La Campaña por el Cierre de los CIE se solidariza con Sandra y denuncia que fueron los policías quienes la golpearon e insultaron.
El pasado 28 de noviembre, la Campaña estatal por el cierre de los CIE, formada por colectivos de múltiples territorios del Estado español, hacía un llamamiento para acudir al Juzgado de lo Penal de Madrid en solidaridad con Sandra, migrante latinoamericana acusada de atentado y lesiones durante el operativo de deportación que tenía como objetivo expulsarla del país.
La sala del juicio se llenó, quedando incluso bastante gente fuera. Las personas que asistieron al juicio, presenciaron aquel día el testimonio de Sandra, que relató cómo uno de los dos policías que la iba a trasladar al aeropuerto la golpeó mientras ella permanecía engrilletada de pies y manos. Sin embargo para la Campaña estatal por el cierre de los CIE, la violenta actuación policial no es un hecho aislado. “Son constantes los testimonios de migrantes que, en su deportación, sufren los golpes y los insultos de la policía. También existen vídeos, tanto en estancias del CIE como en el aeropuerto, en los que se observa lo que es ya práctica habitual de los escoltas. ElProtocolo para las deportaciones, aprobado en 2007 tras la muerte por asfixia de Osamuyi Aikpitanyi –amordazado por sus escoltas–, alienta la violencia y la impunidad policial al legalizar un sinfín de instrumentos represivos”, afirman.
A pesar de que este es el contexto en el que se dan los operativos de deportación, y concretamente los traslados desde el CIE de Aluche a Barajas, según indica la Campaña estatal, el juez Ignacio Ubaldo González Vega, magistrado del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid, acaba de condenar a Sandra a 6 meses de prisión por resistencia a la autoridad y a una pena- multa por lesiones. Su decisión se justifica principalmente en el testimonio policial. La propia Campaña denuncia que durante el proceso previo a la vista oral, el juez no tomó ninguna iniciativa –tal y como solicitó el equipo de abogadas de Women´s Link, responsable de la defensa de Sandra– para acceder a las posibles grabaciones de lo sucedido. Tampoco para averiguar por qué sólo hay parte médico de uno de los policías y por qué no existe ninguno que refiera las atenciones médicas que se le practicaron a Sandra en el CIE de Aluche.
Mientras el proceso contra Sandra ha avanzado hasta esta sentencia condenatoria, la denuncia que ella presentó contra los policías aún está en trámite, e incluso el juzgado ha intentado archivarla en dos ocasiones. Frente a la petición por parte de la defensa de Sandra de que ambos procesos se acumularan, ésta fue denegada. Para la Campaña estatal todo ello no es sino muestra de la parcialidad del sistema judicial.
Sandra había declarado, tras su primer intento de expulsión, ser víctima de trata en su país de origen y estar amenazada de muerte. A pesar de ello, no le fue reconocida la protección por parte de las autoridades españolas. Esta sentencia pone en peligro su presencia en España, al dificultarle la renovación del permiso de residencia y trabajo, ya que este tipo de antecedentes penales y “policiales” son utilizados el Ministerio del Interior para impedir la renovación de las tarjetas de residencia. Esta sentencia pone en riesgo, por tanto, una vez más, la vida de una mujer víctima de trata y de su familia en el país de origen.
Es por ello de que desde la Campaña por el Cierre de los CIE concluyen mostrando su indignación por la sentencia firmada por el juez Ignacio Ubaldo González Vega. “La connivencia de jueces y fiscales es condición necesaria para mantener engrasada la maquinaria de los internamientos y las deportaciones. Que jueces que dicen representar valores democráticos y principios progresistas tomen estas decisiones demuestra hasta qué punto esa complicidad del aparato judicial está generalizada. Estas decisiones facilitan que los policías, sistemáticamente, se dediquen a denunciar a las personas a las que previamente han golpeado, a sabiendas de que en la inmensa mayoría de los casos los jueces les dan la razón.”
Así mismo muestran su apoyo a Sandra en este largo proceso judicial, y afirman que la sentencia será inmediatamente recurrida. Además, exigen que se celebre de una vez el juicio contra los policías. La Campaña quiere además extender su solidaridad a todas las personas que sufren las deportaciones y la violencia policial, tanto en macrovuelos o vuelos especiales, como en vuelos comerciales (es el caso de Sandra), o en barcos de deportación (con destino a Argelia). Por ello hacen un llamamiento a la movilización con el objetivo de parar las deportaciones de diversas maneras: boicoteando al grupo Globalia (Air Europa, Viajes Ecuador, Halcón Viajes, Pepe Phone, Travelplan, Belive...) y a Swift Air, empresas que se lucran con el sucio negocio de las expulsiones, sumándose a las acciones de la Campaña y solidarizándose activamente con las personas que son deportadas en vuelos comerciales: “los y las pasajeras pueden parar una deportación si la detectan (suelen llevar a las personas deportadas en la parte trasera del avión) y se niegan a que una persona viaje por la fuerza en el vuelo. Simplemente negarse a sentarse o a ponerse el cinturón de seguridad puede ser suficiente para que se detenga la deportación”, recuerdan.
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