Pasacalles contra
el Racismo y la Xenofobia.
Sábado 14 de febrero, a las 12 hrs.
Desde plaza del Humedal.
El pasado
14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva licitación del
contrato relativo a los vuelos de deportación de migrantes. El título escogido
fue sumamente eufemístico: "Servicios de transporte aéreo para el traslado
de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde éstos a
otros países". Tras estas asépticas palabras, que bien podrían
corresponder a viajes de placer financiados por el Estado, trata de pasar
desapercibido un gasto público y un negocio de casi 12 millones de euros
-11.985.600 exáctamente- para la realización de vuelos exclusivamente dedicados
a la deportación forzosa de miles de personas.
Para llevarlos a cabo se pone en funcionamiento una amplia maquinaria policial
destinada a capturar a migrantes mediante criterios "raciales" y a
escoltarles a través de dispositivos en los que se ejerce una sistemática y
planificada violencia.
Esta violencia está respaldada por un Protocolo para las deportaciones que
permite a los cuerpos policiales una actuación tan impune que el propio
Ministerio del Interior, autor de este documento en la época de Rubalcaba, se
vio en la necesidad de recordar en el mismo que los escoltas no deben poner en
riesgo las constantes vitales de los deportados. Quizás el documento incluía
estas palabras porque cuarenta días antes Osamuyi Aikpitanyi había muerto
asfixiado en el avión después de que sus escoltas le amordazaran.
Tanto el contrato anterior como el que ahora se licita incluyen, además de los
vuelos directamente organizados por la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras, aquellos coordinados por España bajo el paraguas de la Agencia de la
UE para el control de las fronteras, FRONTEX. La licitación permite competir
por el contrato a empresas de la Unión Europea y también facilita a las
empresas la posibilidad de concurrir de forma coordinada a través de una Unión
Temporal de Empresas (UTE).
Air Europa y Swift Air concurrieron de este modo para llevarse el contrato
anterior, mediante el que han realizado aproximadamente -no hay datos
oficiales- unos 300 vuelos de deportación desde marzo de 2013 hasta el
presente, los cuales han podido alcanzar una facturación de unos 24 millones de
euros.
Hasta el momento, Swift Air se dedica en exclusiva a los vuelos internos (ya
que se incluyen también traslados entre Centros de Internamiento de
Extranjeros) y a los vuelos a Marruecos, mientras que Air Europa fleta los
grandes vuelos a América Latina, África Subsahariana, Europa del Este y Asia. A
Marruecos hay varios vuelos semanales; el próximo conocido fletado por Air
Europa será a Nigeria (quizás con alguna otra escala africana) el 5 de febrero,
por lo que la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE tiene activada una
alerta contra las redadas policiales racistas dirigidas a personas de nacionalidad
nigeriana.
En la
nueva convocatoria, llama la atención el importante incremento de la cuantía
por hora de vuelo respecto al contrato adjudicado hace dos años. Así, por
ejemplo, el precio por hora de vuelo (sin IVA) para aviones de más de 200 plazas
sube de 20.000 a 22.000 euros, un generoso incremento del 10%. En el caso de
los aviones de 121 a 200 plazas, la hora sube de 15.000 a 17.000 euros (13,33%
de incremento).
Para los aviones más pequeños, de 120 plazas o menos, antes había un único precio
-8.500 euros la hora. En la licitación de este año se diferencia entre aviones
de menos de 75 plazas, con un precio por hora de 9.000 euros; y aeronaves de 76
a 120 plazas -10.500 euros-, es decir, un aumento en este último caso del
23,52%.
En el año
2013, el grupo empresarial Globalia, del que forma parte Air Europa, no sólo
logró el contrato de las deportaciones, sino también un suculento contrato de
30 millones de euros con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, estas cifras
son migajas si las comparamos con el contrato que Halcón Viajes, del mismo
grupo Globalia, acaba de obtener: más de 200 millones de euros para gestionar
los desplazamientos y reservas hoteleras de la Administración pública española
durante los próximos tres años.
Efectivamente,
Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, y Abel Matutes, exministro
del gobierno Aznar y dueño de una porción del conglomerado empresarial, no
dejan de recibir buenas noticias -y grandes plusvalías- del Gobierno español.
La Mesa
de Contratación que decidirá sobre este macabro concurso estará presidida por
el Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del
Interior. Una vez resuelto, la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras
realizará al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de
vuelos a realizar, indicando itinerarios, número de personas a transportar y
fechas estimativas.
El
Ministerio del Interior exige a las empresas que compitan por este contrato una
cláusula de confidencialidad expresada en los siguientes términos: "Todos
los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar
(…), serán previa y adecuadamente instruidos (…) en el sentido de que deben
observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto
se refiere a los servicios objeto del mismo, como fechas, horas, aeropuertos,
número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general
cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión
policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a
bordo."
Por lo
visto, los mandos políticos y policiales planificadores de estos vuelos son
conscientes de su carácter escandaloso y atroz, y por tanto se preocupan de
garantizar que los mismos se realicen sin luz ni taquígrafos.
Por eso
hay una sala especial en Barajas para conducir a quienes van a ser deportadas.
Por eso los aviones despegan desde lugares alejados de las terminales. No
conviene que haya gente que pueda ver cacheos en el aeropuerto mediante desnudos
integrales, decenas de personas esposadas, escoltas policiales que doblan en
número a las personas deportadas, palizas camino del avión, inyecciones con
sedantes para aplacar a quien se resista.
Por eso, a veces, las palizas, las amenazas y las humillaciones se realizan
antes, en salas habilitadas en los CIE para tratar de garantizar la sumisión y
el miedo de quienes van a ser trasladadas al aeropuerto.
La
empresa que gane el concurso deberá expedir una factura por cada uno de los
vuelos que realiza, que desglosará los miles de euros vinculados a las horas de
vuelo, las características del avión, etc., junto a una lista de nombres y
apellidos de todas las personas deportadas, su nacionalidad y el aeropuerto de
destino. Obscenos documentos administrativos que, como los propios documentos
de la licitación, son el rastro que la burocracia estatal deja para la
Historia, las evidencias de que, aquí y ahora, el Estado español y la UE
cazaron, internaron, listaron y expulsaron a miles de personas.
La Ruta
Asturiana contra el Racismo.. se opone y condena estas
prácticas y expresará su rechazo el sábado 14 desde las 12 hrs.
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