Es uno de los líderes sindicales más combativos en la defensa de los
intereses del colectivo policial, tanto desde la gestora durante la
etapa de la clandestinidad, en la década de los años 80, como, una vez
legalizado, desde la Secretaría general del Sindicato Unificado de
Policía (SUP). Recientemente participó en Asturias en la asamblea del
Comité Federal que ratificó por unanimidad la gestión del secretario
regional, Matías Castaño.
¿Cómo se plasma el cambio en la Policía?
Hubo un primer proceso poco después de la Transición de avance y
modernización. La llegada de la democracia, la unificación, la
desmilitarización, trabajar 40 horas, tener derechos, abogados y una
organización que defiende a los policías sirvió para abrazar las
libertades y racionalizar el servicio. La Policía salió a la calle, se
desplegó, bajó mucho la criminalidad y fuimos infinitamente más eficaces
siendo civiles que militares. El cambio se notó hasta 1990. Luego
empezó el corporativismo negativo, que vino a acabar de resolverlo la
ley de protección de la seguridad ciudadana del entonces ministro del
Interior, José Luis Corcuera; la famosa ley de la patada en la puerta.
Ahí empezamos una pendiente que no acabamos y que puede ser peligrosa.
¿Por
qué? Hemos recibido amenazas por Twitter para que nos callemos.
Nosotros estamos para hacer cumplir la ley escrupulosamente y defender
los derechos de los ciudadanos. Si yo veo que un compañero mete la mano,
maltrata a alguien o no cumple la ley, ese es un mal policía y tener
compañerismo con él es corporativismo negativo y en eso es en lo que
creo que no estamos avanzando. Hay ingresos masivos, una formación muy
deficiente, podemos identificar en la calle a cualquier ciudadano y eso
es ilegal. El Ministerio del Interior es absolutamente parco en esta
materia.
¿Siguen las identificaciones indiscriminadas? El año
pasado, sólo el Cuerpo Nacional de Policía identificó a más de cinco
millones de ciudadanos y, si a eso le sumamos la Guardia Civil , la
Policía autonómica y la Policía Local nos da una cifra escandalosa en
aplicación de la Ley Corcuera.
¿La productividad está detrás de la
identificación masiva de ciudadanos? Es una política de seguridad que
pretende una justificación estadística que no sirve para nada. Mandan a
los policías a la calle a identificar a cualquier persona que sale de un
metro, de un autobús... Pasa igual que antes cuando se identificaba a
emigrantes; sólo que ahora se hace a cualquier ciudadano para que no se
nos acuse de que buscamos al emigrante.
¿Confía en que dé un giro
con el nuevo gobierno? Cuando un gobierno lleva cuatro, cinco o seis
años y no ha cambiado nada, ya no cambia porque los mandos policiales
que están ahí se hacen con el control. Lo que pasa con este gobierno en
materia de respeto a los derechos civiles de los ciudadanos no ha
sucedido desde 1980. A mí me preocupa porque pone en riesgo a los
policías al actuar al margen de la ley.
¿Lo han denunciado? Sí.
Llevamos años denunciando. En enero de 2009, los demás sindicatos se
sumaron a nuestra denuncia: el SPP, CEP y UFP. Advertimos de que se
estaba trabajando al margen de la legalidad con riesgo para los policías
y contra los derechos de los ciudadanos a los grupos parlamentarios y
ninguno dijo nada. Al PP, IU, los nacionalistas, al Defensor del Pueblo,
al fiscal general del Estado, al Consejo de Policía, se le mandó a todo
el mundo. Es una errónea política de seguridad ciudadana de
justificación estadística.
¿Con la crisis ha aumentado la
delincuencia? Los datos dicen que no; que seguimos igual, pero falta
transparencia en todo lo que se refiere al Ministerio del Interior.
¿Cree
que ETA dio un golpe de efecto con su último comunicado? ETA está mal.
Como organización terrorista con soporte social que permanece en el
tiempo y que puede influir en determinadas decisiones políticas está
acabado. Otra cosa es que si ya estaba en una mala situación haya sabido
maniobrar y haya intentado transmitir el impulso de lo que persigue a
un grupo político que es su correa de transmisión, como es Amaiur, pero
si consigue sus objetivos se acaba el estado de derecho y la España
constitucional.
¿Cuál es el reto que tiene ahora la Policía? Combatir a las mafias, grupos organizados de delincuencia y narcotráfico.
¿Cómo
les está afectando los recortes? Vienen años complicados y ya se está
notando. Faltan vehículos, ordenadores, medios técnicos de
investigación, de todo.
¿Los policías están desmotivados? Es
lógico ante el recorte salarial, la falta de medios, la carrera
profesional que no está regulada, la corrupción en las condecoraciones y
las graves injusticias que hay en el colectivo. También es una
vergüenza que manden policías de escoltas cuando ETA ya no mata.
¿Cómo
está el Sindicato Unificado de Policía en Asturias? Mejor que nunca.
Cuando nació el sindicato, Asturias fue un territorio histórico cuando
estaba al frente, en los tiempos duros, Ramón Castro. Luego pasamos un
bache y ahora, con Matías Castaño, somos el sindicato independiente y
reivindicativo de siempre. En Asturias hay 800 de los 31.500 afiliados.
Somos mayoritarios y hasta 2015 nadie nos quita esa condición.
Fuente:
La Voz de Asturias
