La muerte de la congoleña Samba Martine en el Centro de Internamiento
para Extranjeros (CIE) de Madrid, por falta de asistencia médica
(sufrió una meningitis, pero el centro carece de enfermería y no se le
diagnosticó), ha reavivado la polémica sobre la existencia de estas
prisiones
para sin papeles y las condiciones en las que pueden permanecer
encerrados hasta 60 días en una celda, por carecer de una documentación
en regla.
Martine falleció el 20 de diciembre, después de cumplir
más de la mitad del polémico encierro. La meningitis que acabó con
ella podría haber sido tratada en un hospital, el lugar al que se
deriva a los internados en situación más grave. Sin embargo, la falta
de un diagnóstico la privó de una atención especializada "a tiempo",
denuncia el auto, al que ha tenido acceso
Público, de Ramiro
García de Dios, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de
Madrid. Este es uno de los tres juzgados de la capital con funciones de
control del CIE.
Garantías jurídicas
El 20 de diciembre, a las 14.47 horas,
un fax informó al juez del fallecimiento de la congoleña. El auto que
García de Dios emitió al día siguiente dio voz jurídica a exigencias
que tanto ONG como sindicatos de Policía llevan años reclamando al
director del CIE, Jesús Mateos García. Entre ellas figura la de
"ejercer de garante de la salud de las personas internadas, ya que los
internos gozan de modo absoluto del derecho fundamental a la salud",
según el auto. "No parece que la difunta hubiera sido diagnosticada a
tiempo", señala el magistrado.
Además, el juez critica el
"palmario hacinamiento" de internos que se practica en el CIE, y del
cual han sido testigos tanto él como otros jueces de instrucción
durante las visitas personales que han realizado al recinto en los
últimos años. El texto denuncia que en el CIE "no existen habitaciones
individuales, ni dobles, ni triples". En el caso de Martine, la falta
de una sala en la que separar a los enfermos de los sanos pudo provocar
más contagios. La Jefatura Superior de Policía declinó ayer comentar
el auto del juez y se desconoce si hay más internos enfermos de
meningitis.
Dado el hacinamiento, la ausencia de una enfermería y que este tipo
de meningitis se puede "propagar con extrema y alta facilidad", el juez
de vigilancia ordenó a Mateos García que habilite "cuantas
habitaciones sean precisas para separar a las personas internadas que
hubiesen tenido contacto con la fallecida", si así lo disponen los
servicios médicos facultativos.
Control sin garantías
La
asociación Pueblos Unidos ha sido la última en documentar
irregularidades que se practican en el CIE de Madrid, en un informe que
presentó la semana pasada. "El sistema de estos centros está enfocado a
la seguridad y al control, no a las garantías de los internos",
denuncia el coordinador de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza. El
representante de la asociación critica además que son las condiciones
de internamiento las que provocan este tipo de situaciones, que no se
dan en las cárceles, por ejemplo, ya que los presos gozan de más
garantías.
El CIE de Madrid (en España hay nueve, con una
capacidad total para cerca de 2.500 personas) tiene 280 plazas, 40 de
las cuales están destinadas a mujeres. Los 60 días son el periodo
máximo de internamiento del que dispone el Gobierno para llegar a un
acuerdo de repatriación con el país de origen del sin papeles, según la
última reforma de la Ley de Extranjería. Si el Ejecutivo no lo logra
en este tiempo, el inmigrante ha de quedar de nuevo en libertad.
Críticas de los sindicatos
El
secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José
Manuel Sánchez Fornet, denuncia el derroche económico que supone
mantener a tantas personas durante dos meses y la escasa efectividad que
tiene el sistema, además del oscurantismo con el que opera el
Ministerio del Interior. "¿Cuántos miles de ciudadanos tenemos cada año
en los CIE y a cuántos logramos expulsar?", se pregunta Fornet. El SUP
es el sindicato de Policía mayoritario de España.
Interior se
niega hacer público el porcentaje de extranjeros que logra repatriar
tras internarlos en los CIE, pese a las demandas insistentes que han
planteado partidos de la oposición, medios de comunicación y
organizaciones sociales durante la última década.
La solución que
propone Fornet es la de internar únicamente a aquellos extranjeros que
tengan causas penales pendientes. Junto al argumento económico, se
sitúa el principal reclamo de las ONG: no se puede privar de libertad a
una persona sólo por no tener su documentación en regla, una simple
falta administrativa equiparable a una multa de tráfico por aparcar mal
un coche.
Fuente:
Público.
