- El Gobierno
español licita, por 12 millones de euros, los vuelos de deportación para los
años 2015 y 2016
- La Campaña por
el Cierre de los CIE alerta de redadas contra inmigrantes de nacionalidad
nigeriana para llenar un avión que saldrá el 5 de febrero
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| Sale de Melilla un primer grupo de inmigrantes hacia centros de la península |
El
pasado 14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva
licitación del contrato relativo a los vuelos de deportación de migrantes. El
título escogido fue sumamente eufemístico: “Servicios de transporte aéreo para
el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde
éstos a otros países”. Tras estas asépticas palabras, que bien podrían
corresponder a viajes de placer financiados por el Estado, trata de pasar
desapercibido un gasto público y un negocio de casi 12 millones de euros –11.985.600
exactamente– para la realización de vuelos exclusivamente dedicados a la
deportación forzosa de miles de personas.
Para
llevarlos a cabo se pone en funcionamiento una amplia maquinaria policial
destinada a capturar a migrantes mediante criterios “raciales” y a escoltarles
a través de dispositivos en los que se ejerce una sistemática y planificada
violencia.
Esta
violencia está respaldada por un Protocolo para las deportaciones que permite a
los cuerpos policiales una actuación tan impune que el propio Ministerio del
Interior, autor de este documento en la época de Rubalcaba, se vio en la
necesidad de recordar en el mismo que los escoltas no deben poner en riesgo las
constantes vitales de los deportados. Quizás el documento incluía estas
palabras porque cuarenta días antes Osamuyi Aikpitanyi había muerto asfixiado
en el avión después de que sus escoltas le amordazaran.
Tanto el
contrato anterior como el que ahora se licita incluyen, además de los vuelos
directamente organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras,
aquellos coordinados por España bajo el paraguas de la Agencia de la UE para el
control de las fronteras, FRONTEX. La licitación permite competir por el
contrato a empresas de la Unión Europea y también facilita a las empresas la
posibilidad de concurrir de forma coordinada a través de una Unión Temporal de
Empresas (UTE).
Air
Europa y Swift Air concurrieron de este modo para llevarse el contrato
anterior, mediante el que han realizado aproximadamente –no hay datos
oficiales– unos 300 vuelos de deportación desde marzo de 2013 hasta el
presente, los cuales han podido alcanzar una facturación de unos 24 millones de
euros.
Hasta el
momento, Swift Air se dedica en exclusiva a los vuelos internos (ya que se
incluyen también traslados entre Centros de Internamiento de Extranjeros) y a
los vuelos a Marruecos, mientras que Air Europa fleta los grandes vuelos a
América Latina, África Subsahariana, Europa del Este y Asia. A Marruecos hay
varios vuelos semanales; el próximo conocido fletado por Air Europa será a
Nigeria (quizás con alguna otra escala africana) el 5 de febrero, por lo que la
Campaña Estatal por el Cierre de los CIE tiene activada una alerta contra las
redadas policiales racistas dirigidas a personas de nacionalidad nigeriana.
Las
empresas que se presenten al nuevo concurso tienen hasta el 23 de febrero para
presentar sus propuestas; el 12 de marzo se abrirán los sobres y la Secretaría
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior tendrá un máximo de dos
meses para resolver, aunque probablemente no lo agote, pues el 1 de mayo está
previsto el inicio de la ejecución del contrato. Hace dos años, la UTE de Air
Europa y Swift Air obtuvo el contrato sin rebajar un euro los precios que
servían de punto de partida para competir por el mismo.
No
consta que se presentaran otras empresas. En la nueva convocatoria, llama la
atención el importante incremento de la cuantía por hora de vuelo respecto al
contrato adjudicado hace dos años. Así, por ejemplo, el precio por hora de
vuelo (sin IVA) para aviones de más de 200 plazas sube de 20.000 a 22.000
euros, un generoso incremento del 10%. En el caso de los aviones de 121 a 200
plazas, la hora sube de 15.000 a 17.000 euros (13,33% de incremento).
Para los
aviones más pequeños, de 120 plazas o menos, antes había un único precio –8.500
euros la hora. En la licitación de este año se diferencia entre aviones de
menos de 75 plazas, con un precio por hora de 9.000 euros; y aeronaves de 76 a
120 plazas –10.500 euros–, es decir, un aumento en este último caso del 23,52%.
No sería de extrañar que Swift Air y Air Europa vuelvan a “competir” en
solitario por este contrato y que este aumento de los precios sea una forma de
regalarles plusvalías aún más jugosas.
En el
año 2013, el grupo empresarial Globalia, del que forma parte Air Europa, no
sólo logró el contrato de las deportaciones, sino también un suculento contrato
de 30 millones de euros con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, estas cifras
son migajas si las comparamos con el contrato que Halcón Viajes, del mismo
grupo Globalia, acaba de obtener: más de 200 millones de euros para gestionar
los desplazamientos y reservas hoteleras de la Administración pública española
durante los próximos tres años.
Efectivamente,
Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, y Abel Matutes, exministro
del gobierno Aznar y dueño de una porción del conglomerado empresarial, no
dejan de recibir buenas noticias –y grandes plusvalías– del Gobierno español.
La Mesa
de Contratación que decidirá sobre este macabro concurso estará presidida por
el Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del
Interior. Una vez resuelto, la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras
realizará al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de
vuelos a realizar, indicando itinerarios, número de personas a transportar y
fechas estimativas.
El
Ministerio del Interior exige a las empresas que compitan por este contrato una
cláusula de confidencialidad expresada en los siguientes términos: “Todos los
tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar (…),
serán previa y adecuadamente instruidos (…) en el sentido de que deben observar
en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se
refiere a los servicios objeto del mismo, como fechas, horas, aeropuertos,
número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general
cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión
policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo.”
Por lo
visto, los mandos políticos y policiales planificadores de estos vuelos son
conscientes de su carácter escandaloso y atroz, y por tanto se preocupan de
garantizar que los mismos se realicen sin luz ni taquígrafos.
Por eso
hay una sala especial en Barajas para conducir a quienes van a ser deportadas.
Por eso los aviones despegan desde lugares alejados de las terminales. No
conviene que haya gente que pueda ver cacheos en el aeropuerto mediante
desnudos integrales, decenas de personas esposadas, escoltas policiales que
doblan en número a las personas deportadas, palizas camino del avión,
inyecciones con sedantes para aplacar a quien se resista. Por eso, a veces, las
palizas, las amenazas y las humillaciones se realizan antes, en salas
habilitadas en los CIE para tratar de garantizar la sumisión y el miedo de
quienes van a ser trasladadas al aeropuerto.
La
empresa que gane el concurso deberá expedir una factura por cada uno de los
vuelos que realiza, que desglosará los miles de euros vinculados a las horas de
vuelo, las características del avión, etc., junto a una lista de nombres y
apellidos de todas las personas deportadas, su nacionalidad y el aeropuerto de
destino. Obscenos documentos administrativos que, como los propios documentos
de la licitación, son el rastro que la burocracia estatal deja para la
Historia, las evidencias de que, aquí y ahora, el Estado español y la UE
cazaron, internaron, listaron y expulsaron a miles de personas.
¿Recogerá
la Historia el relato de la lucha social que puso fin a estos vuelos?
Eduardo Romero -
Campaña por el Cierre de los CIE
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