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Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos

Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.

La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”.

La medida afectará a quienes no estén asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre. Pero ni siquiera todos ellos podrán acceder a un convenio de este tipo, ya que tendrán que cumplir dos requisitos: llevar al menos un año empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública. No hay una cifra de posibles afectados. Al comparar los datos del padrón y las altas en la Seguridad Social, salen unos 150.000 extranjeros en situación irregular, pero parte de ellos (alrededor del 15%) son menores, y para ellos sí va a haber atención sanitaria pública.

Firmar estos convenios será voluntario, y estos no cubrirán el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que correrían a cargo, por completo, de las personas que los suscriban.
No pagar una de las cuotas tendrá como castigo tres meses de suspensión del convenio —es decir, que durante ese tiempo se les negarán los servicios sanitarios no urgentes—. Si en ese tiempo se corrige el impago, el convenio seguirá en vigor pero, si no se salda la deuda, se extinguirá el derecho a la asistencia sanitaria.

A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas —a las que la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto— y los menores extranjeros, se les mantendrá el acceso en iguales condiciones que a los españoles (gratis), pero se les aplicará un copago farmacéutico del 40%. Las víctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexión establecido por ley y quienes hayan pedido asilo en España también podrán acceder a la sanidad pública.

Con este cambio, el Ministerio de Sanidad establece una doble vía entre quienes sean atendidos por la sanidad pública: quienes estén asegurados, que ya de por sí pagan más que antes por medidas como el copago farmacéutico y el futuro medicamentazo, y quienes no lo están, que podrán acceder a lo público pagando como se hace en el ámbito de la sanidad privada —aunque sin las oscilaciones de precio en función del sexo—. De hecho, el precio de los convenios se asemeja a las cuotas mensuales de aseguradoras como IMQ, que cobra por un paquete sanitario básico de 56,77 euros mensuales en adelante —119.09 euros al mes en el caso de, por ejemplo, una persona de 66 años—. Sanitas cobra cada mes a un hombre de 45 años 40 euros en el seguro más barato.

Los convenios especiales contarán con descuentos para aquellas personas que tengan familiares a su cargo —personas mayores y discapacitados—. A partir de la segunda persona que dependa de ellos, se descontará el 15% —cuando ya sean tres o cuatro suscriptores en la misma familia—. A partir de ahí, la rebaja será del 25%.

La orden, que está en el proceso de consulta previa entre los organismos afectados, es el paso siguiente a la delimitación del aseguramiento sanitario que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a través del real decreto de abril. Este impulsó grandes críticas de algunas comunidades, como Andalucía, País Vasco y Asturias, que ya se han opuesto a cerrar las puertas de sus centros de salud a los inmigrantes, pese a la orden del Ministerio de Sanidad de dejar de hacerlo a partir de septiembre.

Serán las comunidades las competentes para implantar el sistema de convenios, de comprobar la documentación y de expedirlos, pero el Gobierno limita sustancialmente su margen de maniobra, estableciendo que será el Ministerio de Sanidad el competente de actualizar cada año la cuantía de las cuotas y acotando a la cartera básica las prestaciones a las que podrán acceder quienes firmen los convenios. En manos de las autonomías solo está la manera de cobrar las cuotas.

Esta sorprendente orden llega justo cuando los extranjeros en situación irregular están a punto de perder la tarjeta sanitaria, que les será retirada a todos el 31 de este mes. Es una especie de concesión del ministerio, después de que todos los colectivos profesionales, médicos, enfermeros y farmacéuticos criticaran la decisión de dejarles sin atención. Sanidad insiste en que restringir el acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero profesionales como los especialistas en infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden fuera del sistema supondrán un gasto mayor.

(Visto en El País)