Entre
los colectivos en lucha contra las fronteras circulan rumores que
alertan de un inminente vuelo de deportación a Senegal. Para cualquier
persona de nacionalidad senegalesa que no tenga papeles han saltado
todas las alarmas, pues el riesgo –siempre presente– de sufrir una
redada racista se multiplicará en los próximos días si se confirma que
el Estado español ha planificado uno o varios vuelos de deportación para
la segunda quincena de noviembre. En el patio del CIE y en las
asambleas de las asociaciones de sin papeles se susurran posibles
fechas. La tensión y el miedo se acumulan entre las posibles víctimas.
Pero también crecen la indignación, el apoyo mutuo y la voluntad de
resistir y luchar para acabar para siempre con las expulsiones.
Reconstruimos a continuación los detalles de uno de estos vuelos, que tuvo lugar en medio del más absoluto secreto. A
las once de la noche del jueves 26 de septiembre, un vuelo salió del
aeropuerto de Barajas con destino Dakar. El avión aterrizó en el
aeropuerto de la capital senegalesa cinco horas después. Tanto la salida
como la llegada de dicho avión –de AirEuropa,
la misma compañía que nos ofrece en su web vuelos baratos para
disfrutar de unas “vacaciones veraniegas” en el cálido Dakar en
cualquier momento del año– se realizaron con la mayor
discreción posible. La nocturnidad del vuelo y el hecho de que saliera
desde una pista alejada de miradas indiscretas nos ofrecen pistas sobre
el carácter de este viaje. Para un tercio del pasaje –alrededor
de un centenar de inmigrantes senegaleses, todos hombres, muchos de los
cuales se habían jugado la vida en el océano para hacer el trayecto
inverso– el despegue del avión era la señal definitiva de un verdadero drama. Para los otros dos tercios –policías nacionales ataviados con unos chalecos reflectantes– se trataba simplemente de un trabajo muy bien remunerado: la rutinaria tarea de escoltar un nuevo vuelo de deportación.
Los
inmigrantes, con los brazos inmovilizados mediante unas bridas de
plástico alrededor de sus muñecas, habían pasado las horas previas en
una sala del aeropuerto, fuertemente custodiados. Cheikh, uno de los
deportados –al que localizamos hace unos días en la ciudad senegalesa de Touba, a unas cuatro horas de Dakar–, relata indignado como los policías golpearon a uno de sus compatriotas por insistir en la petición de salir al baño.
En
los últimos años el Gobierno español ha expulsado cada año a más de
diez mil personas, el equivalente a cien vuelos como el que tuvo lugar a
finales de septiembre, aunque en ocasiones aprovecha vuelos comerciales
para incluir en el pasaje un pequeño número de personas para su
deportación. Cuando organiza vuelos especiales, estos requieren de una
cuidadosa y sofisticada planificación. En el caso que nos ocupa, el
Ministerio del Interior, con la complicidad del gobierno senegalés –que
puso todas las facilidades, a través de su embajada en Madrid, para que
muchos de sus ciudadanos fueran deportados sin pasaporte–, tuvo que
organizar la logística previa: contratar el avión, reservar la pista
alejada de la terminal, programar los traslados a Barajas desde diversos
lugares del Estado, destinar a un gran número de policías para la
ocasión, pactar y coordinarse con las autoridades senegalesas y, lo que
es más importante, cazar a la carga humana que debía llenar el avión.
En mayo de 2012 la Policía Nacional aprobó una directiva que decía terminar con los cupos de detención de inmigrantes –objetivos numéricos para cada comisaría–
y con las redadas racistas. Dichos cupos habían salido a la luz en la
época en que Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro del Interior. Sin
embargo, podemos afirmar no solamente que las redadas y cupos han
persistido a lo largo de toda la legislatura gobernada por el PP –tal y
como vienen denunciando, entre otras, las Brigadas Vecinales de
Observación de Derechos Humanos–, sino que la persecución, cada vez que
se planifica un vuelo –al menos varias decenas cada año– también puede
ser discriminada: los cupos de detención pueden afectar ya no a
cualquier inmigrante, sino a quienes tienen la nacionalidad para la que
se está preparando la deportación colectiva. La persecución de
senegaleses para llenar un avión responde a la misma lógica de aquella
nota policial interna que, en 2009, conminaba a detener marroquíes
porque era más barato deportarles.
Podemos imaginar el procedimiento. Una vez que el Ministerio del Interior cierra todos los detalles del vuelo, ordena a la Comisaría General de extranjería y fronteras
que cuantifique cuántos senegaleses pueden ser deportados desde los
Centros de Internamiento de Extranjeros. Asimismo, dicha Comisaría
General difunde la orden al resto de comisarías del Estado para dar caza
no ya a un cupo de inmigrantes, sino a un cupo de senegaleses, los
suficientes para acabar de llenar el avión. Así lo reflejan los
documentos expedidos con motivo de la expulsión de uno de los
deportados. Su abogada nos enseña el papel en el que se puede leer:
“Vuelo organizado por la Comisaría General de Extranjería y fronteras
con destino Dakar”.
Víctimas de esta persecución planificada, fueron detenidos –en las 72 horas previas a la salida del avión del 26 de septiembre–
dos inmigrantes senegaleses residentes en Asturias. A uno de ellos –que
la semana anterior había presentado la solicitud de permiso de
residencia y trabajo por arraigo social– le convocaron en las oficinas
de la Brigada Policial de Extranjería de Oviedo porque “había unos datos
que aclarar”. Desde allí fue llevado a los calabozos, donde le
retuvieron durante dos noches. Además de tener que aguantar durante
largos períodos sin poder salir al baño porque no le abrían la celda, la
Policía ovetense le ofreció dos alternativas: comer galletas durante
dos días o aceptar comida con cerdo, contraria a sus costumbres y
religión.
Los
dos detenidos fueron llevados a Madrid por una escolta policial. Cuando
llegaron a Barajas comprobaron la magnitud de la operación. Decenas de
compatriotas esperaban allí, retenidos por la fuerza en una sala del
aeropuerto. Una veintena aproximadamente procedía del CIE de Aluche;
otros habían sido trasladados desde el CIE de Zona Franca (Barcelona) y
de Zapadores (Valencia). Sin embargo, también había otros casos de
inmigrantes detenidos en los últimos días, y que por tanto venían
directamente de los calabozos. Serigne relata desde Dakar que uno de sus
compañeros fue detenido en Valencia por la calle, junto a su casa,
mientras caminaba a comprar el pan. Mbacke nos cuenta su propio drama:
fue capturado justo después de haber enviado dinero a su madre desde el
locutorio, cuando salía, en bicicleta, camino de su trabajo de
recolección de pepinos y pimientos en El Ejido. Otros senegaleses fueron
detenidos en Málaga, Zaragoza, Alicante, Mallorca, Almería, Salou… Hay
más casos –similares al de Asturies– de personas deportadas que llegaron
a presentar su solicitud de residencia. Y es que cuando la caza es
urgente –y hay que llenar rápido un avión–, los cuerpos policiales no se
andan con miramientos. Qué mejor momento que detener al senegalés justo
cuando acude a las oficinas de Extranjería a regularizar su situación
administrativa.
Una
vez en el aeropuerto de Dakar, los policías y la tripulación del vuelo
no llegaron a salir del avión. En la puerta de salida, un funcionario
entregaba un sobre a cada inmigrante con cincuenta euros en su interior.
En la pista, junto al avión, decenas de policías senegaleses esperaban a
los deportados para revisar los documentos que portaban y entregarles, a
su vez, 10.000 francos CFA, el equivalente a 15 euros, pues –decían–
sabían que tenían que llegar hasta sus casas, muchas veces alejadas de
Dakar. El cómplice gobierno senegalés realizaba esa aportación después
de haber puesto todas las facilidades para las deportaciones.
Entre los inmigrantes, algunos habían podido llevarse una maleta con algunas pertenencias. Otros llegaban sin nada.
La muerte de Osamuyi y el protocolo de actuación en las repatriaciones
El
9 de julio de 2007 Osamuyi Aikpitanyi murió asfixiado en un vuelo de
repatriación después de que los escoltas policiales le amordazaran y
sellaran su boca con cinta adhesiva. Casi cinco años después, una
sentencia condenaba a 600 euros de multa a los policías y los eximía de
responsabilidad por la muerte de Osamuyi. En el mes de julio de 2007,
pocos meses después de que aquel avión con destino a Nigeria aterrizara
en Alicante con el cadáver del joven inmigrante, el Ministerio del
Interior –dirigido entonces por Rubalcaba– aprobó un Protocolo de
Actuación para las repatriaciones. Dicha normativa incluye el uso
policial de guantes de látex, lazos de seguridad, mascarillas
sanitarias, monos para vestir a los expulsados que los necesiten, cascos
de autoprotección para los repatriados violentos, que impidan que se
autolesionen, cinturones y prendas inmovilizadoras homologadas, cinta
reforzada, etc. Determina además la asignación de una zona segura en el
aeropuerto o puerto de salida para garantizar un agrupamiento discreto.
El Jefe del Dispositivo –continúa el Protocolo– informará a los
repatriados, haciéndoles saber que redundará en su beneficio cooperar
plenamente con los escoltas. (…) No se tolerará ningún comportamiento
perturbador (…). Todos los repatriados serán sometidos a un cacheo
personal meticuloso. (…). Si hubiera que enlazar a algún adulto será
previamente separado de los menores.
*
La firma colectiva de este texto expresa el amplio proceso de
colaboración entre diversos colectivos sociales en lucha contra las
fronteras. Organizaciones sociales de Valencia, Madrid o Asturias han
aportado información imprescindible para la reconstrucción de estos
hechos. También ha sido esencial el testimonio de varias de las personas
deportadas, con las que hemos podido conversar desde sus localidades de
origen en Senegal.
Entre
el 5 y el 8 de diciembre, en Madrid, las resistencias contra la
política migratoria española se reforzarán aún más a través del
Encuentro Estatal contra los CIE.
