El Ministerio del Interior abona por las repatriaciones 24 millones de euros en dos años a Air Europa, del grupo Globalia
En 2013 el Ministerio
del Interior repatrió a 3.100 personas inmigrantes en 148 vuelos, según
el informe del Defensor del Pueblo. Pero detrás de estas cifras se
esconde un negocio para las compañías que emprenden estos itinerarios
“de la vergüenza”, según se detalla en el libro “Paremos los vuelos.
Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa”, publicado
recientemente por Cambalache. En los aviones ingresan personas “sin
papeles” que muchos casos han sido detenidos en “redadas” policiales o
han permanecido en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE).
El gobierno de España adjudicó el 22 de noviembre de 2012 a las
compañías Air Europa y Swift Air el contrato (formalizado el 1 de marzo
de 2013) de los vuelos de la deportación por 11.880.000 euros anuales
(IVA incluido), con la posibilidad de un incremento máximo del gasto
del 10% y la posibilidad de establecer una prórroga por otro año. Dado
que no se ha realizado una nueva licitación pública y los vuelos de Air
Europa y Swift Air continúan, se deduce que la prórroga se ha llevado a
efecto (hasta el 2 de marzo de 2015).
Además, el contrato
detalla que el importe que finalmente se facturará a la empresa
adjudicataria “será el que resulte del gasto real producido en función
de los servicios efectivamente prestados”. El acuerdo con el Ministerio
del Interior incluye asimismo una cláusula de confidencialidad que
afecta a las compañías aéreas y al personal a su servicio.
La
publicación, cuya autoría corresponde a la Campaña Estatal por el
Cierre de los CIE, destripa el coste de los vuelos de repatriación a
partir del precio por conceptos como hora de vuelo, por pasajero
transportado y por estancias en tierra superiores a las cuatro horas.
En el libro se cita como ejemplo la deportación que se produjo desde
Madrid, a Colombia y Ecuador el 11 de diciembre de 2013 (un avión de
más de 200 plazas con 91 personas deportadas y 145 policías), los
autores del estudio señalan que Air Europa podría facturar al gobierno
de España más de 500.000 euros por un solo itinerario de ida y vuelta
(el retorno de la escolta policial). Éste no es el coste de todos los
vuelos, ya que depende -entre otras variables- del país de destino.
En uno de los capítulos del libro, la Campaña por el Cierre de los CIE
espiga la vasta red de intereses del grupo Globalia, del que forma
parte Air Europa. Pero también agencias como Halcón Viajes, Viajes
Ecuador y Tubillete; operadores turísticos como Travelplan o Latitudes;
empresas de los sectores de transportes/turismo/hoteles, caso de
Touring Club, Be Live, Luabay, Welcome Incoming Services, Welcome Beds;
de asistencia en tierra, por ejemplo, Handling-Groundforce; de viajes
en tren (Iberrail) e incluso de telefonía móvil (Pepephone).
El
empresario salmantino Juan José Hidalgo adquirió Air Europa en 1991.
En su ciudad de origen, fue particularmente conocido como presidente
del equipo de fútbol y “por su contribución a la quiebra y desaparición
del mismo”, se explica en el libro “Paremos los vuelos”. En unas
declaraciones a Los Desayunos de TVE (15 de noviembre de 2013), Hidalgo
se quejaba de la vinculación del estado español a la Europa Latina.
“Tenemos tantos derechos sociales y tantas historias a las espaldas,
que cuesta mucho más la recuperación. Los países nórdicos o Inglaterra,
con otras leyes laborales, se recuperan mejor”; “Hay mucha gente que
está viviendo…muchos millones de personas que están ahí, con unos
sistemas y con otros, y eso es una carga importante, además de la del
paro, hay tres millones y medio de funcionarios, muchas cosas, que
todas suman y cuestan mucho dinero”, afirmaba.
En plena crisis,
Air Europa parece abonada a los contratos con la Administración
española. Además del formalizado en marzo de 2013 con el Ministerio del
Interior, informa la Plataforma por el Cierre de los CIE, en julio de
2013 el BOE recoge un acuerdo marco entre el Ministerio de Defensa y
Air Europa para el transporte aéreo de personal a zonas de operaciones,
ejercicios u “otro tipo de actividades”, valorado en 30 millones de
euros. No se publicitan los detalles del contrato ni la duración del
mismo. En conclusión, la empresa del grupo Globalia ha suscrito
contratos con dos ministerios del gobierno de España, que ascienden a
más de 50 millones de euros.
Hidalgo se ha manifestado orgulloso
porque la compañía reúne, entre otras condiciones, la de ser
“genuinamente española”. Esto no ha resultado incompatible con
determinadas actuaciones, como el regalo a Iñaki Urdangarín y Diego
Torres de 100.000 euros en billetes de avión, en concepto de
patrocinio. Los dos beneficiarios afirmaron después que gastaron esos
fondos en el desplazamiento de invitados a dos actos organizados por el
Instituto Nóos.
En el capítulo de conflictos laborales, el
libro “Paremos los vuelos” también ofrece información exhaustiva.
Muchos de los problemas pueden intuirse por las declaraciones del
presidente de Globalia, Juan José Hidalgo. “Los sindicatos son un tema
de hace 150 años”, ha afirmado. O también, que los procesos de
reducción de personal resultan muy caros a las empresas dado que las
indemnizaciones “cuestan mucho”. Alardea el empresario, además, de
haber doblado el pulso en una huelga de seis meses a los pilotos de la
empresa, “y de haber despedido a sesenta de ellos, a continuación, por
las pérdidas provocadas a la empresa”. Recientemente, un fallo de la
Audiencia Nacional ha obligado a la empresa a readmitir a 29 de los
pilotos despedidos en un ERE de 2012.
En diciembre de 2013, la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró nula la rebaja
salarial del 8,47% que la empresa impuso a los tripulantes de cabina,
además de la eliminación del complemento por incapacidad temporal. En
otra página del historial reivindicativo, los tripulantes de cabina
eventuales han recogido miles de firmas a principios de 2014 contra la
“injusta” política de contrataciones. Afirman estar “cansados de no
tener una vida laboral digna”, pues la aerolínea “nos ha tenido casi
diez años con un contrato alterno de seis meses dentro, otros seis
parados, seis dentro, un año parados, y así sucesivamente”. El motivo
concreto de la campaña de rúbricas se inició por las entrevistas
realizadas por parte de la empresa con el fin de incorporar a nuevo
personal, mientras mantenía en paro a los citados auxiliares de vuelo.
Como colofón, en enero de 2006, el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales del gobierno de Zapatero, Jesús Caldera, entregó la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo a Juan José Hidalgo.
En abril de
2013 (un mes después del acuerdo de Air Europa con el Ministerio del
Interior y tres meses antes del suscrito con Defensa), Abel Matutes
(exministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Aznar) adquirió por
40 millones de euros el 5,14% del capital social de Globalia, con lo
que se convirtió en uno de los dueños del conglomerado empresarial. El
Grupo Matutes comparte accionariado con el Banco Popular (9,90%),
Unicaja (7%) y la familia Hidalgo (77%). “La entrada de Matutes en Air
Europa tiene que ver con su estrategia de expansión turística, y
concretamente hotelera, en Ibiza. El exministro lleva desde los años
sesenta del pasado siglo haciendo negocios en la isla, y desde ésta se
ha expandido a otros lugares del estado español, a República
Dominicana, México, Jamaica o Brasil, a través de su cadena hotelera
Palladium Hotel Group”, se explica en “Paremos los vuelos”. El grupo
Matutes factura en torno a 400 millones de euros anuales.
La
conclusión de la Plataforma por el Cierre de los CIE es inapelable:
“los hoteles de lujo –con habitaciones que pueden llegar a costar
10.000 euros por noche-, los campos de golf y el desarrollismo
devastador de playas y parques naturales es el modelo que representa el
grupo”. Además, Estrella Matutes, una de las hijas de Abel Matutes y
exconsejera de Urbanismo del Consell de Baleares, fue absuelta sin
juicio (por prescripción del delito) después de una recalificación de
terrenos de su familia, en la que podría haber incurrido en un delito
de prevaricación.
Más aún, “Juan José Hidalgo, Abel Matutes y el
grupo Globalia no se limitan a lucrarse a través de un modelo
turístico de masas depredador en términos sociales, ecológicos y
antropológicos. No se conforman con llevar sus líneas aéreas a
tradicionales destinos del turismo sexual. Además, su conglomerado
empresarial, que ha facturado 3.600 millones de euros y obtenido 45
millones de euros de beneficios netos en 2013, ha apostado por
colocarse en la primera línea de la represión a la población migrante; y
se ha embolsado millones de euros con los vuelos de la repatriación”.
Creada en 1986 y actualmente con más de 30 aviones y cientos de
empleados, Swift Air es la otra compañía implicada en los “vuelos de la
vergüenza”. Los aviones de esta empresa, presidida por Salvador
Moreno, son sobre todo de carga (los aviones de pasajeros no llegaron
hasta el año 2002). Y en 2013 ya empezó Swift Air con los vuelos de
deportación, en aeronaves que, por su pequeño tamaño, tienen más fácil
el acceso a aeropuertos como el de Melilla. Llegan donde los aviones de
Air Europa no podrían aterrizar y despegar.
El negocio de esta
empresa se centra en operadores turísticos y clientes corporativos, de
hecho, en su página web reconoce a las Naciones Unidas y al Rally
Dakar, aunque nada se dice del Ministerio del Interior español. La
Campaña por el Cierre de los CIE resalta el nexo entre las dos
compañías que se dedican a repatriar personas inmigrantes. Según el
Sepla (sindicato de pilotos), Globalia contrata vuelos con Swift Air
para externalizar una parte de su producción y, de este modo, abaratar
costes laborales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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