de organizaciones solidarias, cuestionan semejante máxima, enriqueciéndose, mezclándose, revitalizándose con el sonido de otras músicas, con la pronunciación de otros acentos, con el relato de otras culturas, con la fuerza de otras formas de vivir, con la presencia de otras sensualidades, con la acogida de los otros. Los otros, que también somos nosotros...

Hay en esta convivencia diaria todo un desafío a la uniformidad de lo inmóvil, a las puertas cerradas, a los muros elevados, a los lugares exclusivos, a la infranqueable Europa de alambradas de espino y fortalezas de cemento que expulsa o acepta a personas en función de las necesidades de mano de obra semiesclava y precaria.

En el idioma wólof, que se usa en Senegal, Gambia o Mauritania, solidaridad se dice ‘yapalante’. Toda una hermosa casualidad. Pero hay una Europa gris y vieja que prefiere dar la espalda a la solidaridad, condenando a los otros a la muerte o a la clandestinidad. Y con ello, condenándose a sí misma.

Deportaciones al ir a arreglar los papeles

En los dos últimos meses, al menos cinco personas inmigrantes han sido detenidas en las propias oficinas de Extranjería en el momento en el que acudían a regularizar su situación. Los colectivos y personas que formamos parte de la Ruta contra’l racismu y la represión denunciamos estas detenciones, el pasado 6 de septiembre, mediante una concentración en los juzgados y en las dependencias de Extranjería en Oviedo.

Esta “práctica” policial de detener a personas en el momento en que van a hacer los trámites para su regularización es exclusiva de Asturies. No sabemos de ningún otro lugar del Estado español en el que se estén produciendo estas detenciones ilegales. Por tanto, su responsable principal es Gabino de Lorenzo, Delegado de Gobierno en Asturies, que es quien marca las directrices de la Brigada policial de Extranjería. Nos consta que sus órdenes escandalizan incluso al cuerpo funcionarial que se encarga de la cotidiana y muchas veces implacable tramitación de los expedientes de extranjería.

Hasta ahora, de las cinco personas que sabemos han sido detenidas por este método -aunque podrían ser muchas más-, tres ya han sido deportadas a Senegal;un cuarto inmigrante senegalés se resistió a ser expulsado en un vuelo comercial, por lo que la policía se ha visto obligada a dejarle en libertad; por último, un inmigrante pakistaní permanece aún detenido en el CIE de Aluche en Madrid, una cloaca del Estado peor que cualquier cárcel. La Ruta contra’l racismu quiere también denunciar que, sin la complicidad de jueces y juezas, el internamiento y deportación de estas personas no hubiera sido posible. Concretamente, el juez Francisco Javier Rodríguez Luengos es el responsable de los internamientos y deportaciones en al menos cuatro de los cinco casos documentados.

El juez Luengos y la jueza Begoña Fernández, titulares del juzgado de Instrucción nº 1 y nº 3 respectivamente, son quienes, en un alto porcentaje de los casos, optan por el internamiento y/o la expulsión de las personas inmigrantes que caen en sus manos. Para ello suscriben los criterios de los fiscales, que informan favorablemente de la medida de internamiento y no velan por los derechos de estas personas.

Seguiremos denunciando a los cómplices de una política de extranjería que es, en sí misma, obscena y despiadada. Debemos acabar con el hostigamiento policial y judicial a la población inmigrante en Asturies. Los asturianos y asturianas, obligadas en estos tiempos -una vez más en nuestra historia- a emigrar a otras tierras, no permitiremos que ninguna persona sea perseguida aquí por ser de otro lugar.

“Los detienen dentro de las oficinas de Extranjería al ir a regularizarse y después los deportan”

Hace ya varios años que diversos colectivos sociales fundamos la Ruta contra el racismo y la represión para denunciar el hostigamiento policial y judicial sufrido por la población inmigrante. El escaso número de inmigrantes que ha recibido Asturies en estos inicios del siglo XXI –nunca más de 50.000 personas, menos del 5% de la población-, contrasta con las reiteradas redadas racistas de la policía, con las numerosas detenciones y confinamientos en los calabozos, y con las decisiones judiciales que decretan el encierro de inmigrantes residentes en Asturies en Centros de Internamiento para Extranjeros y aprueban su expulsión del país en macabros vuelos de deportación.

A lo largo de este verano, la Brigada de Extranjería, siguiendo las órdenes de la Delegación de Gobierno, dirigida por Gabino de Lorenzo, ex-alcalde de Oviedo por el PP, ha elevado aún más su persecución a la población inmigrante en Asturies. Su nuevo “método” es la detención de inmigrantes en el momento en que acuden a regularizar su situación a las oficinas de Extranjería. Así han sido detenidas, por no tener “papeles”, al menos cinco personas en las últimas semanas, y deportadas o confinadas -con la complicidad necesaria de los jueces- en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid, una cloaca del Estado peor que cualquier cárcel. El pasado sábado 24 de agosto, por ejemplo, el juez Luengos decidió el internamiento de un chico senegalés y de otro pakistaní. Este mismo juez ya había decretado en el mes de julio la deportación de otros dos inmigrantes detenidos también al ir a regularizar su situación. Ambos fueron expulsados pocos días después de una decisión judicial que les sitúa en un absoluto desamparo, pues es posible que su permiso de residencia sea aprobado mientras ellos se encuentran ya fuera del territorio del Estado al haber sido expulsados.

Es urgente responder a esta intensificación de la represión, que incluso pasa por encima de las propias leyes avaladas por este supuesto estado de derecho. No podemos quedarnos en silencio mientras la Delegación de Gobierno, la policía y los jueces cometen estos actos. Menos aún ahora que vemos que la frontera también se puede ver desde el otro lado, con tanta gente que tiene que emigrar de Asturies y del Estado español para buscarse la vida.

Por todo ello convocamos una concentración el viernes 6 Septiembre, 11h, frente al Juzgado de Guardia en Llamaquique, Oviedo donde se están decretando los internamientos y las expulsiones.