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Centro de Menores de Sograndio. Foto/ Mario Rojas.
Castigos desproporcionados y arbitrarios, violencia, rebeliones, intentos de fuga y de suicidio, incendios… el Centro de Internamiento de Menores de Sograndio parece algo peor que una cárcel para niños, según los ingresados, sus familiares, los propios trabajadores y los vigilantes, que responsabilizan al equipo directivo y han llevado sus denuncias al Defensor del Pueblo, que advierte de que no se cumplen buena parte de sus recomendaciones para prevenir la tortura.
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*Todos los nombres recogidos en el reportaje son seudónimos por razones de privacidad de los menores y de evitar represalias laborales hacia los trabajadores del centro. La Ruta contra’l racismu pone a disposición de las familias y los jóvenes que han pasado por Sograndio el correo rutasograndio@nodo50.org para que puedan compartir sus experiencias y crear una red de apoyo
Patricia Simón / Periodista.
Cuando Jesús tenía siete años le robaron la bici. Su padre le pegó una paliza y le mandó de vuelta a la calle a recuperarla. Le dijo que no volviera sin ella porque lo mataba. A los once, le abrió la cabeza a golpes. Su padrastro tuvo que ir a buscarlo de madrugada. Estaba escondido detrás de unos cubos de basura en una carretera rural. A los dieciséis, estaba en el Centro de Menores infractores de Sograndio, el único en la región para adolescentes con condenas, cumpliendo tres meses por robo y estafa, por comprar con billetes falsos.
Al mes, disfrutaba de su primer permiso de salida de fin de semana. Era el premio, según Amelia, su madre, por chivarle información sobre otros internos al director del centro, Manuel Ramos. A los diecisiete, Jesús vuelve a Sograndio, de nuevo, por robo, como el 90% de los internos. Ya no está dispuesto a hacer de topo y a la vuelta de su primera salida de fin de semana le hacen una analítica. Da positivo en Tranquimazín. Él lo niega y pide, junto a su madre, la repetición de la prueba. Según Amelia, a la que su exmarido había machacado a base de palizas hasta el punto de romperle una vez cuatro costillas y provocarle un aplastamiento de la pleura pulmonar, Ramos le amenaza con suprimirle todos los permisos de salida si siguen adelante con su reclamación.
“Le decía que iba a acabar como su padre, yonqui y en Villabona, que cómo le iba a querer su padrastro siendo como era, que le dijera a la loca de su madre que dejara las cosas como estaban”, cuenta. Se echan atrás por temor a las represalias. La sanción impuesta por el ansiolítico es impedirle que pueda continuar con sus estudios en la Fundación Laboral de la Construcción. Su educadora y su profesor le piden al director que le permita seguir formándose ya que era palpable su motivación, además de ser la herramienta más eficaz para su reinserción. La dirección se niega y pasa los tres meses que le quedan de internamiento viendo pasar las horas o encerrado en la habitación de aislamiento.
Rubén pasó 21 días encerrado en una de estas salas. Cama, mesa y silla de hierro. Hasta la inspección del Defensor del Pueblo de España en 2013, que identificó numerosas irregularidades en el funcionamiento del centro, la ventana permanecía siempre abierta, por lo que Rubén se congela por las noches. El agujero en el suelo en el que tienen que hacer sus necesidades despide un olor putrefacto. Rubén había tomado unos tranquilizantes que otro de los internos había guardado de los que recetan en el centro a los menores con problemas mentales. Orphidales, Tranquimazines, Transiliums eran empleados habitualmente hasta hace unos años como una manera de apaciguar a los menores. Drogado, Rubén intenta escapar pero es interceptado. Tras encerrarle, un guardia de seguridad da la voz de alarma. El chaval necesita urgentemente ir al hospital por los efectos de los ansiolíticos. Tras ser atendido intenta escaparse de nuevo y la policía lo derriba, lo esposa y le aplasta la cabeza contra el suelo bajo su rodilla. Le rompen cuatro dientes –visiblemente reconstruidos–. Cuando vuelve al centro le muestra a Ramos el resultado de la agresión. “Pues a aislamiento, para que reflexiones”, dice Rubén que le contestó el director. Con el dolor de los dientes rotos y una infección en las encías pasó 14 días sin más atención médica que los calmantes que le recetó la ATS del centro. Aún pasó una semana más de encierro.
Puesto que el reglamento de la Ley del Menor establece que no pueden pasar más de 7 días aislados, pasado este plazo le sacaban a una estancia cerrada durante media hora para reiniciar el castigo. El Defensor del Pueblo ha llamado la atención en sucesivas ocasiones por el excesivo empleo de la medida de aislamiento en Sograndio, que debe limitarse a “razones terapéuticas y de seguridad (…) siendo proporcional a la infracción cometida y por el período de tiempo más breve posible” según este organismo. En 2013, de los 79 expedientes incoados contra menores por la dirección del centro asturiano, 78 fueron resueltos con encierros en estas llamadas ‘camarillas’.
En junio de 2015, la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (AVISPA) presente una queja ante la Defensoría por la situación “caótica” que vive el centro, denunciando que los internos sufren “castigos desproporcionados y arbitrarios, ordenados por la propia Dirección del Centro en base a criterios personales y no objetivos o pedagógicos”. El organismo vuelve a enviar un equipo de técnicos, que comprueba que la sanción de aislamiento sigue empleándose de manera frecuente y alargándose excesivamente, cuando según esta institución deberían priorizarse castigos alternativos como “la privación de salidas de fines de semana o recreativas”. Sograndio incumple 11 de las 41 recomendaciones del Defensor del Pueblo recogidas en su último informe de prevención de la tortura para los centros de menores.
“Cuando salí de Sograndio para la graduación de mi hermana, tuve que salirme de la celebración porque me ahogaba, no podía estar entre tanta gente. Sentía como si estuviera andando con un vaso encima de la cabeza, que tienes que ir muy despacio para que no se caiga”, nos explica Rubén a la salida del instituto, donde ha retomado sus estudios. Según la resolución 45/113 de la ONU (“Reglas para la protección de los menores privados de libertad”), “estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias (…) que constituyan un trato cruel e inhumano, la reclusión en celda oscura, y las penas de aislamiento o de celda solitaria”.
Todos los testimonios de menores recogidos en este reportaje han sido corroborados con los trabajadores del centro que convivieron con ellos durante los hechos.
El uso de grilletes solo está autorizado como medida de contención hasta que el menor se calme. Sin embargo, no son infrecuentes casos como el de Rubén, que llegó a quedarse dormido esposado en una silla después de más de seis horas en esa posición. “Por supuesto que los grilletes son, en ocasiones, necesarios, como cuando intentan autolesionarse. Pero no durante tantas horas como a veces se les dejan puestos. Y, además, si nos dejaran a los educadores hablar con ellos podríamos intentar calmarles, pero no nos dejan”, nos cuenta un/a educador/a.
“He visto chavales esposados de manos y pies en una cama y un vigilante pegándoles, porque Manolo les ordena contundencia. Había un chaval que sacó la ESO estudiando solo, porque el director no autorizó que fuera a la escuela. No le soportaba porque si no le ríes las gracias, te cruza. Pese a todo, gracias a nuestra insistencia, terminó accediendo a una plaza en una escuela taller y estaba feliz porque su novia estaba embarazada y pensaba que con esta formación podría sacarle adelante. El mismo día que iba a empezar el curso, Manolo ordenó una analítica. Dio positivo en Tranquimazín. Lo había tomado para dormir porque estaba nervioso con la oportunidad que se le presentaba. Como castigo le retiró los permisos para asistir a la escuela taller. El muchacho lloraba y gritaba: ‘Manolo mátame ya’. Los vigilantes lo llevaron a la cámara de aislamiento y lo ‘engrilletaron’ a la cama. Cuando subo a verle, el director había ordenado a un profesor de talleres que arreglara justo en ese momento una rejilla taladrando en la pared que estaba justo a la altura de su cabeza”.
Un interno en el interior del centro. Foto / Mario Rojas.
El testimonio es solo uno de los numerosos que hemos recogido de trabajadores del centro, ex presos, familiares de éstos y el portavoz de la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias, Jorge Fernández. Aluden a castigos desproporcionados y arbitrarios, extorsión y chantaje a los menores para que les chive información sobre otros internos o sobre los trabajadores a cambio de privilegios que, según el reglamento de la ley, son derechos fundamentales como las salidas, la formación, la comunicación por teléfono y escrito, así como visitas con sus familiares y amigos. En general, solo autoriza visitas de los progenitores.
Alberto protege en su regazo a su cachorro de dos meses. “Son muy listos, cuando estás triste vienen y te lamen”, dice. Tiene 18 años, no conoce a su padre y, como el resto de los jóvenes entrevistados, no niega sus delitos, también consistentes en robos. “Empiezas robando una bici, después un quiosco, te ves con dinero y quieres más. En realidad no necesitas más, pero piensas: ¿por qué no voy a vivir bien todas las semanas?”.
El edificio central de Sograndio está dividido en cuatro plantas, destinadas, respectivamente, a los menores de 16 años, mayores de esta edad y las chicas. La primera, el módulo de separación interno, estaría destinada a los conflictivos, los que cada vez cometen delitos más graves o los que requieren una atención más individualizada a su llegada al centro. Aquí terminó Alberto, pese a la oposición de sus educadores por su buen comportamiento, en un área en la que los 5 menores que suelen estar de media no pueden tener contacto con el resto de los internos y con muchas más barreras para acceder a permisos de salida. Según varias fuentes, en la actualidad el módulo interno aloja cuatro perfiles de muchachos: “conflictivos, reincidentes, fuguistas y desgraciados, es decir, a los que el director tiene enfilados”.
En estos momentos hay un menor que lleva 16 meses encarcelado en esta planta. Entró con 16 años. Tras cuatro meses sin sanciones por mal comportamiento, se le iba a conceder permiso para salir el fin de semana. Durante dos días se ausentó de los talleres por encontrarse mal y la dirección ordenó una analítica, que dio positiva en estupefacientes, por lo que se le retiró el permiso. Varios trabajadores del centro dudan de la veracidad de los resultados. “Es un niño que nunca tenía que haber estado en esa planta porque no es conflictivo, es inquieto y muy inteligente. Pero como no le ríe las gracias a Manolo lo tiene cruzado”, nos dicen. Una expresión empleada habitualmente por Ramos con respecto a los castigos a los adolescentes es: “Hasta que aplomen”, según cuentan.
“Cuando llevaba un mes ahí, viendo siempre a los mismos cuatro chavales, cinco educadores y cinco vigilantes, solo pensaba en que pasaran los días. Estuve seis meses y medio hasta que tuve mi primer permiso de fin de semana. Pero a los 8 meses me fugué porque sabía que la iba a liar dentro, estaba que iba a explotar y no quería joder todo lo bien que me había portado los meses previos”, dice Alberto. Según los educadores entrevistados, el auge de las fugas –este verano había un 25% de los 35 presos fugados– tiene relación directa con la drástica reducción de los permisos de salida impuesta por la dirección. “Según el reglamento, el centro está para enseñarles a vivir en la calle porque es adonde van a volver. Una condena para un menor es equivalente a cuatro veces la que sería para un adulto. Se fugan cada vez más porque están más hartos de la arbitrariedad, porque el personal estamos más hartos, porque tienen a los buenos educadores aislados. Antes había menos fugas porque los chavales se comprometían con los educadores y las medidas. Pero si el ambiente es insano, ¿qué les une al centro?”, explica una de las personas que trabajan en Sograndio. “No es la cárcel, estamos ahí para que nos ayuden, no para que nos jodan más”, nos dice Alberto, que se entregó tras pasar las Navidades junto a su familia.
“A mí me han pegado algunos guardias, no como los policías, pero sí de dejarme marcas. Pero, ¿qué vas a decir? No soy un chivato y, además, lo hacen porque Manolo les obliga y tienen miedo a que les echen”. Los tres ex internos entrevistados denuncian haber sufrido violencia física por parte de algunos vigilantes, algo que confirman trabajadores del centro. Según Jorge Fernández, portavoz de la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (AVISPA), los guardias reciben directrices directas del director en este sentido: “Nos consta que se ha ordenado de forma verbal mano dura contra los chavales. No lo hemos denunciado porque no podemos demostrarlo”. Y añade sobre la denuncia por castigos desproporcionados a los internos que presentaron que “no todos los vigilantes cumplen las órdenes porque, tal como recoge nuestro reglamento, deben ser presentadas por escrito y ajustadas a la legalidad. Pero hay otros que sienten la presión laboral y obedecen (…) El director del centro actúa como un terrateniente, quiere emplear a los guardias como su propio cuerpo paramilitar, pero son profesionales y no van al trabajo a descargar su ira”.
Desde noviembre de 2014, la empresa contratada por el Gobierno del Principado de Asturias para vigilar Sograndio es Alcor, que está siendo investigada por presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social en varias Comunidades Autónomas. El 16 de octubre fueron detenidos para prestar declaración el gerente de la empresa, Carlos Somoza, y la jefa de seguridad de Sograndio, Belén Rodríguez, quien según el informe policial de la Jefatura Superior de Asturias, al que ha tenido acceso ATLÁNTICA XXII, es “cooperadora necesaria en la comisión de varios delitos”. Una investigación que lleva desarrollándose desde hace más de un año y que ha puesto “en evidencia aspectos muy relevantes de las actuaciones irregulares de esta empresa” en Asturias.
AVISPA ya había interpuesto 16 denuncias contra esta empresa por retrasos en los pagos a los guardias de este centro, el de Miraflores y de la Ciudad Residencial de Perlora, algunos de los organismos cuya vigilancia le adjudicó el Gobierno asturiano. Alcor no está adscrita al convenio nacional de tablas salariales en seguridad. Un vigilante de Sograndio cobra unos 1.100 euros de media, 300 menos que en la mayoría de las otras empresas del sector. El contrato para este centro asciende a 2,8 millones de euros anuales por 35 vigilantes, 5 por turno, uno menos que con la anterior empresa. Solo en lo que llevamos de 2015, se han producido en Sograndio 5 fugas y varios intentos fallidos.
Expulsiones de extranjeros
Pero lo que hizo dar el paso a 19 educadores y dos educadores auxiliares de hacer público un comunicado denunciando una gestión autoritaria y arbitraria del centro fue la detención en septiembre de E.M.D. por parte de una patrulla de la Brigada de Extranjería dentro del propio centro el día en que iba a ser puesto en libertad para proceder a su deportación (ver web de ATLÁNTICA XXII). “El joven y su familia desconocían que esto fuera a suceder. Nos preguntamos si éste es un modo de proceder habitual con las personas que finalizan una medida o pena privativa de libertad”, denunciaban en el escrito. La Policía no tiene acceso a las fechas de salida de los internos por lo que los abogados de E.M.D. entienden que tuvo que ser la dirección de Sograndio la que le informó con antelación para que le detuvieran. Fuera le esperaba su familia, todos con permiso de residencia y trabajo en España, incluida su abuela. E.M.D. llevaba en España desde los 4 años, pero fue deportado a Bogotá, donde no conocía a nadie ya que ni siquiera era la ciudad de origen de su familia.
Los trabajadores del centro explicaban en su comunicado que, cinco días antes de su puesta en libertad, E.M.D. tenía una cita en el Consulado de Colombia para regularizar su situación legal. Sin embargo, el director impidió que acudiera argumentando alto riesgo de fuga. “Desconocemos las razones que motivan esta actuación, pero extraña que se calificara con tan alto nivel de riesgo de fuga esta salida cuando el interno finalizaría su medida cinco días después”, exponían.
Esta situación ya se había dado un año antes, cuando un joven de origen marroquí fue detenido en la sala de visitas del centro el día que recuperaba la libertad para ser deportado en las horas siguientes. Sus educadores se despidieron de él sin saber la suerte que le esperaba.
La situación en Sograndio no ha dejado de empeorar en los últimos meses. A las denuncias públicas de los trabajadores, se han sumado los intentos de fuga, dos incendios provocados por los propios menores en las cámaras de aislamiento –“¿Qué le lleva a una persona a prender fuego en una habitación en la que está encerrado sabiendo que el vigilante que tiene la llave no está cerca?”, espeta un/a educador/a– y un presunto intento de suicido.
En este último caso, el menor, que se encontraba en la sala de aislamiento el mismo día en que fue ingresado, fue obligado por la dirección a ir a un taller media hora después de que, supuestamente, intentara ahorcarse. Vigilantes y educadores/as no entienden por qué no fue atendido por el personal psicológico, en lugar de ser enviado a un espacio con herramientas peligrosas para su integridad. Ante las críticas públicas que suscitó esta decisión, la Consejería de Presidencia, de la que depende Sograndio, manifestó que el centro cuenta con un Protocolo Antisuicidios –un mecanismo que el Defensor del Pueblo ya había pedido que se desarrollara en su informe de 2013– y que se había cumplido estrictamente. ATLÁNTICA XXII ha tenido acceso al Proyecto educativo del centro de Sograndio, donde no aparece recogido ningún protocolo de estas características.
Concentración en septiembre de la Ruta contra’l Racismu por la deportación exprés de un joven que estaba ingresado en Sograndio. Foto / Pablo Lorenzana.
Manuel Ramos lleva desde 1989 dirigiendo Sograndio en una plaza que es de libre designación por el Gobierno de turno. Han pasado varios y la figura de Manuel Ramos es incuestionable. “No entendemos por qué no se acepta ninguna crítica al modelo de gestión de este centro, ni por qué piensan que todos los trabajadores que firmamos estos comunicados tenemos una animadversión personal contra Ramos, ni por qué no se plantean que quizás tengamos algo de razón”, dice un/a educador/a del centro.
Hasta el año 2000, solo los menores de 16 años cumplían condena en Sograndio. Con la reforma de la Ley del Menor de ese año, se amplió la edad para este tipo de encarcelamientos hasta los 18, que se pueden alargar hasta los 21 en casos excepcionales. Sin embargo, ya ha habido dos jóvenes que solicitaron cumplir el resto de su condena en la prisión de Villabona una vez alcanzaron la mayoría de edad. Según los educadores, la razón es porque piensan que allí las reglas serán claras mientras que en el centro están al albur de las decisiones personales del equipo directivo. Un trabajador del centro advierte de que el problema no se limita exclusivamente al director, sino a las prácticas que ha implantado y que ha asumido y normalizado el equipo de coordinación que trabaja con él desde hace dos décadas. “Hace unos años sí se podía trabajar. Pero lo que era una encomiable dedicación del director terminó convirtiéndose en una obsesión”.
A lo largo de este año ha habido picos en los que dos de los cuatro educadores de la primera planta y el 40% de los vigilantes han estado de baja, una parte significativa de ellos, según dicen desde ambas áreas, por depresión y estrés laboral. Según trabajadores del centro, en las casi tres décadas de existencia de Sograndio se han abierto 6 expedientes contra educadores y auxiliares, cuatro de ellos en los últimos 9 meses. Tres fueron contra personas que se han posicionado públicamente contra la dirección del centro. Han sido archivados.
“El problema de Sograndio es la gestión, muy autoritaria, arbitraria y muy metida en las pequeñas cosas. Se ningunea y hostiga a la plantilla continuamente desde el equipo directivo, no tienen en cuenta nuestro criterio a la hora de tomar decisiones. Yo no digo que lleve siempre la razón, pero sí que pueda transmitir información porque paso 8 horas con los chicos. Pero que nos desprecien porque digan que estamos siendo manipulados por ellos hace que nos sintamos pisoteados como profesionales”, dice un/a educador/a.
Recientemente se les ha prohibido a los educadores del módulo interno salir sin pedir permiso a los coordinadores y, según AVISPA, la dirección ordena a los guardias que vigilen a los educadores.
“Lo que está ocurriendo en Sograndio es muy grave porque tenemos una responsabilidad enorme, es una inversión social: si no se hace bien, además de los costes humanos para los chicos si continúan delinquiendo están los económicos para toda la sociedad”, reflexiona un trabajador del centro.
El último incidente grave fue el pasado 1 de enero, provocado por varios internos que llegaron a retener a algunos educadores en lo que algunas fuentes calificaron de motín, aunque en la Consejería no le dieron tal trascendencia. Los responsables acabaron en celdas de aislamiento tras la intervención de los guardias de seguridad.
La reinserción no solo depende del centro porque, como explica uno de los educadores, “los chavales vuelven a su entorno social: familias desestructuradas, falta de atención y protección, problemas de violencia y drogodependencias… Pero si el centro funcionara mejor, si las decisiones fueran tomadas de manera multidisciplinar contando con todo el equipo, si se tuviera como referencia la vuelta a la vida en la calle, sí que tendrían más oportunidades para mejorar sus vidas”.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 41, NOVIEMBRE DE 2015
Publicado el enero 18, 2016
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