Javi llegó a España en junio de 2009. La Cruz Roja, en Bogotá, había organizado un curso en colaboración con las autoridades españolas para seleccionar a personal que trabajase de socorrista en la temporada de verano. Así aterrizó Javi, junto a otras decenas de compatriotas, en Madrid: durante cinco meses -esa era la duración del contrato firmado en el país de origen- trabajó en las piscinas de la capital. El viaje de ida y vuelta corría de su cuenta. También el alojamiento y la comida.
Cuando pasaron los cinco meses, decidió quedarse. No se subió al avión de vuelta. Durante los casi cinco años que pasó en España -se dedicaba a dar clases de danza y capoeira-, sufrió en tres ocasiones identificaciones racistas: dos veces en Madrid (en la calle, año 2010, y en el metro, año 2011) y una vez en la estación de tren de Granada (diciembre de 2012).
En una de las ocasiones le abrieron un expediente de expulsión, pero Javi pudo presentar recientemente una solicitud de permiso de residencia por arraigo social. Había logrado un contrato en un gimnasio. Y estaba a la espera de la resolución del procedimiento.
Sin embargo, unas semanas antes de la fecha del avión de deportación programado para Colombia, dos policías se presentaron en su casa. Al principio querían que les acompañara, aunque finalmente solo le pidieron una fotocopia de su pasaporte. Días después, Javi recibió una llamada de la policía. Le requerían para que se pasara por comisaría, con los papeles de la solicitud de arraigo, para hacer unas comprobaciones. Fue, acompañado de su novia. A ella ya no la volvió a ver. Le arrestaron y le impidieron recibir asistencia jurídica. Era el lunes 24 de febrero, por la mañana, y estaba en Castellón, el lugar donde vivía.
De allí, esposado, le trasladaron a Valencia, donde pasó la noche. Por la mañana, una familiar de su novia logró contactar con la comisaría donde estaba retenido. Al interesarse por él, la policía la engañó diciéndole que Javi ya estaba volando hacia Colombia. Horas después, entre las 15 y las 16h del martes 25 de febrero, tres furgones policiales salieron de la comisaría valenciana rumbo a Barajas. En el vehículo donde llevaban a Javi iban otras 5 ó 6 personas deportadas.
En la sala a donde les condujeron en el aeropuerto, todos esposados, había -según calcula Javi- unas 60 o 70 personas a la espera de su deportación. El avión -de
Air Europa- iba abarrotado, pues la escolta era aproximadamente del doble de policías.
Para entrar en el avión les embridaron -Javi tiene la sensación de que era una especie de cuerda, no un material plástico, lo que sujetaba sus muñecas...-.
Desde la Campaña por el cierre de los CIE siempre hemos denunciado la política del Gobierno de justificar las expulsiones por los antecedentes penales de las personas deportadas. Esa voluntad de dividir entre inmigrantes buenos y malos, integrados y rebeldes, opaca en realidad una práctica basada en la doble condena y en la criminalización de la población inmigrante; y en su señalamiento como delincuentes y causantes de la “inseguridad ciudadana”.
El caso de Javi demuestra que la justificación, además de perversa, es mentirosa:
es falso que se deporte exclusivamente a personas con antecedentes –las llamadas expulsiones cualificadas, si nos atenemos al
término acuñado por Rubalcaba. Javi no tiene antecedentes penales, y podría ser un ejemplo -incluso para el Gobierno- del inmigrante bueno: artista, difusor de la capoeira libre en múltiples actividades gratuitas en Madrid y Asturies, colaborador voluntario en actividades para las personas sin recursos en Castellón.
La maquinaria de los vuelos, una vez que se pone en marcha, es tan brutal que ni siquiera distingue -para facilitar las mezquinas autojustificaciones del Ministerio del Interior- entre unos casos y otros. El objetivo de llenar un avión pasa por encima de cualquier consideración. Se deporta a personas “integradas” y a personas “rebeldes”. A personas solas y a quienes dejan una familia en España. A hombres y a mujeres. A quienes llevan en el estado unas pocas semanas y a quienes viven en él desde hace más de veinte años.
Y cada vez que una persona deportada encuentra un altavoz para dar a conocer los detalles de los vuelos, la propaganda gubernamental -y con ella el Ministro del Interior- quedan en ridículo.
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