Estrenando la Ley Mordaza con una nueva cacería humana

Así organiza la policía la "caza" del migrante

La Ruta contra'l racismu y la represión muestra dos oficios policiales que revelan por primera vez cómo se planifican las detenciones

Abdou y Baba fueron detenidos el pasado martes en el ovetense barrio de Pumarín por dos policías de paisano. Ambos migrantes, de nacionalidad senegalesa, embarcarán esta tarde a las 19.50 horas, junto a decenas de personas, en un vuelo de deportación con origen en Madrid y destino en Dakar y Duala.

La Ruta contra'l racismu y la represión ha denunciado este jueves, una vez más, los llamados vuelos de la vergüenza. Y lo ha hecho, en esta ocasión, con dos oficios policiales que revelan, contra lo que sostiene el Ministerio del Interior, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son alertadas días antes de partir los vuelos para detener a migrantes con quienes llenarlos. Es lo que los portavoces de La Ruta contra'l racismu y la represión denominan "caza del migrante".

Tres de estos activistas contra el racismo, Eva Martínez, Adama Diouf y Eduardo Romero, han explicado este jueves el procedimiento. Han esgrimido para ello dos documentos policiales que, según han manifestado, demuestran por primera vez lo que el Gobierno central se empeña en negar.
La propia Brigada de Extranjería, revela en ambos oficios policiales que fueron a buscar a Abdou y Baba para "materializar" su deportación en el vuelo programado para el "jueves por la tarde". A juicio de la ruta, la propia policía reconoce, por lo tanto, que las redadas se convierten en "cacerías" para llenar los vuelos de deportación. Los operativos policiales se vienen repitiendo en el barrio de Pumarín donde los agentes ya actuaron para llenar otro avión con destino a Senegal el pasado 25 de febrero.

El engranaje

Eva Martínez ha señalado que este engranaje de redadas es posible con la "connivencia de los jueces y juezas que firman internamientos y deportaciones". En el caso de Abdou y Baba, la jueza del juzgado de instrucción, número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, según Martínez, ha decidido autorizar las deportaciones "obviando el carácter ilegal" de las detenciones. La jueza se desentiende así de las denuncias por maltratos policiales, uso de sedantes y otras formas de violencia ejercidas en los vuelos de deportación.

España, una cárcel

Adama Diouf, senegalés residente en Asturias, afirma que la presión sobre el migrante ha crecido en los dos últimos años. Diouf, que también un día perteneció a lo que se ha dado en llamar sin papeles, ha asegurado que España se ha convertido en una "cárcel grande" para los migrantes en situación irregular.
Diouf ha añadido que ni siquiera en sus domicilios encuentran ya tranquilidad. Este senegalés ha destacado que la presión en algunos barrios, como Pumarín y, más en concreto, en la calle Bermúdez de Castro, es constante. Y que las nacionalidades que más cotizan en esta "caza al migrante" son senegaleses, nigerianos y cameruneses. Diouf ha responsabilizado a Gabino de Lorenzo, delegado de Gobierno, del acoso policial que sufre la población migrante. La intervención de los tres activistas de La Ruta contra'l racismu y la represión ha sido vigilada, de hecho, por varios agentes de la policía nacional a una distancia, eso sí, prudente.

Alerta a las delegaciones

Eduardo Romero ha puesto en evidencia el entramado para llenar los vuelos. Ha señalado que varios días antes de ser fletados, la Comisaría General de Extranjería, con sede en Madrid, avisa a las delegaciones provinciales para que inicien la "caza del migrante". Romero ha recordado que solo durante el pasado año se llevaron a cabo 134 vuelos de la vergüenza en los que tuvieron que dejar España de forma forzosa 2.572 personas.

Este activista ha hecho un llamamiento para sumarse a la campaña de boicot contra las compañías Air Europa y Swift Air que hacen negocio convirtiendo a los migrantes en mercancía humana. Ha destacado que el "sucio negocio" de los vuelos reporta a estas aerolíneas 35 millones de euros en el periodo 2013-2015 y 11 más a partir de 2016.

Los tres activistas de la ruta han contado con el apoyo de la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, letrada, muy implicada en la lucha contra el racismo, y de varios diputados de Podemos como Emilio León, Andrés Ron, Héctor Piernavieja y Enrique López. Todos ellos han coreado cánticos como "Ningún ser humano es ilegal".

Visto en: Asturias24


Según recoge el oficio policial, fueron a buscarlos explícitamente porque sobre ellos pesaban órdenes de expulsión y “la expulsión del detenido estaba prevista fuera materializada durante la tarde del día de mañana”. Efectivamente, mañana hay previsto un vuelo de deportación a Senegal-Camerún, vuelos que realiza Air Europa (Grupo Globalia, al que también pertenece Halcón Viajes), adjudicados por el gobierno de España a esta empresa para tal fin. “Esto demuestra que las denuncias realizadas por el colectivo Ruta contra’l Racismu son ciertas. Se están desarrollando actuaciones policiales para llenar los vuelos de deportación y no adecuándose a los procedimientos legales”, nos explica el abogado de los acusados, Alfonso Lago Rayón.

De hecho, a uno de los detenidos ni siquiera se le había notificado la orden de expulsión, que le fue entregada según recoge el expediente policial horas después, cuando ya estaba en los calabozos. “La notificación de la orden de expulsión es la última fase del procedimiento, por lo que tenemos duda de que haberlo detenido antes de haberle notificado la expulsión sea legal. Además ya habían pasado más de tres meses desde el 24 de marzo cuando la orden de expulsión fue firme, por lo que no sabemos si sigue siendo válida”, añade el abogado que estudia interponer un recurso para evitar que mañana sea deportado Abdou. “Del expediente policial lo que se concluye es que han mirado las órdenes de expulsión pendientes para buscar a quiénes detener para el vuelo de deportación mañana”, nos dice uno de los activistas de la Ruta contra’l Racismu. “Esto demuestra lo que llevamos años denunciando: no sólo que se realizan redadas racistas, sino además su implementación como cacerías para llenar vuelos de deportación”, añade.

Mientras los detenidos prestaban declaración, los activistas pedían a través de megafonía “a los jueces y juezas que no sean cómplices de los vuelos de deportación que son vulneraciones de derechos humanos, en los que se realizan sedaciones forzosas y agresiones”. Adama Diouf, senegalés presidente de Asturias Acoge (ONG integrante de la Ruta), nos explicaba que “esto no se trata sólo de los vuelos, sino de un acoso. Los chicos ya habían sido detenidos hace unos meses y los habitantes del barrio de Pumarín –donde residen estos inmigrantes– ya saben cuando hay un vuelo porque los días previos ven a los policías de paisano. Pero tienen que seguir saliendo de sus casas, ir a trabajar, hacer su vida”.

Visto en: Periodismo Humano

“Los detienen dentro de las oficinas de Extranjería al ir a regularizarse y después los deportan”

Hace ya varios años que diversos colectivos sociales fundamos la Ruta contra el racismo y la represión para denunciar el hostigamiento policial y judicial sufrido por la población inmigrante. El escaso número de inmigrantes que ha recibido Asturies en estos inicios del siglo XXI –nunca más de 50.000 personas, menos del 5% de la población-, contrasta con las reiteradas redadas racistas de la policía, con las numerosas detenciones y confinamientos en los calabozos, y con las decisiones judiciales que decretan el encierro de inmigrantes residentes en Asturies en Centros de Internamiento para Extranjeros y aprueban su expulsión del país en macabros vuelos de deportación.

A lo largo de este verano, la Brigada de Extranjería, siguiendo las órdenes de la Delegación de Gobierno, dirigida por Gabino de Lorenzo, ex-alcalde de Oviedo por el PP, ha elevado aún más su persecución a la población inmigrante en Asturies. Su nuevo “método” es la detención de inmigrantes en el momento en que acuden a regularizar su situación a las oficinas de Extranjería. Así han sido detenidas, por no tener “papeles”, al menos cinco personas en las últimas semanas, y deportadas o confinadas -con la complicidad necesaria de los jueces- en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid, una cloaca del Estado peor que cualquier cárcel. El pasado sábado 24 de agosto, por ejemplo, el juez Luengos decidió el internamiento de un chico senegalés y de otro pakistaní. Este mismo juez ya había decretado en el mes de julio la deportación de otros dos inmigrantes detenidos también al ir a regularizar su situación. Ambos fueron expulsados pocos días después de una decisión judicial que les sitúa en un absoluto desamparo, pues es posible que su permiso de residencia sea aprobado mientras ellos se encuentran ya fuera del territorio del Estado al haber sido expulsados.

Es urgente responder a esta intensificación de la represión, que incluso pasa por encima de las propias leyes avaladas por este supuesto estado de derecho. No podemos quedarnos en silencio mientras la Delegación de Gobierno, la policía y los jueces cometen estos actos. Menos aún ahora que vemos que la frontera también se puede ver desde el otro lado, con tanta gente que tiene que emigrar de Asturies y del Estado español para buscarse la vida.

Por todo ello convocamos una concentración el viernes 6 Septiembre, 11h, frente al Juzgado de Guardia en Llamaquique, Oviedo donde se están decretando los internamientos y las expulsiones.

Un juez denuncia el "palmario hacinamiento" de un CIE de Madrid

La muerte de la congoleña Samba Martine en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid, por falta de asistencia médica (sufrió una meningitis, pero el centro carece de enfermería y no se le diagnosticó), ha reavivado la polémica sobre la existencia de estas prisiones para sin papeles y las condiciones en las que pueden permanecer encerrados hasta 60 días en una celda, por carecer de una documentación en regla.

Martine falleció el 20 de diciembre, después de cumplir más de la mitad del polémico encierro. La meningitis que acabó con ella podría haber sido tratada en un hospital, el lugar al que se deriva a los internados en situación más grave. Sin embargo, la falta de un diagnóstico la privó de una atención especializada "a tiempo", denuncia el auto, al que ha tenido acceso Público, de Ramiro García de Dios, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. Este es uno de los tres juzgados de la capital con funciones de control del CIE.

Garantías jurídicas

El 20 de diciembre, a las 14.47 horas, un fax informó al juez del fallecimiento de la congoleña. El auto que García de Dios emitió al día siguiente dio voz jurídica a exigencias que tanto ONG como sindicatos de Policía llevan años reclamando al director del CIE, Jesús Mateos García. Entre ellas figura la de "ejercer de garante de la salud de las personas internadas, ya que los internos gozan de modo absoluto del derecho fundamental a la salud", según el auto. "No parece que la difunta hubiera sido diagnosticada a tiempo", señala el magistrado.

Además, el juez critica el "palmario hacinamiento" de internos que se practica en el CIE, y del cual han sido testigos tanto él como otros jueces de instrucción durante las visitas personales que han realizado al recinto en los últimos años. El texto denuncia que en el CIE "no existen habitaciones individuales, ni dobles, ni triples". En el caso de Martine, la falta de una sala en la que separar a los enfermos de los sanos pudo provocar más contagios. La Jefatura Superior de Policía declinó ayer comentar el auto del juez y se desconoce si hay más internos enfermos de meningitis.

Dado el hacinamiento, la ausencia de una enfermería y que este tipo de meningitis se puede "propagar con extrema y alta facilidad", el juez de vigilancia ordenó a Mateos García que habilite "cuantas habitaciones sean precisas para separar a las personas internadas que hubiesen tenido contacto con la fallecida", si así lo disponen los servicios médicos facultativos.

Control sin garantías

La asociación Pueblos Unidos ha sido la última en documentar irregularidades que se practican en el CIE de Madrid, en un informe que presentó la semana pasada. "El sistema de estos centros está enfocado a la seguridad y al control, no a las garantías de los internos", denuncia el coordinador de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza. El representante de la asociación critica además que son las condiciones de internamiento las que provocan este tipo de situaciones, que no se dan en las cárceles, por ejemplo, ya que los presos gozan de más garantías.
El CIE de Madrid (en España hay nueve, con una capacidad total para cerca de 2.500 personas) tiene 280 plazas, 40 de las cuales están destinadas a mujeres. Los 60 días son el periodo máximo de internamiento del que dispone el Gobierno para llegar a un acuerdo de repatriación con el país de origen del sin papeles, según la última reforma de la Ley de Extranjería. Si el Ejecutivo no lo logra en este tiempo, el inmigrante ha de quedar de nuevo en libertad.

Críticas de los sindicatos

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, denuncia el derroche económico que supone mantener a tantas personas durante dos meses y la escasa efectividad que tiene el sistema, además del oscurantismo con el que opera el Ministerio del Interior. "¿Cuántos miles de ciudadanos tenemos cada año en los CIE y a cuántos logramos expulsar?", se pregunta Fornet. El SUP es el sindicato de Policía mayoritario de España.

Interior se niega hacer público el porcentaje de extranjeros que logra repatriar tras internarlos en los CIE, pese a las demandas insistentes que han planteado partidos de la oposición, medios de comunicación y organizaciones sociales durante la última década.

La solución que propone Fornet es la de internar únicamente a aquellos extranjeros que tengan causas penales pendientes. Junto al argumento económico, se sitúa el principal reclamo de las ONG: no se puede privar de libertad a una persona sólo por no tener su documentación en regla, una simple falta administrativa equiparable a una multa de tráfico por aparcar mal un coche.

Fuente: Público.