¿Las ONG llevarán la gestión de los CIE?

Hasta el momento, y a falta de un reglamento que regule las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), han sido los jueces de control de estos centros —especialmente los tres de Madrid— los que han suplido las carencias legislativas que han provocado que las normas que se aplican en cada uno sean muy distintas. El Consejo General del Poder Judicial reunió hace tres semanas a los magistrados de los nueve centros que hay en España para intercambiar experiencias, crear un foro virtual para que puedan estar en contacto, tratar de unificar criterios —de forma que el interno de Algeciras reciba un trato similar al de Madrid, por ejemplo— y hacer algunas sugerencias para el nuevo reglamento, según indica el vocal del Consejo José Manuel Gómez Benítez.

Una de estas recomendaciones incluye una de las cuestiones más controvertidas en torno a los CIE, y algo que aún no ha sido resuelto por el Ministerio del Interior: la conveniencia de que no convivan en el mismo espacio extranjeros que han delinquido con aquellos que no lo han hecho y que solo están allí por mera estancia irregular en España, por no tener papeles.

 

El ministerio, que está en estos momentos elaborando el reglamento, no ha decidido aún sobre esta cuestión. En principio, según señala un portavoz del ministerio, tienen la voluntad de separar a los extranjeros delincuentes de los que no lo son; pero se trata de una medida que presenta problemas arquitectónicos y de espacio, porque exigiría, por ejemplo, duplicar el número de estancias comunes, entre otras cuestiones. Es decir, haría falta una inversión económica para solventar el problema.

 

El esbozo de reglamento que maneja el ministerio no se pronuncia sobre este tema por el momento; es decir, el ministerio no se obliga a separar en el futuro a los extranjeros con antecedentes penales o policiales de los que no los tienen.

 

El ministerio sí tiene la intención, según explican desde el departamento de Jorge Fernández, de que los CIE se centren fundamentalmente en las llamadas “expulsiones cualificadas”; es decir, en las que media delito, y que los internos sobre los que solo pese la acusación de estancia irregular en España sean pocos. Pero, según señalan fuentes del departamento, el reglamento no prohibirá que se lleven a cabo este último tipo de internamientos. Se tratará, como en el caso de separar a los que hayan delinquido de los que no, más de una voluntad que de una obligación.

 

Los jueces acordaron otra serie de cosas que sí están ya incluidas en el esbozo de reglamento del ministerio, algunas de cuyas medidas fueron ayer adelantadas por El Periódico de Catalunya. Por ejemplo, recomendaban que la policía en el CIE se centrara en labores de seguridad y que fueran asistentes sociales los que se ocuparan de la gestión del centro. Ese punto está previsto en el borrador. El ministerio ha optado por que no sean funcionarios públicos (trabajadores sociales, por ejemplo) sino las propias ONG las que, a través de convenios con la administración central, se encarguen de la gestión interna de los CIE.

 

Con algunas de ellas se reunieron el miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. En principio, según indican fuentes del ministerio, se cerrará un convenio para cada uno de los nueve centros. Pero tampoco elimina la posibilidad de que alguna de las organizaciones se encargue de la gestión de varios CIE o incluso de todos. Se trata de flecos que deben aún cerrarse.

 

(Noticia publicada en El País)

¿No son de los nuestros?

Desde hace unas semanas están apareciendo casi diariamente en la prensa informaciones sobre hechos violentos relacionados con menores inmigrantes acogidos en distintos centros de Oviedo. Ante estas noticias, desde la Ruta contra’l racismu y la represión queremos plantear una serie de reflexiones: 

 

¿Quiénes son esos menores, de dónde vienen y por qué están aquí?

Parecen preguntas muy fáciles de responder: son de África, no nos sabemos sus nombres porque son muchos y están aquí porque no quieren vivir en su país. Todo es más fácil para ellos, el gobierno les da un sitio donde dormir y no tienen que trabajar.

¿De verdad nos creemos estas respuestas? Quizás su situación no sea tan fácil como parece. Para empezar podríamos preguntarnos cómo llegan hasta nuestras ciudades, cómo realizan el viaje desde su lugar de origen: casi siempre en los bajos de un camión o en una patera arriesgando sus vidas. Muchos de ellos inician el viaje con once, doce o trece años. ¿Nos imaginamos a nuestros hijos, nietos o hermanos teniendo que hacer ese viaje, solos, sin saber lo que les espera cuando lleguen, sin poder comunicarse con sus familias durantes semanas o meses?

Pero, ¿por qué se van? Acaso es por la aventura, porque se aburren en casa… ¿No será porque no tienen otra salida? Sus condiciones de vida son muy precarias. No tienen acceso a la educación, la sanidad o el trabajo. En muchos casos, ese viaje en el que arriesgan sus vidas es la única opción.

Si aparecen en el periódico, por algo será… ¿Seguro?

Los medios de comunicación nos muestran, casi siempre, a estos menores vinculados con titulares que hablan de violencia, robos, etc. Pero muy pocas veces hacen el esfuerzo de explicarnos la noticia completa, de darles voz para que puedan defenderse de acusaciones que en muchas ocasiones resultan ser falsas o nada imparciales.

Los medios de comunicación lanzan acusaciones, hablan de bandas y criminalizan sin pruebas a los menores. Crean una imagen muy negativa de ellos de forma completamente irresponsable. Esta imagen acaba por ser la única que, una y otra vez, se traslada a la sociedad ya que estos menores (o los colectivos que trabajan con ellos) difícilmente pueden acceder con su discurso a tantas personas como lo hacen los medios.

¿Y que hace la Consejería de Bienestar Social?

La Consejería tiene la tutela de los menores, es decir, es la responsable de su situación aquí. ¿Cómo lo hace? En principio a través de centros públicos que se encargan de proporcionarles alojamiento, educación y cuidados. 

 

Eso sería lo ideal, pero en realidad la Consejería ha ido privatizando los centros y dejándolos en manos de empresas que se encargan de gestionarlos y de cobrar por cada uno de los menores que reciben.

¿Qué supone la privatización? Seguro que nos suena: educadores y cuidadores con salarios precarios y sobrecargados de trabajo, centros en malas condiciones, falta de seguimiento en los programas educativos, menores en situación de desamparo… ¿Admitiríamos eso para nuestros menores? ¿Y por qué para estos sí? ¿No son de los nuestros por venir de otro país? 

 

Defendemos que las personas deben tener derecho a quedarse en sus lugares de origen, pero siempre y cuando sus condiciones de vida lo permitan. Si no es así y se ven obligadas a buscar otra salida, como en el caso de los menores, no podemos desentendernos y mirar hacia otro lado.

La inmigración ya no es un fenómeno extraño para nadie. La mayoría de nuestras familias están formadas por gente que viene de otras regiones del Estado español, de otros países del mundo, de otros colores y acentos. Hace tiempo que pasaron a ser de los nuestros.

La Tenderina protesta, pero no se libra de los robos 

Ocho horas después de que dos mil personas recorrieran las calles de la Tenderina para pedir el fin de los actos vandálicos en el barrio, dos jóvenes asaltaron de madrugada una sidrería de la zona por el método del alcantarillazo.

M. L. B. H., de 20 años, natural de Marruecos y con domicilio en Oviedo; y A. G. M., de 18 años, nacido en Gijón y vecino de Avilés, arrancaron la tapa de un registro de agua y la estrellaron contra la puerta del establecimiento, ubicado en la avenida de Torrelavega. Varias dotaciones de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos tras recibir la llamada de un vecino en torno a las cuatro de la mañana e interceptaron a los dos jóvenes portando una caja registradora. Al percatarse de la presencia de los agentes, soltaron la caja y huyeron en dirección a la calle de la Tenderina, donde fueron detenidos, acusados de un supuesto delito de robo con fuerza. A. G. M., cuenta con cinco detenciones por delitos contra el patrimonio y M. L. B. H., fue arrestado quince veces por la misma causa. Ambos jóvenes serán juzgados hoy en una vista rápida.

La sidrería abrió ayer sus puertas y los trabajadores daban gracias «porque la cosa no haya pasado a mayores y no lograsen abrir la caja para robar la recaudación». Pese a que hace tres días la Consejería de Bienestar Social cerró el piso de acogida de la calle Comandante Janáriz gestionado por la ONG Trama, donde residían cuatro menores conflictivos, el ambiente en el barrio es tenso ya que algunos vecinos aseguraron haber visto ayer a «los mismos grupos de salvajes de siempre caminando por aquí». El Principado trasladó a los chicos a otro centro asistencial, pero los residentes insisten en que los actos vandálicos provienen de grupos de jóvenes de más de diez personas. Así lo aseguraba ayer durante la manifestación la presidenta de la Asociación de Vecinos «San Javier», Sonia Rodríguez, que insistía en que no todos los delincuentes proceden de Marruecos.

El presidente de la asociación de alianza hispano-marroquí «Azahara», Ismaili Mohammed, ha mostrado su apoyo a los vecinos de la Tenderina: «Estoy indignado con lo ocurrido porque nadie debe vivir en la inseguridad y lamento que algunos sean "mis hermanos" porque somos un pueblo que tiende la mano. Mucha gente me dice lo que está pasando en la Tenderina y sí que es cierto que buena parte de los jóvenes son de Marruecos, en concreto de Tánger». Para Mohammed, los pisos de acogida deben hacer un seguimiento de los jóvenes tutelados «que actualmente no existe».

El derribo de algunas de las viviendas deshabitadas y en estado de ruina del barrio, ocupadas con frecuencia por los delincuentes, comenzó ayer en la calle Madreselvas, tal como había anunciado el Ayuntamiento a través del concejal de Urbanismo, Alberto Mortera. En concreto los números 6 y 8 de la citada vía fueron demolidos en su totalidad y los inmuebles 2 y 4 de la travesía de la Quintana, que comunica el barrio con la calle del Rayo, serán derribadas en los próximos días. «El mayor foco de insalubridad se encuentra en la Quintana, así que el inicio de la demolición es urgente y le estamos dando prioridad por el bien de todos», señaló el edil.

Para la presidenta de la Asociación de Vecinos «San Javier», la respuesta del barrio ante la violencia fue «todo un éxito con la reunión de dos mil personas que nos hemos visto obligadas a salir a la calle y dar a conocer la situación en que vivimos por culpa de un grupo de inadaptados que campan a sus anchas».

En los últimos meses la Policía Nacional ha llevado a cabo en la Tenderina catorce detenciones (incluidas las de los dos jóvenes asaltantes de ayer) y setenta y cinco identificaciones gracias a la puesta en marcha de un dispositivo específico para el barrio que, según el cuerpo de seguridad, «diseñamos tras comprobar que estábamos ante el inicio de lo que podría llegar a convertirse en un problema de inseguridad». Los agentes han intensificado su presencia en el barrio con personal uniformado y de paisano, y mantienen contactos frecuentes con las asociaciones vecinales.

Fuente: La Nueva Engaña, ¡en su línea!

La Tenderina pide socorro

Dos mil personas se manifiestan para pedir el fin inmediato de los actos vandálicos en el barrio y «exigir responsabilidades» - La Policía Nacional, que detuvo en la zona a doce menores de edad en los últimos meses, aumenta el dispositivo de vigilancia

Dos mil vecinos de la Tenderina, según cálculo de la Policía Nacional, salieron ayer a la calle para protestar contra el aumento de los actos vandálicos en el barrio durante los últimos meses. A las siete de la tarde los manifestantes partieron de la plaza de San Javier, atravesaron la avenida de Torrelavega y llegaron a la travesía de La Quinta portando pancartas con «No más robos, atracos e insultos. Solución ya» y «Responsables: ¿quiénes son y dónde están?».

Pocos quisieron perderse la marcha, encabezada por los miembros de la Asociación de Vecinos «San Javier» y flanqueada por varias dotaciones de la Policía Nacional. «Soy la propietaria de una carnicería y hoy he cerrado por la tarde para poder asistir porque estoy harta de tener miedo», decía una residente junto a un nutrido grupo de comerciantes. El alcalde de barrio de Ventanielles, Enrique Jiménez, acudió a la manifestación «por cercanía, para pedir el fin de la violencia de un grupo de jóvenes y para dejar claro que no se trata de un acto racista ni de colores», en clara alusión a que los delincuentes nacieron en Marruecos. En este sentido, la presidenta de la asociación de vecinos, Sonia Rodríguez, señaló que «aquí hay muchos gamberros, pero no todos son marroquíes, eso sí, debemos exigir responsabilidades a quien corresponda».

En la esquina de la calle Comandante Janáriz con la Tenderina cinco chicos se burlaban de los manifestantes. «Eso no es nada. Aquí estamos acostumbrados a ver a quince chavales o más sentados e insultándonos todo el tiempo. Incluso han llegado a amenazarnos», comentaban ayer Nicanor Rodríguez y Raúl Chacón, vecinos y tenderos de Janáriz.

Los vecinos alabaron la labor de la Policía en el barrio durante los últimos meses. «Tanto la Nacional como la Local vienen inmediatamente cuando pasa algo y están vigilando, pero la situación es tan grave que llega un momento que es inabarcable, ya que sufrimos incendios, robos y asaltos continuamente», afirmó Rodríguez durante la marcha. La Policía Nacional ha llevado a cabo doce detenciones y setenta y cinco identificaciones en la Tenderina en los últimos meses con motivo de la puesta en marcha de un dispositivo específico para el barrio que, según el cuerpo de seguridad, «diseñamos tras comprobar que estábamos ante el inicio de lo que podría llegar a ser un problema de inseguridad». Entre las actuaciones policiales destaca la detención de un menor que robó a dos personas en la calle por el método del estrangulamiento, en noviembre. En la actualidad, los agentes han incrementado su presencia en el barrio tanto con personal uniformado como de paisano y mantienen contactos frecuentes con las asociaciones de vecinos.

El Ayuntamiento también ha tomado medidas contra la violencia en la Tenderina. El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, ha anunciado la demolición de catorce edificios deshabitados y en estado de ruina antes del mes de abril para evitar que los delincuentes utilicen las viviendas como refugio. La noche del 6 de diciembre un grupo de nueve personas prendió fuego a una casa abandonada ubicada junto al número 106 de la Tenderina, habitada por seis vecinos que tuvieron que ser desalojados durante dos horas ante peligro de intoxicación.

La última iniciativa contra los actos vandálicos en la zona parte de un centro deportivo de Comandante Janáriz que ofrecerá una clase de defensa personal gratuita a los vecinos de la Tenderina. El curso tendrá lugar mañana, de 18.00 a 19.30 horas, y según la dirección del centro, tiene como objetivo «enseñar nociones básicas sobre cómo actuar en una situación de robo con violencia, para evitarlo en la mayor parte de los casos o, de no ser así, sufrir el menor daño posible».

 Fuente: La Nueva Engaña

Crónica personal: lo veía y no me lo creía. A esas horas, la Tenderina cortada. ¿Mani? Si no hay ni un cartel por Uvieu... ¿Qué será esto? Montones de policías desviando el tráfico. Un montón de vecinos cortando la calle para llegar a la parroquia de San Javier. Me paro. Pregunto. Me lo creo aún menos. No puede ser. Toma espíritu navideño, toma.

Trasladados los menores residentes en un piso de acogida de La Tenderina

La Consejería de Bienestar Social e Igualdad ha trasladado hoy a los cuatro menores no acompañados que residían en un piso de acogida en el barrio de la Tenderina de Oviedo, informa este departamento.

La decisión del cambio de piso de la Asociación Trama ha sido consensuada entre este colectivo y la Consejería, que es la que tiene tutelados a los menores, como forma de evitar problemas entre los vecinos de la zona y como medida protectora.

Esta medida venía barajándose desde hace meses antes de los últimos acontecimientos ocurridos en la zona y en este momento el piso ubicado en la calle del Comandante Janáriz, numero 1, en La Tenderina, se encuentra ya cerrado.

La decisión ha sido trasladada a los vecinos de La Tenderina en una reunión celebrada ayer en la sede de la Consejería en la que participaron la titular de este departamento, Paloma Menéndez Prado, y la directora general de Políticas Sociales, Patricia Arce, con el objeto de darles a conocer de primera mano las soluciones adoptadas.

La Asociación Trama es una de las que se habían asentado en este barrio para desarrollar su trabajo con menores con el objetivo, entre otros, de insertarlos en la comunidad.

La Consejería y la asociación se han venido haciendo responsables de las acciones de estos cuatro menores en todo momento en coordinación con las fuerzas de seguridad.

Con el fin de no generar malestar a los vecinos de La Tenderina y atender sus peticiones se ha procedido durante el día de hoy al traslado de los cuatro menores.

La Consejería aclara que la realidad que vive en la actualidad LA Tenderina va más allá de la presencia de los cuatro menores que estaban alojados en el piso gestionado por dicha asociación.

(Visto en La Nueva Engaña)

((También aparecida en El Comercio))

 

«La Policía actúa al margen de la ley en identificación»

Es uno de los líderes sindicales más combativos en la defensa de los intereses del colectivo policial, tanto desde la gestora durante la etapa de la clandestinidad, en la década de los años 80, como, una vez legalizado, desde la Secretaría general del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Recientemente participó en Asturias en la asamblea del Comité Federal que ratificó por unanimidad la gestión del secretario regional, Matías Castaño.

¿Cómo se plasma el cambio en la Policía? Hubo un primer proceso poco después de la Transición de avance y modernización. La llegada de la democracia, la unificación, la desmilitarización, trabajar 40 horas, tener derechos, abogados y una organización que defiende a los policías sirvió para abrazar las libertades y racionalizar el servicio. La Policía salió a la calle, se desplegó, bajó mucho la criminalidad y fuimos infinitamente más eficaces siendo civiles que militares. El cambio se notó hasta 1990. Luego empezó el corporativismo negativo, que vino a acabar de resolverlo la ley de protección de la seguridad ciudadana del entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera; la famosa ley de la patada en la puerta. Ahí empezamos una pendiente que no acabamos y que puede ser peligrosa.

¿Por qué? Hemos recibido amenazas por Twitter para que nos callemos. Nosotros estamos para hacer cumplir la ley escrupulosamente y defender los derechos de los ciudadanos. Si yo veo que un compañero mete la mano, maltrata a alguien o no cumple la ley, ese es un mal policía y tener compañerismo con él es corporativismo negativo y en eso es en lo que creo que no estamos avanzando. Hay ingresos masivos, una formación muy deficiente, podemos identificar en la calle a cualquier ciudadano y eso es ilegal. El Ministerio del Interior es absolutamente parco en esta materia.

¿Siguen las identificaciones indiscriminadas? El año pasado, sólo el Cuerpo Nacional de Policía identificó a más de cinco millones de ciudadanos y, si a eso le sumamos la Guardia Civil , la Policía autonómica y la Policía Local nos da una cifra escandalosa en aplicación de la Ley Corcuera.

¿La productividad está detrás de la identificación masiva de ciudadanos? Es una política de seguridad que pretende una justificación estadística que no sirve para nada. Mandan a los policías a la calle a identificar a cualquier persona que sale de un metro, de un autobús... Pasa igual que antes cuando se identificaba a emigrantes; sólo que ahora se hace a cualquier ciudadano para que no se nos acuse de que buscamos al emigrante.

¿Confía en que dé un giro con el nuevo gobierno? Cuando un gobierno lleva cuatro, cinco o seis años y no ha cambiado nada, ya no cambia porque los mandos policiales que están ahí se hacen con el control. Lo que pasa con este gobierno en materia de respeto a los derechos civiles de los ciudadanos no ha sucedido desde 1980. A mí me preocupa porque pone en riesgo a los policías al actuar al margen de la ley.
¿Lo han denunciado? Sí. Llevamos años denunciando. En enero de 2009, los demás sindicatos se sumaron a nuestra denuncia: el SPP, CEP y UFP. Advertimos de que se estaba trabajando al margen de la legalidad con riesgo para los policías y contra los derechos de los ciudadanos a los grupos parlamentarios y ninguno dijo nada. Al PP, IU, los nacionalistas, al Defensor del Pueblo, al fiscal general del Estado, al Consejo de Policía, se le mandó a todo el mundo. Es una errónea política de seguridad ciudadana de justificación estadística.

¿Con la crisis ha aumentado la delincuencia? Los datos dicen que no; que seguimos igual, pero falta transparencia en todo lo que se refiere al Ministerio del Interior.

¿Cree que ETA dio un golpe de efecto con su último comunicado? ETA está mal. Como organización terrorista con soporte social que permanece en el tiempo y que puede influir en determinadas decisiones políticas está acabado. Otra cosa es que si ya estaba en una mala situación haya sabido maniobrar y haya intentado transmitir el impulso de lo que persigue a un grupo político que es su correa de transmisión, como es Amaiur, pero si consigue sus objetivos se acaba el estado de derecho y la España constitucional.

¿Cuál es el reto que tiene ahora la Policía? Combatir a las mafias, grupos organizados de delincuencia y narcotráfico.

¿Cómo les está afectando los recortes? Vienen años complicados y ya se está notando. Faltan vehículos, ordenadores, medios técnicos de investigación, de todo.

¿Los policías están desmotivados? Es lógico ante el recorte salarial, la falta de medios, la carrera profesional que no está regulada, la corrupción en las condecoraciones y las graves injusticias que hay en el colectivo. También es una vergüenza que manden policías de escoltas cuando ETA ya no mata.

¿Cómo está el Sindicato Unificado de Policía en Asturias? Mejor que nunca. Cuando nació el sindicato, Asturias fue un territorio histórico cuando estaba al frente, en los tiempos duros, Ramón Castro. Luego pasamos un bache y ahora, con Matías Castaño, somos el sindicato independiente y reivindicativo de siempre. En Asturias hay 800 de los 31.500 afiliados. Somos mayoritarios y hasta 2015 nadie nos quita esa condición.

Fuente: La Voz de Asturias

El Gobierno incluyó en junio la propuesta de cerrojazo migratorio del PP

El Gobierno de Rajoy sólo tendrá que aplicar un artículo del actual Reglamento de Extranjería para terminar con el llamado procedimiento de arraigo, que permite la regularización de personas sin papeles.

Diego Sanz Paratcha (Redacción web)

Viernes 25 de noviembre de 2011.  Número 161  Número 162 

Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP en materia de inmigración, ha declarado la intención de su futuro Gobierno de terminar con el procedimiento conocido como “arraigo social”, el más usado para la regularización de inmigrantes irregulares en España.

¿Qué propone el PP?

A través de las declaraciones de Hernando, el PP ha concretado que reformará los artículos 123 a 130 del Reglamento de Extranjería. Estos artículos desarrollan los procedimientos de arraigo, entre otros, que permiten la regularización de quienes residen en España de forma irregular si demuestran tres años de residencia continuada y presentan un contrato de trabajo, entre otros requisitos. La intención del Gobierno del PP sería eliminar esta posibilidad.

¿Es tan novedoso?

En lo que se refiere estrictamente a las autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo, el Gobierno del PP sólo tendría que aplicar un artículo del Reglamento de Extranjería que entró en vigor en junio de este año. El artículo 124, en su punto cuarto, permite al Ejecutivo la “aplicación de la situación nacional de empleo a las solicitudes de autorización de residencia temporal por razones de arraigo social”.

Los servicios de empleo publican cada cuatro meses un catálogo de profesiones de dificil cobertura que se aplican para contratar en sus países de origen a trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

Con la reforma del Reglamento, estos contingentes se aplicarían a las solicitudes de tarjetas de trabajo por arraigo, el principal mecanismo para regularizar la situación de aquellas personas que se encuentran viviendo ya en España. Esto supondría en la práctica el fin del procedimiento, dado que los catálogos sólo están incluyendo, desde el comienzo de la crisis, ofertas de trabajo altamente cualificadas o relacionadas con el sector naval y el deporte profesional.

El Reglamento de junio desarrolla la Ley de Extranjería aprobada en diciembre de 2008. En los 18 meses que pasaron entre la publicación de ambas normativas, el Gobierno del PSOE mantuvo un diálogo con organizaciones empresariales, los sindicatos de concertación y las ONG para consensuar el Reglamento. Sin embargo, los llamados agentes sociales sólo conocieron la inclusión de la situación nacional de empleo en el artículo sobre el arraigo cuando se publicó el texto definitivo, en abril de este año.

¿Qué cambiaría en los visados?

Nada. Rafael Hernando ha hablado de crear un visado de empleo para evitar el uso del visado de turista con la intención de permanecer irregularmente en el Estado español. Tanto estos visados como el sistema de contingentes para la contratación en origen están previstos en la Ley de Extranjería actual, que en su preámbulo menciona explícitamente la vinculación de los flujos de entrada de inmigrantes al empleo.

(visto en Diagonal)

Navidad sin Top Manta en la calle

Fue la primera orden que transmitió Rafael Felgueroso a la Policía Local después de tomar posesión como primer teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad Ciudadana: hay que terminar con el top manta en la ciudad. Era el pasado mes de junio, a los pocos días de hacerse Foro con el gobierno municipal de Gijón. El propio edil admitía que no era presentable la permanente hilera de vendedores en la calle, con sus mantas, copias y falsificaciones de todo tipo, en cualquier punto de la ciudad, pero, sobre todo, en el entorno de la calle Corrida, de los Jardines de la Reina y en el Muro. Era, todo el mundo lo sabía, una venta ilegal, tanto con el Código Penal como con la Ordenanza de Venta Ambulante de Gijón en la mano. Ilícito, pero permitido desde el Ayuntamiento, para desesperación de los comerciantes que, durante años, denunciaron esa anómala situación sin los resultados deseados. 

Todo empezó a cambiar a partir del pasado verano. La orden de Rafael Felgueroso tuvo unos efectos casi fulminantes. Así lo admitieron a EL COMERCIO tanto Sergio Fernández Valle, asesor municipal de Seguridad Ciudadana desde el pasado mes de julio, como Alejandro Martínez Gallo, jefe de la Policía Local. Por primera vez en muchos años, los manteros han desaparecido de las calles de Gijón y sólo tienen presencia, de forma residual, en algún establecimiento, sobre todo de hostelería, donde llevan sus mercancías. Hasta el Rastro, no hace demasiado tiempo lugar de cobijo dominical de los top manta, ha quedado limpio de esta venta ilegal.

Entonces, ¿que ha pasado para que la situación cambiara de forma tan radical en unos pocos meses? Las normas son las mismas, pero no la decisión política adoptada por Foro desde el Ayuntamiento de Gijón, que dio un giro radical a la situación. De hecho, Alejandro Martínez Gallo recuerda la «orden terminante» de Rafael Felgueroso para que la Policía Local actuara sobre los manteros y velara por el estricto cumplimiento de la legalidad. El resultado fueron tres habitáculos de la Jefatura de la Policía Local repletos de mercancía decomisada que, por sí mismos, justificarían un variado mercadillo. 

Desde gafas hasta camisetas pasando por los cedés de rigor, bolsos y un largo etcétera. En resumen, lo que habitualmente se veía sobre las mantas en las calles de Gijón. Los decomisos de esta mercancía se llevaron a cabo, en su inmensa mayoría, el pasado verano. Ahora, todo ese material tendrá que 'dormir' durante un año en las dependencias policiales, porque es el plazo legal que se establece para el caso de que pudiera ser reclamado por sus propietarios, algo más que improbable, es más, casi imposible, pero así son las normas. Si algún mantero pretendiera recuperar lo decomisado, de mano debería de pagar una sanción de 53,60 euros, según se prevé en el reglamento municipal. Nunca se ha dado el caso. 

Los decomisos del pasado verano tuvieron un efecto inmediato entre los propios manteros. Alejandro Martínez Gallo explicó que actuaron agentes tanto de paisano como uniformados, con resultados inmediatos. De hecho, en los últimos años los vendedores de top manta no tenían nada más que observar la llegada de policías locales de uniforme paseando por el entorno para recoger y trasladarse a otro lugar. En esta ocasión, al actuar de paisano, la cosa fue diferente.

Es evidente, así lo confirma Sergio Fernández Valle que, como existe en ocasiones el 'efecto llamada', los decomisos del verano tuvieron un 'efecto rechazo' y los manteros se fueron de las calles de Gijón. A ninguno le interesaba que le decomisaran la mercancía y, luego, tener que pagar para rescatarla. 

Aunque la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante donde se regula esta cuestión se aprobó en pleno municipal el 14 de mayo de 1999 y las sanciones todavía se cuantificaban en pesetas, nunca se aplicó. La Policía Local detenía a los manteros y los ponía a disposición del juez en base al Código Penal. En suma, reconoce, entraban por una puerta y salían, eso sí, sin mercancía, por otra. El problema no tenía visos de solucionarse. 

Ahora, los comerciantes han percibido el cambio. Las calles están limpias de manteros y, después de años de clamar en el desierto, vivirán la primera campaña de Navidad con las vías limpias de vendedores ilegales.

(Visto en El Comercio)