Asturias atenderá a los inmigrantes irregulares aunque no tengan tarjeta

Asturias atenderá a los inmigrantes irregulares a través del servicio público de salud aunque carezcan de tarjeta, incluidas consultas con especialistas, y les recetará medicamentos a través de ONG mientras no lo impida una normativa que desarrolle el decreto ley estatal que les excluye del sistema.

La Consejería de Sanidad asturiana publicará una resolución este jueves, que entrará en vigor el viernes, en la que da instrucciones para que todos los inmigrantes irregulares sean atendidos, según ha anunciado en rueda de prensa el consejero, Faustino Blanco, tras una reunión con varias ONG y asociaciones científico-sanitarias.

Esta medida, una de las primeras en el ámbito sanitario del nuevo Gobierno del PSOE, se realiza con la base jurídica de la Constitución y de la Ley de Salud Pública para la interpretación del decreto ley de recortes en sanidad, ha explicado Blanco, quien cree que los inmigrantes irregulares quedaban "en una situación de vulnerabilidad inaceptable".

Blanco ha señalado que Asturias no instaura un nuevo derecho, pero que existía una necesidad de normalizar la situación entre los profesionales sanitarios.
Los inmigrantes 'sin papeles' que acudan a los centros sanitarios (unos 4.000 residen en Asturias según cálculos de las ONG) carecerán de identificación, tarjeta sanitaria y prescripción farmacéutica oficial, pero "el sistema les dará siempre una respuesta" y podrán ser citados y atendidos en urgencias, Primaria y especialidades.

Modelo de receta no oficial

Para la prescripción de medicamentos, las ONG prepararán un modelo de receta no oficial que pueda ser expedida por los médicos y dispensada luego a través de estas organizaciones, ha explicado Amelia González, representante de SOS Racismo.

José Fernández, de Médicos del Mundo, ha mostrado la satisfacción por la medida adoptada por el Gobierno de Asturias, que "resuelve de forma precaria y parcial, pero resuelve la mayor", ya que garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, aunque no puedan contar con la documentación sanitaria que depende del Estado.

Blanco ha señalado que la resolución es "un documento muy útil aunque no resuelve del todo el asunto" y ha explicado que la intención ha sido buscar en base a la legalidad "qué espacio" les dejaba el decreto ley.

Además, ha resaltado que un decreto no debería ser la forma para cambiar de un modelo asistencial a uno bismarckiano (contributivo). El consejero ha puesto énfasis en la voluntad decidida del Gobierno asturiano de dar atención médica a todos los inmigrantes.

Un registro específico

Respecto a cuestiones prácticas sobre cómo se les podrá conceder citas, pasarles consulta o llevarles los historiales clínicos sin estar en el sistema, fuentes de la Consejería han explicado a Efe que se creará algún tipo de registro específico para quienes carezcan de tarjeta sanitaria.

Asturias se une así a otras comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña y Andalucía, que ya han anunciado que seguirán dando asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, a pesar del decreto ley aprobado por el Gobierno que prevé que no tengan acceso a la tarjeta sanitaria.

(visto en El Inmundo)

¿No son de los nuestros?

Desde hace unas semanas están apareciendo casi diariamente en la prensa informaciones sobre hechos violentos relacionados con menores inmigrantes acogidos en distintos centros de Oviedo. Ante estas noticias, desde la Ruta contra’l racismu y la represión queremos plantear una serie de reflexiones: 

 

¿Quiénes son esos menores, de dónde vienen y por qué están aquí?

Parecen preguntas muy fáciles de responder: son de África, no nos sabemos sus nombres porque son muchos y están aquí porque no quieren vivir en su país. Todo es más fácil para ellos, el gobierno les da un sitio donde dormir y no tienen que trabajar.

¿De verdad nos creemos estas respuestas? Quizás su situación no sea tan fácil como parece. Para empezar podríamos preguntarnos cómo llegan hasta nuestras ciudades, cómo realizan el viaje desde su lugar de origen: casi siempre en los bajos de un camión o en una patera arriesgando sus vidas. Muchos de ellos inician el viaje con once, doce o trece años. ¿Nos imaginamos a nuestros hijos, nietos o hermanos teniendo que hacer ese viaje, solos, sin saber lo que les espera cuando lleguen, sin poder comunicarse con sus familias durantes semanas o meses?

Pero, ¿por qué se van? Acaso es por la aventura, porque se aburren en casa… ¿No será porque no tienen otra salida? Sus condiciones de vida son muy precarias. No tienen acceso a la educación, la sanidad o el trabajo. En muchos casos, ese viaje en el que arriesgan sus vidas es la única opción.

Si aparecen en el periódico, por algo será… ¿Seguro?

Los medios de comunicación nos muestran, casi siempre, a estos menores vinculados con titulares que hablan de violencia, robos, etc. Pero muy pocas veces hacen el esfuerzo de explicarnos la noticia completa, de darles voz para que puedan defenderse de acusaciones que en muchas ocasiones resultan ser falsas o nada imparciales.

Los medios de comunicación lanzan acusaciones, hablan de bandas y criminalizan sin pruebas a los menores. Crean una imagen muy negativa de ellos de forma completamente irresponsable. Esta imagen acaba por ser la única que, una y otra vez, se traslada a la sociedad ya que estos menores (o los colectivos que trabajan con ellos) difícilmente pueden acceder con su discurso a tantas personas como lo hacen los medios.

¿Y que hace la Consejería de Bienestar Social?

La Consejería tiene la tutela de los menores, es decir, es la responsable de su situación aquí. ¿Cómo lo hace? En principio a través de centros públicos que se encargan de proporcionarles alojamiento, educación y cuidados. 

 

Eso sería lo ideal, pero en realidad la Consejería ha ido privatizando los centros y dejándolos en manos de empresas que se encargan de gestionarlos y de cobrar por cada uno de los menores que reciben.

¿Qué supone la privatización? Seguro que nos suena: educadores y cuidadores con salarios precarios y sobrecargados de trabajo, centros en malas condiciones, falta de seguimiento en los programas educativos, menores en situación de desamparo… ¿Admitiríamos eso para nuestros menores? ¿Y por qué para estos sí? ¿No son de los nuestros por venir de otro país? 

 

Defendemos que las personas deben tener derecho a quedarse en sus lugares de origen, pero siempre y cuando sus condiciones de vida lo permitan. Si no es así y se ven obligadas a buscar otra salida, como en el caso de los menores, no podemos desentendernos y mirar hacia otro lado.

La inmigración ya no es un fenómeno extraño para nadie. La mayoría de nuestras familias están formadas por gente que viene de otras regiones del Estado español, de otros países del mundo, de otros colores y acentos. Hace tiempo que pasaron a ser de los nuestros.